La polémica ley contra saqueos y barricadas que debate el Congreso chileno
La semana pasada se aprobaba en el Congreso de Chile una ley para castigar a los ciudadanos que cubran su rostro durante manifestaciones. Hoy, el legislativo aprobó una nueva medida que tipifica y sanciona los saqueos y las barricadas, lo que intensifica el debate sobre hasta qué punto se debe regular la protesta social.
- Redacción Internacional con información de agencias
Uno de los debates que ha revivido durante la ola de protestas sociales que sacude a la región desde el pasado octubre es el de los mecanismos para controlar las manifestaciones. Algunos gobiernos, como el de Chile y el de Colombia, han abogado por reglamentar y sancionar conductas puntuales para evitar que se presenten episodios de violencia. La postura, sin embargo, ha sido duramente criticada porque tales medidas podrían estar en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
En Chile la situación es muy particular porque el Congreso ya logró aprobar dos proyectos de ley de este tipo. El primero castiga con severidad a los "encapuchados", es decir, aquellos ciudadanos que cubran su rostro a la hora de salir a las calles. El segundo fue aprobado hoy, y tipifica el saqueo las barricadas, estas útlimas muy populares durante las manifestaciones que tienen contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera.
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El proyecto, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración del órden público mediante la ejecución de actos de violencia, fue aprobado por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones. Esta ley "nos permite avanzar fuertemente en la recuperación del orden público", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Desde el 18 de octubre, cuando estallaron las protestas sociales en Chile, se han multiplicado los saqueos y ataques a comercios, que el gobierno atribuye en su mayoría a delincuentes que se aprovechan de la revuelta social.
Las barricadas también se multiplicaron, especialmente en los zonas céntricas de Santiago y otras grandes ciudades del país, como el vecino puerto de Valparaíso, Concepción y Antofagasta.
Le recomendamos: Las muchas razones del estallido social en Chile
La actual legislación no tipifica ambas acciones como delitos. En el caso de los saqueos, quienes son detenidos lo hacen bajo cargos de "robo en lugar no habitado", con penas bajísimas.
"Necesitamos esta ley cuanto antes", agregó el ministro Blumel, urgiendo que la iniciativa sea tratada de inmediato en el Senado, donde pueda ser revisada durante esta jornada. En concreto, el proyecto establece penas para quienes "valiéndose de una manifestación o reunión pública tomen parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público", siendo sancionado con penas que van desde los 541 días a 5 años.
Entre las acciones que deberían ser sancionadas con la iniciativa están los saqueos, las barricadas y el lanzamiento de bombas molotov u objetos contundentes, junto con paralizar o interrumpir algún servicio público.
Vea también: Chile: cuarenta días de convulsión social
En la comisión de Constitución del Senado fue aprobada también una reforma a la Constitución que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar "infraestructura crítica" sin que se decrete estados de emergencia, una medida que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera para liberar más policías al control del orden público.
Los militares salieron a las calles durante los primeros nueve días del estallido social. Cuatro de las 23 muertes que se contabilizan fueron en manos de agentes de las fuerzas armadas.
Uno de los debates que ha revivido durante la ola de protestas sociales que sacude a la región desde el pasado octubre es el de los mecanismos para controlar las manifestaciones. Algunos gobiernos, como el de Chile y el de Colombia, han abogado por reglamentar y sancionar conductas puntuales para evitar que se presenten episodios de violencia. La postura, sin embargo, ha sido duramente criticada porque tales medidas podrían estar en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
En Chile la situación es muy particular porque el Congreso ya logró aprobar dos proyectos de ley de este tipo. El primero castiga con severidad a los "encapuchados", es decir, aquellos ciudadanos que cubran su rostro a la hora de salir a las calles. El segundo fue aprobado hoy, y tipifica el saqueo las barricadas, estas útlimas muy populares durante las manifestaciones que tienen contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera.
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El proyecto, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración del órden público mediante la ejecución de actos de violencia, fue aprobado por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones. Esta ley "nos permite avanzar fuertemente en la recuperación del orden público", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Desde el 18 de octubre, cuando estallaron las protestas sociales en Chile, se han multiplicado los saqueos y ataques a comercios, que el gobierno atribuye en su mayoría a delincuentes que se aprovechan de la revuelta social.
Las barricadas también se multiplicaron, especialmente en los zonas céntricas de Santiago y otras grandes ciudades del país, como el vecino puerto de Valparaíso, Concepción y Antofagasta.
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La actual legislación no tipifica ambas acciones como delitos. En el caso de los saqueos, quienes son detenidos lo hacen bajo cargos de "robo en lugar no habitado", con penas bajísimas.
"Necesitamos esta ley cuanto antes", agregó el ministro Blumel, urgiendo que la iniciativa sea tratada de inmediato en el Senado, donde pueda ser revisada durante esta jornada. En concreto, el proyecto establece penas para quienes "valiéndose de una manifestación o reunión pública tomen parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público", siendo sancionado con penas que van desde los 541 días a 5 años.
Entre las acciones que deberían ser sancionadas con la iniciativa están los saqueos, las barricadas y el lanzamiento de bombas molotov u objetos contundentes, junto con paralizar o interrumpir algún servicio público.
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Los militares salieron a las calles durante los primeros nueve días del estallido social. Cuatro de las 23 muertes que se contabilizan fueron en manos de agentes de las fuerzas armadas.