Durante el segundo día de audiencias de excepciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el turno fue para Nicaragua. La delegación del Estado centroamericano presentó los argumentos por los cuales la CIJ sería competente para conocer y fallar sobre la demanda presentada el 26 de noviembre de 2013, en la cual Nicaragua alega que Colombia no ha cumplido el fallo emitido por la CIJ el 19 de noviembre de 2012 y que Colombia ha violado sus derechos en el mar Caribe y amenazado con el uso de la fuerza.
El lunes Colombia planteó la no competencia de la CIJ para conocer esta demanda. Uno de sus argumentos principales consiste en que la denuncia del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), realizada por Colombia el 27 de noviembre de 2012, tuvo efectos inmediatos. Es decir, no entró en vigencia un año después sino en el instante en que fue presentada. Por eso la Corte no tendría competencia para conocer posteriores demandas interpuestas por Nicaragua.
Además, el agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, insistió en que Colombia aceptó el fallo de la Corte de 2012, pero la Corte Constitucional colombiana ordenó su incorporación al derecho interno a través de un tratado que aún no se ha realizado. Abogados defensores de Colombia agregaron que Nicaragua no podía traer una nueva demanda, porque presidentes y altos funcionarios colombianos y nicaragüenses han opinado que los medios diplomáticos son el camino para manejar los asuntos en el mar Caribe, donde la situación es normal y pacífica y, según el abogado Rodman Bundy, no se ha recibido protesta alguna por parte de Nicaragua.
Carlos Argüello, agente de Nicaragua ante la CIJ, aprovechó su turno de ayer para decir que Colombia se niega a aceptar e implementar el fallo. Citó declaraciones en las que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rechazó el fallo de 2012 por las “omisiones, errores, excesos e inconsistencias” que Colombia no podía aceptar. También citó declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, según las cuales “el fallo está lleno de exabruptos”.
Argüello manifestó que no es necesario un tratado bilateral para cumplir la sentencia de 2012, dado que esta descansa sobre tratados debidamente ratificados por las partes, como la Carta de la ONU y el Estatuto de la CIJ. Dijo, sin embargo, que “si fuera verdad que se necesita un tratado, Nicaragua está abierta a firmarlo hoy o tan pronto como sea posible”. Argüello señaló que, en contraste con la reacción ante el fallo de 2012, Colombia sí aceptó el fallo de excepciones preliminares del 13 de diciembre de 2007, en el que la CIJ le otorgó soberanía sobre algunas islas del archipiélago de San Andrés.
Además afirmó que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha reiterado su voluntad de iniciar conversaciones sobre la implementación del fallo y ha propuesto pasos concretos, como la creación de una comisión bilateral y acuerdos relativos a la población raizal de San Andrés y sus actividades de pesca en las “aguas nicaragüenses”. Argüello recordó que Ortega invitó a Santos a un diálogo constructivo el 1º de diciembre de 2012 en México, pero la posición de Santos fue que “no cumpliría el fallo” hasta que los derechos de los colombianos fueran restablecidos y garantizados en el futuro.
El agente nicaragüense presentó como evidencias de la falta de voluntad por cumplir el fallo el decreto 1949, emitido por la Presidencia colombiana el 9 de septiembre de 2013, mediante el cual creó una zona contigua bajo control de las autoridades colombianas en aguas que fueron otorgadas a Nicaragua por la CIJ. También señaló que la Armada colombiana sigue haciendo presencia hasta el meridiano 82, después de que el 19 de noviembre de 2012 la CIJ estableciera unas fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua diferentes a ese límite, y que el presidente Santos ordenó a sus Fuerzas Armadas desplegarse para “defender a capa y espada la plataforma continental que tiene Colombia en el mar Caribe”, incluyendo áreas entregadas a Nicaragua por la CIJ.
Según Argüello, ante los “desafíos” y “amenazas” de Colombia, las fuerzas nicaragüenses han optado por no generar una confrontación y, en cambio, acudir nuevamente a la CIJ. Por eso, el 26 de noviembre de 2013 Managua presentó la demanda contra Colombia sobre “Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”, un día antes de que entrara en vigencia la denuncia del Pacto de Bogotá.
Respecto a la entrada en vigencia de la denuncia del Pacto de Bogotá, Argüello señaló que, con acciones como esta, “Colombia no sólo no acepta el carácter obligatorio” del fallo de 2012, sino que adopta acciones que son “una violación” de lo acordado. El abogado Antonio Remiro Brotóns, defensor de Nicaragua, aclaró que la clave para determinar si la CIJ es o no competente para conocer esta demanda está en la interpretación del artículo 56 del Pacto de Bogotá. Esa disposición, según Brotóns, indica que el pacto puede ser denunciado, pero sigue vigente para el denunciante hasta un año después de la denuncia. En este sentido, “la Corte debe aceptar su jurisdicción hasta el 27 de noviembre de 2013”, y no hasta la fecha en que se interpuso la denuncia, el 27 de noviembre de 2012.
Por Daniel Salgar Antolínez
