Las dictaduras no pierden elecciones en Venezuela

El caso venezolano es el del deterioro en cámara lenta de la democracia partidista más antigua de América Latina. De la crisis de la democracia representativa se pasó por el espejismo de una democracia participativa y protagónica a la implementación de un autoritarismo competitivo y que está dando origen a un nuevo modelo de dictadura del siglo XXI. El momento de la ruptura democrática se puede fechar el 2 de diciembre de 2007, cuando la oposición venezolana logró su primera victoria electoral.

Hace 10 años, cuando Hugo Chávez buscó reformar la Constitución venezolana, tres razones principales explican la primera derrota electoral de la “Revolución Bolivariana”: la primera es el abandono de importantes sectores al proyecto de Chávez, quienes no estaban de acuerdo con el viraje en dirección al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Quizás el más representativo de ellos fue Raúl Isaías Baduel, compadre y amigo personal de Chávez, y quien lo rescató del golpe de Estado de 2002. Los partidarios de la democracia participativa y protagónica no compartían el modelo de inspiración cubana que se pretendía imponer en aquel entonces.

La segunda razón fue la movilización estudiantil del año 2007, que se reflejó en protestas callejeras y un evidente desasosiego social. El poderoso y popular presidente no supo enfrentar a los jóvenes que se levantaron contra el cierre de RCTV a inicios de ese año y que cerraron filas ante la amenaza que se cernía sobre el sistema democrático. Las imágenes de la represión de los cuerpos de seguridad contra los jóvenes universitarios deterioraron la imagen del gobierno.

Y la tercera razón que explica la derrota del hasta ese momento monstruo electoral, fue la subestimación del valor político de las regiones y sus líderes. La reforma constitucional proponía vaciar de poder a los gobernadores y a las estructuras de poder regional, buscando construir una especie de baipás entre el ejecutivo nacional y las bases, pero que en la práctica era leído como una concentración del poder. Lo que llevó a que, incluso, los líderes del propio chavismo, le dieran la espalda a la reforma propuesta y no estuvieran dispuestos a minar su poder.

Una década más tarde, las elecciones de gobernadores son percibidas como una batalla relevante pero no definitiva en la lucha política. La idea de reformar la Constitución fue superada ampliamente por el cambio constitucional promovido por el presidente Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que a casi tres meses de su posesión ha destruido la poca seguridad jurídica que le quedaba al Estado venezolano. Los denominados “decretos constitucionales” han derruido la Constitución de 1999 y todo el marco legal existente, generando una gran incertidumbre.

Hoy las divisiones al interior de las filas chavistas son mayores. Al desaparecer Chávez, el poder es ejercido por una coalición de sectores y familias que desconfían las unas de las otras, pero que se necesitan para sobrevivir; múltiples escisiones debilitan el ejercicio efectivo del gobierno.

Importantes representantes de la era Chávez han sido apartados del centro, como es el caso de Rafael Ramírez, ex hombre fuerte de Pdvsa y, por lo tanto, del poder económico. Otros fueron expulsados discretamente, aislando todas sus redes, como fue el caso de Jorge Giordani, hombre intocable en los años de Hugo Chávez. Y otros se separaron de forma traumática de la cúpula gobernante; el caso más significativo es el de Luisa Ortega Díaz, que desde la fiscalía general denunció la ruptura del orden constitucional, pero que logró escapar de Venezuela antes de ser alcanzada por la ira chavista, que, como se demuestra en el caso de Baduel, no es poca cosa, aún hoy sin claridad sobre su condena y tiempo de salida.

Por otro lado, la represión de los aparatos de seguridad legales e ilegales ha transformado la imagen internacional de la Revolución Bolivariana. La represión de los años de Chávez palidece ante los detenidos, heridos y muertos que se reportan por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El tema ha dejado de ser un asunto de imagen para convertirse en una preocupación internacional.

En cuanto a la relación de poder entre lo central y lo regional, al ser Venezuela un Estado federal se esperaría que la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa influya de forma diferenciada en cada gobernación, dependiendo de sus características geográficas, demográficas y sociales. No obstante, la concentración de poder que fuera rechazada por los ciudadanos hace 10 años se materializó fácticamente en el contexto de la crisis.

La “Revolución Bolivariana” implementó una relación clientelar extorsiva que fomentó la dependencia del ciudadano al Estado, no solo en la atención de sus demandas en cuanto a los servicios normales que suele proveer a la sociedad, como educación, salud o seguridad, sino que capturó la estructura socioeconómica, ampliando su espacio de acción, llegando incluso a controlar con fuerzas de seguridad la producción, distribución y comercialización de productos como el pan.

Dicha dependencia busca utilizar las necesidades del ciudadano para garantizar la lealtad al proyecto político, o en su defecto para aumentar los costos de ser opositor al mismo. Así las cosas, un ciudadano, o milita en el chavismo y se inscribe en el “carné de la patria”, o no tendrá acceso a productos de la canasta básica, que en algunas regiones es la única forma de conseguirlos, o no tendrá acceso a derechos fundamentales, como por ejemplo, en materia de salud son las vacunas.

Hace una década, Chávez llegó al referendo de 2007 en un contexto que parecía favorable, una economía en crecimiento, con una importante victoria electoral en las presidenciales de 2006 y una alta popularidad internacional atizada por su personalidad y discurso, pero aun así perdió. Hoy las condiciones para la derrota son más que evidentes; no obstante, como lo ha mostrado la historia venezolana, las dictaduras no suelen perder elecciones.

El oficialismo ha desplegado una estrategia que consta de tres herramientas para obtener la victoria. En primera instancia ha promovido la abstención de la oposición valiéndose de sus peleas internas. No es la primera vez que lograría resultados con dicha herramienta; en el período que va entre 1998 y 2006 logró generar un nivel de desconfianza entre los sectores opositores y con respecto del sistema electoral, el cual fue capitalizado en las elecciones de Asamblea Nacional de 2005, en las que no participó la oposición, y las presidenciales de 2006, en las cuales capitalizó la mayor diferencia.

La segunda es la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, a través del cambio de reglas electorales, la reorganización de las circunscripciones, la complejización de los procesos, la modificación de los registros, la reubicación de los puestos de votación y los respectivos ciudadanos, y la falta de transparencia en las alternativas de los tarjetones, disminuyen sensiblemente las posibilidades para que un opositor pueda ejercer su derecho de elección.

Y la tercera herramienta es la amenaza de desconocer el resultado, obviamente no de forma directa, sino velada, como se desprende de la declaración del presidente Maduro, en la medida en que supedita a los elegidos a tener que extender su reconocimiento a la ANC para hacer válida su elección. Este caso, a su vez, implicaría que, a pesar de que las elecciones se dieran con su derrota, la aceptación supuesta de la ANC implicaría que esta última podría cambiar, en el proceso de creación de la Constitución, las reglas de elección y desconocer los resultados actuales.

* Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, director de “Esto no es una frontera, esto es un río” en @urosarioradio y presidente de la Fundación Surcontinente @ronalfrodriguez

** Profesora. Directora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

El caso venezolano es el del deterioro en cámara lenta de la democracia partidista más antigua de América Latina. De la crisis de la democracia representativa se pasó por el espejismo de una democracia participativa y protagónica a la implementación de un autoritarismo competitivo y que está dando origen a un nuevo modelo de dictadura del siglo XXI. El momento de la ruptura democrática se puede fechar el 2 de diciembre de 2007, cuando la oposición venezolana logró su primera victoria electoral.

Hace 10 años, cuando Hugo Chávez buscó reformar la Constitución venezolana, tres razones principales explican la primera derrota electoral de la “Revolución Bolivariana”: la primera es el abandono de importantes sectores al proyecto de Chávez, quienes no estaban de acuerdo con el viraje en dirección al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Quizás el más representativo de ellos fue Raúl Isaías Baduel, compadre y amigo personal de Chávez, y quien lo rescató del golpe de Estado de 2002. Los partidarios de la democracia participativa y protagónica no compartían el modelo de inspiración cubana que se pretendía imponer en aquel entonces.

La segunda razón fue la movilización estudiantil del año 2007, que se reflejó en protestas callejeras y un evidente desasosiego social. El poderoso y popular presidente no supo enfrentar a los jóvenes que se levantaron contra el cierre de RCTV a inicios de ese año y que cerraron filas ante la amenaza que se cernía sobre el sistema democrático. Las imágenes de la represión de los cuerpos de seguridad contra los jóvenes universitarios deterioraron la imagen del gobierno.

Y la tercera razón que explica la derrota del hasta ese momento monstruo electoral, fue la subestimación del valor político de las regiones y sus líderes. La reforma constitucional proponía vaciar de poder a los gobernadores y a las estructuras de poder regional, buscando construir una especie de baipás entre el ejecutivo nacional y las bases, pero que en la práctica era leído como una concentración del poder. Lo que llevó a que, incluso, los líderes del propio chavismo, le dieran la espalda a la reforma propuesta y no estuvieran dispuestos a minar su poder.

Una década más tarde, las elecciones de gobernadores son percibidas como una batalla relevante pero no definitiva en la lucha política. La idea de reformar la Constitución fue superada ampliamente por el cambio constitucional promovido por el presidente Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que a casi tres meses de su posesión ha destruido la poca seguridad jurídica que le quedaba al Estado venezolano. Los denominados “decretos constitucionales” han derruido la Constitución de 1999 y todo el marco legal existente, generando una gran incertidumbre.

Hoy las divisiones al interior de las filas chavistas son mayores. Al desaparecer Chávez, el poder es ejercido por una coalición de sectores y familias que desconfían las unas de las otras, pero que se necesitan para sobrevivir; múltiples escisiones debilitan el ejercicio efectivo del gobierno.

Importantes representantes de la era Chávez han sido apartados del centro, como es el caso de Rafael Ramírez, ex hombre fuerte de Pdvsa y, por lo tanto, del poder económico. Otros fueron expulsados discretamente, aislando todas sus redes, como fue el caso de Jorge Giordani, hombre intocable en los años de Hugo Chávez. Y otros se separaron de forma traumática de la cúpula gobernante; el caso más significativo es el de Luisa Ortega Díaz, que desde la fiscalía general denunció la ruptura del orden constitucional, pero que logró escapar de Venezuela antes de ser alcanzada por la ira chavista, que, como se demuestra en el caso de Baduel, no es poca cosa, aún hoy sin claridad sobre su condena y tiempo de salida.

Por otro lado, la represión de los aparatos de seguridad legales e ilegales ha transformado la imagen internacional de la Revolución Bolivariana. La represión de los años de Chávez palidece ante los detenidos, heridos y muertos que se reportan por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El tema ha dejado de ser un asunto de imagen para convertirse en una preocupación internacional.

En cuanto a la relación de poder entre lo central y lo regional, al ser Venezuela un Estado federal se esperaría que la crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa influya de forma diferenciada en cada gobernación, dependiendo de sus características geográficas, demográficas y sociales. No obstante, la concentración de poder que fuera rechazada por los ciudadanos hace 10 años se materializó fácticamente en el contexto de la crisis.

La “Revolución Bolivariana” implementó una relación clientelar extorsiva que fomentó la dependencia del ciudadano al Estado, no solo en la atención de sus demandas en cuanto a los servicios normales que suele proveer a la sociedad, como educación, salud o seguridad, sino que capturó la estructura socioeconómica, ampliando su espacio de acción, llegando incluso a controlar con fuerzas de seguridad la producción, distribución y comercialización de productos como el pan.

Dicha dependencia busca utilizar las necesidades del ciudadano para garantizar la lealtad al proyecto político, o en su defecto para aumentar los costos de ser opositor al mismo. Así las cosas, un ciudadano, o milita en el chavismo y se inscribe en el “carné de la patria”, o no tendrá acceso a productos de la canasta básica, que en algunas regiones es la única forma de conseguirlos, o no tendrá acceso a derechos fundamentales, como por ejemplo, en materia de salud son las vacunas.

Hace una década, Chávez llegó al referendo de 2007 en un contexto que parecía favorable, una economía en crecimiento, con una importante victoria electoral en las presidenciales de 2006 y una alta popularidad internacional atizada por su personalidad y discurso, pero aun así perdió. Hoy las condiciones para la derrota son más que evidentes; no obstante, como lo ha mostrado la historia venezolana, las dictaduras no suelen perder elecciones.

El oficialismo ha desplegado una estrategia que consta de tres herramientas para obtener la victoria. En primera instancia ha promovido la abstención de la oposición valiéndose de sus peleas internas. No es la primera vez que lograría resultados con dicha herramienta; en el período que va entre 1998 y 2006 logró generar un nivel de desconfianza entre los sectores opositores y con respecto del sistema electoral, el cual fue capitalizado en las elecciones de Asamblea Nacional de 2005, en las que no participó la oposición, y las presidenciales de 2006, en las cuales capitalizó la mayor diferencia.

La segunda es la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, a través del cambio de reglas electorales, la reorganización de las circunscripciones, la complejización de los procesos, la modificación de los registros, la reubicación de los puestos de votación y los respectivos ciudadanos, y la falta de transparencia en las alternativas de los tarjetones, disminuyen sensiblemente las posibilidades para que un opositor pueda ejercer su derecho de elección.

Y la tercera herramienta es la amenaza de desconocer el resultado, obviamente no de forma directa, sino velada, como se desprende de la declaración del presidente Maduro, en la medida en que supedita a los elegidos a tener que extender su reconocimiento a la ANC para hacer válida su elección. Este caso, a su vez, implicaría que, a pesar de que las elecciones se dieran con su derrota, la aceptación supuesta de la ANC implicaría que esta última podría cambiar, en el proceso de creación de la Constitución, las reglas de elección y desconocer los resultados actuales.

* Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, director de “Esto no es una frontera, esto es un río” en @urosarioradio y presidente de la Fundación Surcontinente @ronalfrodriguez

** Profesora. Directora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.