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El fallo de la Corte Internacional de Justicia (19 de noviembre de 2012) que redefinió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua ha ido agitando de a poco las aguas políticas en el mar Caribe. En años anteriores, una serie de disputas fronterizas con sus vecinos habían marcado la agenda política del país centroamericano. Además de Colombia, por las pretensiones históricas sobre el archipiélago de San Andrés, las disputas se desarrollaron contra países como Honduras y Costa Rica, que hoy, luego de la sentencia consideran, al igual que Panamá y Colombia, que los actuales intereses “expansionistas” nicaragüeses tropiezan con los límites de las naciones.
Nicaragua presentó este año a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, un órgano perteneciente a las Naciones Unidas, una serie de estudios técnicos con los que argumenta que su plataforma se extiende mucho más allá de las 200 millas náuticas que concede el derecho internacional. No existe precisión sobre qué tan al occidente de sus costas llegan los propósitos nicaragüenses, pero la noticia ha despertado dudas en los vecinos y sospechas de que la eventual ampliación de la plataforma continental nicaragüense podría significar la reducción de la propia.
En el Caribe, podría decirse, ningún país ha expuesto de forma tan insistente como Nicaragua la necesidad de revaluar los límites marítimos, pues dada la delimitación que ha estado vigente hasta hoy, el suyo es un caso excepcional del derecho internacional: de acuerdo con su postura, la reglamentación actual le impide gozar de las 200 millas de plataforma continental que le correspondería, más aún cuando sus estudios técnicos sostienen que sus derechos deberían extenderse más allá de esa línea imaginaria.
Contra Panamá, por plataforma continental
La intención de Nicaragua de extender su plataforma continental en el escenario de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU generó la reacción del gobierno panameño. El presidente del país, Ricardo Martinelli, aseguró: “Vamos a pelear como país de forma individual o de forma conjunta, porque no podemos permitir que Nicaragua, que está lejísimos de aquí, quiera coger los mares territoriales panameños”.
En ese sentido, Panamá será uno de los firmantes (junto con Costa Rica y Jamaica) de la carta que el gobierno de Colombia entregará al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a manera de protesta por lo que califica como “expansionismo” nicaragüense.
Contra Costa Rica: Portillos
En 2010 el gobierno costarricense elevó una protesta a Managua por el comienzo de obras de dragado en el río San Juan, en una zona cercana a la isla fluvial de Portillos, perteneciente a Costa Rica. Nicaragua argumentó que la zona le pertenecía y que de ser necesario llevaría el caso a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el propio gobierno de San José llevó el caso al tribunal, que en marzo de 2011 emitió un fallo cautelar ordenando a Nicaragua el despeje militar de la zona y entregando su administración ambiental a San José. Tras el fallo, los reclamos nicaragüenses se extendieron a la provincia costarricense fronteriza de Guanacaste, sobre la que Managua reclama soberanía.
Contra Colombia, por San Andrés
En diciembre de 2001 Nicaragua acudió a la Corte Internacional de Justicia para reivindicar sus pretensiones históricas sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, perteneciente a Colombia.
En el año 2007 el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago, pero dejó la puerta abierta para definir una nueva frontera marítima entre las dos naciones. Finalmente, el 19 de noviembre de 2012 la Corte especificó las fronteras y con su fallo entregó a Nicaragua un área marítima de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados que anteriormente correspondían a Colombia.
Contra Honduras
Entre 1999 y 2007 Honduras y Nicaragua se enfrentaron en la Corte Internacional de Justicia por la discrepancia al interpretar sus fronteras marítimas. La posición hondureña sostenía que su mar se extendía hasta el paralelo 17, mientras que Managua sostenía que se trataba del paralelo 15. El tribunal estableció finalmente una línea bisectriz entre las dos costas y confirmó la soberanía de Honduras sobre las islas Bobel, Savanna, Port Royal y Sur, que Nicaragua reclamaba.