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Las deportaciones masivas son un canto de sirenas: hay tiempo para evitar un error histórico

En la Odisea, Ulises se ata al mástil del barco y ordena que sus hombres se tapen los oídos con cera para no caer en la tentación del canto de las sirenas. Algo parecido debería suceder con la idea de deportar masivamente a migrantes. Análisis.

*Dr. Andrés Besserer Rayas

03 de septiembre de 2026 - 07:00 a. m.
Por los tres puentes internacionales que conectan a Cúcuta con Venezuela cruzan entre 70.000 y 75.000 personas entre semana, muchas de ellas en viajes de ida y vuelta en busca de alimentos, medicinas o por trabajo y estudios.
Foto: Valeria Gómez Caballero
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Recientemente, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno empezaría a deportar a migrantes “ilegales” que residen en Colombia. Esto representaría un giro agresivo y radical de la gestión migratoria del país. Las declaraciones de De la Espriella, lejos de ser originales, lo acercan al discurso xenófobo y a las prácticas fallidas de gobernantes alrededor del mundo.

Como experto en gestión migratoria comparada, con énfasis en las políticas migratorias de Colombia, puedo decir con contundencia que perseguir una política de deportaciones masivas, es un error de proporciones históricas. Es una fantasía querer gestionar la migración mediante deportaciones masivas, y es una ilusión cruel que ocasiona sufrimiento innecesario. Colombia ha seguido una ruta propia que ha sido muy exitosa. El presidente aún está a tiempo para evitar este error y no seguir este camino que la evidencia empírica ha demostrado que es defectuoso. En una frase, las deportaciones masivas no son más que un canto de sirenas, al menos por seis razones.

En primer lugar, es un error pragmático. Las deportaciones son carísimas y difíciles. Es mucho más fácil prometer que realmente llevarlas a cabo. Un claro de la ciencia política es la llamada “brecha del discurso” en donde políticos prometen controlar la migración mediante deportaciones, pero en realidad no pueden lograr sus objetivos. Esto daña la credibilidad del político que promete “solucionar” el tema de la migración mediante deportaciones, resultando en una baja de popularidad. Más aún, la crueldad y el uso intenso de recursos requerido para deportaciones hacen de estas políticas algo impopular.

Basta ver cómo ha caído la popularidad del presidente Trump en Estados Unidos incluyendo su política de deportaciones.

Segundo: es un error estratégico. Cualquier programa de deportaciones masivas requerirá de la cooperación del gobierno de Venezuela, con quien el nuevo presidente no mantiene buenas relaciones. La deportación necesita la cooperación del gobierno del país de origen y en este caso haría que el gobierno de Colombia dependa de un régimen que ha demostrado ser, como su antecesor Maduro, pérfido, impredecible, y enfocado exclusivamente en su propia supervivencia a toda costa. ¿Quiere el presidente de Colombia depender de Delcy? No se lo recomendaría. Además, hay una frontera de dos mil kilómetros entre los dos países que es imposible de vigilar por completo, ¿qué caso hay en deportar a personas que pueden reingresar sin mucha dificultad?

En tercer lugar, es un uso dispendioso e innecesario de recursos públicos. En EE. UU. deportar a un solo individuo cuesta al menos 17 mil dólares, un poco más de cincuenta millones de pesos (aunque expertos creen que cuesta mucho más). Con certeza, los colombianos no quieren que sus impuestos se usen para políticas crueles e innecesarias cuando podrían estarse usando esos recursos para invertir en salud, educación, infraestructura y seguridad. Países mucho más ricos que Colombia en Europa y EE. UU. han buscado deportar a migrantes irregulares desde hace años y no lo han logrado. ¿Quieren los colombianos que se desperdicien sus impuestos en esta actividad?

En cuarto lugar, las deportaciones masivas son un autogol económico. Las venezolanas y los venezolanos en Colombia están totalmente integrados a la economía del país y benefician la economía de la nación, incluso quienes no están regularizados. Es apenas lógico en visto de que la mayoría de los migrantes son personas en edad laboral y que están buscando trabajar. Más aún, estudios muestran que la recaudación fiscal de los migrantes es enorme y supera los costos asociados a servicios para ellos. Basta ver cómo la deportación masiva ha dañado a la economía estadounidense durante el gobierno de Trump.

En quinto lugar, es una propuesta profundamente antifamilia y antiinfancia que contradice las banderas que enarbola el presidente de Colombia en sus apariciones públicas. La amenaza de deportaciones masivas no hace que los migrantes se autodeporten, pero sí que vivan su vida con miedo y que se escondan de las autoridades por temor a represalias, incluso quienes cuentan con documentos formales. Hará que padres y madres de familia tengan temor de acudir a servicios para sus niños, y que se separen a familias de manera cruel. ¿Por qué tendría un niño que temer todos los días que quizá su padre o su madre no regresarán a casa porque fueron deportados? Después de una década de migración venezolana, hay decenas de miles de familias binacionales con niñas y niños colombianos: ningún niño colombiano debe vivir en miedo de la separación familiar.

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En sexto lugar, es un error humanitario y hasta católico. Colombia ha sido ejemplo y esperanza para el mundo, demostrando una solidaridad histórica con migrantes venezolanos, tal como lo hizo Venezuela con migrantes colombianos en las décadas más intensas del conflicto interno armado. La deportación masiva generaría sufrimiento innecesario y cruel contra gente de un país hermano. Sería un giro que va directamente en contra de las enseñanzas católicas y el llamado del papa León XIV de no darles la espalda a migrantes y refugiados y no tratarlos de manera inhumana. De la Espriella habla mucho sobre su fe católica; el trato que dará a los migrantes será la muestra real de sus convicciones.

Si hay venezolanos sin regularizarse (que el presidente llama “ilegales”) en Colombia es, en gran medida, porque no han tenido la oportunidad de regularizar su situación. El Estatuto que firmó el expresidente Iván Duque en 2021 fue extremadamente exitoso y un modelo a seguir para el resto del mundo, logrando que muchos venezolanos se regularizaran. El problema es que ya no hubo más políticas de regularización después de Duque: el gobierno de Petro no aprobó instrumentos de regularización efectivos e interrumpió el modelo que se había sido implementado eficazmente.

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De la Espriella se encuentra en una disyuntiva: puede continuar con la política exitosa de regularización masiva seguir el canto de sirenas que tienta a gobiernos y los lleva a tirarse por la borda de la historia.

*Andrés Besserer Rayas, investigador afiliado a la Presidencia de El Colegio de México. Doctor y Maestro en ciencia política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Maestro en Democracia y Politica Comparada por University College London.

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