La semilla del caos

Hace unos meses llegó un extraño video a la redacción de uno de los noticieros más vistos de México. La grabación, enviada por un anónimo, registra lo ocurrido durante la madrugada del 15 de marzo en Creel, una ciudad de Chihuahua, estado al norte del país. En las imágenes se ve cómo un grupo de hombres, fuertemente armados, se apodera de una de las avenidas de la ciudad.

Los sicarios, un poco más de 20, se estacionan frente a una lujosa casa, entran y asesinan a nueve personas. Luego irrumpen en otras casas del barrio y raptan a unas jovencitas, que suben a la fuerza a sus camionetas. Después, y sin ningún temor, detienen los carros que circulan por la calle y golpean a los conductores. Finalmente, para celebrar, reparten entre ellos una bolsa repleta de cocaína. Todo esto ocurre durante más de una hora, en la que no aparece ninguna autoridad.

Después de la emisión del video, la Procuraduría de Chihuahua anunció que ya tenía identificados a los criminales. Al poco tiempo, la subprocuradora del estado, Sandra Ivonne Salas García, fue asesinada.

Historias como ésta se repiten todos los días. Cuentan, por ejemplo, que en Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, las autoridades reparten folletos en los que les indican a los ciudadanos qué hacer en caso de quedar atrapados en medio de una balacera. O que en Tijuana la gente ya no sale a los bares locales y prefiere cruzar la frontera con Estados Unidos para ir de fiesta.

En Condesa, uno de los barrios más turísticos de Ciudad de México, ya han ocurrido dos tiroteos este año. “La violencia está normalizándose en la percepción de la gente, no hay una censura masiva frente al crimen”, me dice Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia en el Distrito Federal.

Desde luego, esta no es una situación nueva. Se calcula que en los últimos cuatro años han muerto más de 22.000 personas en medio de un fuego cruzado que no parece tener fin. Y en lo que va corrido de 2010, no ha habido tregua: sobre todo en el norte del país, donde todos los días hay balaceras, secuestros, atentados y espantosas masacres. Ciudad Juárez parece ser, en ese sentido, el ejemplo más dramático de esta situación. Allí confluyen dos de las grandes plagas que afectan el país. Por un lado, es una ciudad que sufre hace décadas de una creciente descomposición social: un territorio abandonado por el Estado, en donde reina la ilegalidad. Pero también es una zona geográfica privilegiada para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en donde dos carteles, el de Juárez y el de Sinaloa, se disputan el control. Quienes aún se atreven a visitar esta ciudad y sus alrededores —que se conocen como “El Tercer Mundo”— dicen que parece un pueblo fantasma en el que sus pocos habitantes no salen de sus casas después de la puesta del sol.

Tamaulipas es otra de las zonas rojas. Cuentan que hace poco unos reporteros de Al-Jazeera dijeron que nunca habían estado en un lugar tan peligroso e incierto. Justamente ahí, el lunes de la semana pasada, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador del estado. Torre Cantú, del PRI, era el favorito para ganar las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado en casi todo el país. Y aunque aún no se sabe quiénes fueron los autores, su mensaje fue contundente: el crimen organizado no tiene miedo de desafiar a nadie.

Al día siguiente del asesinato de Torre Cantú, el presidente Felipe Calderón pidió, de nuevo, unidad nacional en contra de la delincuencia y ratificó su voluntad de acabar con ella. Sin embargo, el mensaje de Calderón ya no tiene mucho eco entre los mexicanos y algunos creen que su gobierno está perdiendo la guerra en la que se embarcó desde 2006.

“El crimen organizado ha ganado espacio poco a poco. Sus golpes son cada vez más espectaculares y demuestran su poderío”, me dice Alberto Islas, director de Risk Evaluation, una empresa consultora que asesora diferentes gobiernos en materia de seguridad. En el país hay un clima de inseguridad e impunidad: todos los días hay delitos de los cuales ya no se habla y ni siquiera son investigados por las autoridades. Se cree que el nivel de impunidad es del 90%, solamente en los que son denunciados. Este es, para muchos, el mayor problema del país. “México es como un queso gruyer: hay zonas en donde los hoyos son más profundos. En algunas de esas regiones el Estado ya no tiene ningún control”, explica Islas.

Las soluciones no parecen estar al alcance de nadie. Algunos, como López Portillo, piensan que el gobierno tiene una verdadera intención de luchar en contra del crimen, pero que hay varios errores en el enfoque de este combate. Una de las equivocaciones podría ser resumir todo el problema de seguridad a la guerra contra el narcotráfico. “Atribuir la violencia al conflicto entre grupos criminales, de manera acertada o no, permite a las autoridades locales y estatales postergar su respuesta o incluso no actuar. Una vez que se afirma que un caso de violencia involucra narcotraficantes es como si hubiera acontecido en una zona donde el derecho y la moral quedan suspendidos, simplemente no aplican”, me dice la investigadora Natalia Mendoza Rockwell.

En efecto, México es un país con una historia sangrienta y sería un poco ingenuo pensar que la violencia —o el narcotráfico— es un fenómeno reciente. Pero el aumento del tráfico de drogas y la obstinación del gobierno de seguir enfrentando el problema militarmente han propiciado un auge de la violencia.

“El terreno estaba abonado y sólo faltaba una semilla, que en este caso es la guerra contra el narcotráfico, para sembrar el caos”, dice un periodista que prefiere no identificarse. Nadie sabe cuáles son las razones de la violencia irracional que azota a México y pocos ven una salida. Pero todos saben que ya es hora de encontrarla.

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