Los opositores de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fijaron el próximo 15 de marzo como el día en el que citarán a la ciudadanía para marchar, justamente, en contra de ella. El escándalo de millonarios sobornos concedidos a funcionarios de la estatal Petrobras y las capas que poco a poco se han ido revelando con las investigaciones, han hecho que cierto sector político brasileño identifique el momento histórico como el indicado para alarmarse y señalar una supuesta responsabilidad del Gobierno.
El polvo que ha levantado el caso es escandaloso: empresarios que giraban millonarias sumas a miembros de partidos políticos con influencia en Petrobras para que les fueran adjudicados contratos con la estatal y funcionarios que se dejaron inflar el bolsillo y, en casos aún más graves, encauzaron los recursos para campañas políticas maquilladas por expertos financieros.
El coro que se levanta contra Rousseff ha dejado en el aire la palabra “impugnación” y se empeña en subrayar el período comprendido entre 2003 y 2010, en el que la presidenta presidió el consejo de administración de Petrobras. La investigación judicial, bautizada Lava Jato, comprende de 2004 a 2012, el lapso en el que se habrían cometido los supuestos y resonantes delitos. En la lista de vinculados a la investigación ya figuran nombres como el de João Vaccari Neto, tesorero nacional del gobernante Partido de los Trabajadores, y la preocupación por que aparezca un mayor número de notables está latente.
El punto aquí es que la estridencia del caso (el total de sobornos habría alcanzado los US$800 millones, la mayor trama corrupta de la historia nacional) parece capaz de contagiar la preocupación entre todos los sectores políticos. El fiscal general, Rodrigo Janot, entregó al Tribunal Superior una lista con 54 nombres que deberán ser investigados por su aparente implicación.
La confidencialidad de los nombres ha sido cercada por la curiosidad informativa y la enorme maraña de intereses ocultos, a tal punto que hoy se sabe que entre los investigados se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el presidente del Senado, Renan Calheiros, ambos de uno de los más grandes aliados del Gobierno: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Hay de todo: desde diputados, senadores, gobernadores de estados y exministros, hasta miembros del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), cuyo líder más visible, Aécio Neves, disputó la presidencia con Rousseff el pasado octubre.
La marcha del día 15 seguramente abarrotará algunas avenidas y cierto sector continuará promocionando la idea de abreviar el segundo período de la mandataria. Hace apenas unas semanas una carta firmada por intelectuales de izquierda denunciaba una campaña para minar el segundo mandato de Rousseff —renovado en enero— y contrarrestaba la carta de otros intelectuales que sugerían la renuncia de la presidenta en aras de la transparencia.
Lo cierto es que, de acuerdo con la Constitución brasileña, “el presidente de la República, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones”, por lo que el debate podría encerrarse en el hecho de que su mandato no podría ser impugnado, primero, por la exención de las labores de la Presidencia, y segundo, porque no podría ser juzgada en su segundo período por hechos ocurridos en una etapa anterior. Además, en caso de que el Congreso decidiera votar la impugnación, suponiendo que existan evidencias de que Rousseff participó o encubrió la trama, sería necesario que dos tercios de la Cámara votaran por su salida, y es justo esta mayoría de la que el gobierno goza en ella.
Thiago Aragão, socio de la consultoría de análisis político Arko Advice, considera que la posibilidad de una impugnación exitosa es “casi cero”, pero destaca un objetivo de fondo: el de mellar la imagen del Gobierno, como cuando los rumores en la bolsa dicen que un banco se va a quebrar.
Por Redacción Internacional
