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La universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por los recortes de financiación “ilegales”, luego de negarse a acatar las políticas impuestas desde la Casa Blanca para acabar con el antisemitismo en el campus y las políticas de integración.
“Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, señaló el centro en el documento, que subraya que las “acciones de los demandados son ilegales”.
El gobierno del magnate republicano ha congelado US$2.200 millones en subvenciones federales y amenazó con la retirada de las exenciones fiscales a la institución educativa, después de que el rector Alan Garber se negara a acatar las medidas para combatir, lo que desde la Casa Blanca consideran, prácticas antisemitas y las políticas DEI (diversidad, igualdad e inclusión). La administración central está planeando retirar otros US$1.000 millones de financiación para investigación médica, expresaron los abogados.
Incluso antes de la congelación, el Gobierno había amenazado con suprimir hasta US$8.700 millones de financiación federal a otras instituciones, como importantes hospitales y centros oncológicos, lo que demuestra el “carácter arbitrario y caprichoso de la decisión abrupta e indiscriminada” del gobierno de Trump, señaló la demanda.
“La disyuntiva que se plantea a Harvard y otras universidades es clara: permitir que el Gobierno microgestione su institución académica o poner en peligro la capacidad de la institución para lograr avances médicos, descubrimientos científicos y soluciones innovadoras”, escribieron los abogados.
Harvard, un ejemplo para las demás universidades
El rector Garber explicó recientemente en una carta dirigida a los estudiantes y el personal que la institución “no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución”.
Trump escribió la semana pasada en su plataforma Truth Social que “Harvard ya ni siquiera puede considerarse un lugar decente de aprendizaje y no debería figurar en ninguna lista de mejores universidades del mundo”.
Dotada de un patrimonio de más de US$50.000 millones, que la convierte en una de las universidades más ricas del país, Harvard disfruta de una exención fiscal federal y otra del estado de Massachusetts.
En este tira y afloja entre la universidad y el Gobierno federal, la Casa Blanca amenazó la semana pasada con eliminar los visados a los estudiantes extranjeros de Harvard, que representan un cuarto de sus 30.000 alumnos.
Paralelamente, los republicanos del Congreso anunciaron la apertura de una investigación contra la universidad para determinar si incumple la ley de derechos civiles.
El presidente, que pidió una disculpa de la universidad, estima que la institución recluta “izquierdistas radicales, idiotas y cabezas de chorlito”. La institución situada cerca de Boston, que forma parte de la muy selectiva Ivy League, ocupa desde hace años los primeros puestos de la clasificación de universidades más prestigiosas del mundo, conocida como ránking Shanghái.
Harvard es una de las 60 universidades en el punto de mira de la administración republicana, que considera que estos centros tienen un sesgo izquierdista. La ofensiva se endureció al ser escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, que desencadenaron críticas sobre la falta de protección a los estudiantes judíos de los campus.
A diferencia de Harvard, la Universidad de Columbia ha aceptado llevar a cabo profundas reformas, vistas por algunos como una capitulación ante la administración Trump, tras la amenaza de recortar US$400 millones en financiación federal.
La respuesta firme de Harvard fue aclamada por cientos de profesores y varias personalidades del Partido Demócrata, incluido el expresidente Barack Obama, quien puso a esta universidad como un “ejemplo” para que otras “instituciones” sigan este camino.
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