El asesinato este domingo de ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala a manos de presuntos pandilleros, y los amotinamientos en tres cárceles, han reabierto la pugna entre el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y los cabecillas de dichas estructuras criminales.
A continuación las claves para entender el enfrentamiento que causó este mismo domingo por la noche que Arévalo declarara el estado de sitio, una medida que se extenderá durante 30 días y que permite a las autoridades detener a cualquier persona sin orden judicial.
El origen del conflicto en Guatemala
El conflicto entre las pandillas y el Gobierno de Arévalo de León empezó de manera frontal en julio pasado con el asesinato de siete personas que velaban en una funeraria, en el centro de la Ciudad de Guatemala, a un presunto pandillero de la estructura criminal denominada “Mara Salvatrucha”.
El ataque, perpetrado presuntamente por varios sicarios de la pandilla enemiga, “Barrio 18”, provocó que el Gobierno de Arévalo de León ordenara el traslado de sus líderes a una cárcel de alta seguridad, denominada ‘Renovación 1’, ya que la matanza supuestamente fue organizada desde la prisión en las que se encontraban originalmente.
El adiós a las comodidades en prisión
Dicho traslado significó el cese de comodidades para los líderes de las pandillas, entre ellos Aldo Ochoa, uno de los cabecillas de la estructura “Barrio 18”, sentenciado a al menos 80 años de prisión por asesinato, entre otros delitos.
Ochoa, conocido como El Lobo, y sus lugartenientes en las pandillas han reinado en las Administraciones anteriores desde varias cárceles donde, según las autoridades, ordenan asesinatos, manejan extorsiones millonarias a comerciantes y viven en condiciones mejores que la población, con acceso a lujos.
Justamente uno de los motivos por los cuáles Ochoa organizó uno de los motines de este fin de semana en ‘Renovación I’ obedece a la falta de acceso a aire acondicionado, a comida a domicilio y a una cama grande, de acuerdo al Ministerio de Gobernación (Interior).
El trasfondo en un año clave para la Justicia
Para algunos expertos en el tema, los amotinamientos y asesinatos de policías buscan crear caos en un año trascendental para la lucha contra la corrupción, ya que en mayo próximo se reemplazará a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Los reos involucrados en los motines han solicitado a la población una sublevación en contra del presidente Arévalo, sobre quien recaerá la decisión de nombrar al sustituto de Porras en mayo próximo, mientras algunos operadores políticos también sancionados por EEUU han secundado las voces de los pandilleros.
El mismo Arévalo dijo que se sabe “quienes están detrás” de los ataques: “Grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo, además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
La reacción del Gobierno
El estadio de sitio declarado este domingo por Arévalo es el penúltimo estado de emergencia más alto que le permite la Constitución, solamente por debajo del estado de guerra.
A partir de este momento y durante los próximos 30 días, la medida le permitirá al Gobierno hacer capturas sin orden judicial contra aquellos sospechosos de terrorismo o sedición, a la espera de constatar los próximos pasos que avance la Administración de Arévalo para perseguir a los responsables de la muerte de los policías.
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