Con la aparición de nuevos archivos clasificados en la propiedad privada del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya son dos los lotes de información que son reportados en su posesión y la de su equipo. Esto, sin duda, lleva a comparar el caso con el del expresidente de ese país, Donald Trump, a quien también le fueron confiscados documentos confidenciales una vez terminó su mandato, en 2021.
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¿Son comparables los casos? Tal vez solo en la forma como los documentos llegaron a las locaciones no oficiales. Las oficinas de Trump y Biden tuvieron el mismo alegato, diciendo que probablemente los documentos fueron extraídos de la Casa Blanca en la transición al fin de cada gobierno. En el caso de Biden, se trata de documentos de la administración Obama, cuando fue vicepresidente; mientras que los de Trump pertenecen a su periodo en el poder.
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Sin embargo, hasta ahí caben comparaciones en ambos casos. Pues desde cómo fueron descubiertas las faltas de ambos mandatarios es diferente el tratamiento. Con los documentos de Mar-a-Lago, la casa de Donald Trump en la Florida donde fueron recuperadas hasta 15 cajas de información clasificada, la filtración fue descubierta por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.
El equipo de Trump demoró meses en atender la solicitud de devolución de los Archivos Nacionales, los cuales tuvieron que recurrir a la Ley de Espionaje, así como las leyes contra la destrucción de documentos oficiales y la obstrucción de una actuación oficial en la petición ante la no cooperación.
Así como su equipo, el magnate y exmandatario no dio mayor importancia y, por el contrario, atacó a los Archivos Nacionales y tildó de ilegítima la investigación en su contra. En su momento, Biden criticó a Trump y lo llamó irresponsable por el manejo que le dio a los secretos nacionales.
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Cabe recordar que exasesores de Trump han mencionado que también existe la posibilidad de que el expresidente manipulara e incluso, destruyera archivos de esta clase desde que estaba en el poder.
En contraste total con el primer caso, fue el equipo del presidente Biden el que informó el hallazgo de los archivos en las instalaciones del Centro Penn Biden, locación que fuera su oficina desde 2017 hasta 2020.
La actitud ha sido de total cooperación con la investigación, esto a pesar de que la información fue manipulada por la Casa Blanca, confirmando la noticia dos meses después de que se produjera, por temor a que tuviera un impacto negativo en las elecciones al Senado que se llevaron a cabo en noviembre del 2022.
“Confiamos en que una revisión exhaustiva mostrará que estos documentos se extraviaron inadvertidamente, y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error”, afirmó Richard Sauber, abogado de la Casa Blanca, delegado por Biden para supervisar la investigación.
Tanto las cajas de la oficina de Biden, que fueron encontradas en el despacho de sus asesores, no en el suyo, y las encontradas en su casa en Wilmington, han sido relacionadas con la transición de 2017, por lo que llevarían aproximadamente seis años fuera de instalaciones oficiales.
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“¿Cuándo va a allanar el FBI las muchas casas de Joe Biden, tal vez incluso la Casa Blanca?”, preguntó Trump ante los hallazgos en contra de Biden.
Este último respondió públicamente garantizando que se toma en serio la investigación y anunciando total cooperación. “La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados y el material clasificado. También dije que estamos cooperando total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia”, dijo.
Cabe recordar que Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, designó a Robert Hur para examinar los documentos encontrados en posesión de Biden y su equipo. Hur forma parte de un despacho de abogados de Washington. Licenciado por la Universidad de Stanford y Harvard, fue fiscal federal en Maryland de 2018 a 2021, un cargo para el que fue designado por Donald Trump.
De 2007 a 2014, mientras fue fiscal federal adjunto en el distrito de Maryland, trabajó en casos relacionados con la violencia de las pandillas, delitos con armas de fuego, narcotráfico y fraude en instituciones financieras y corrupción, según el Departamento de Justicia.
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