Las disyuntivas en Venezuela después del 30 de Julio

AFP

El 30J el  Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó las elecciones para elegir a poco más de medio millar de constituyentes que se encargarían de elaborar un nuevo texto constitucional. Esta iniciativa  ha sido cuestionada desde su origen tanto dentro como fuera de Venezuela, por  la forma antidemocrática en la que se ha pretendido instaurar, sin consulta ciudadana previa  y bajo principios electorales distintos al voto universal, directo y secreto, contraviniendo  la Constitución vigente  y la jurisprudencia que rige en la materia.

Este cuestionamiento por ilegalidad, tiende a agravarse por la ilegitimidad  implícita en  las  sospechas  y las  denuncias que han manifestado tanto los sectores que participaron en la elección como  los que no lo hicieron. Así, aquellos que postularon candidatos y fueron a votar, que hacen  vida en la coalición progubernamental “Gran Polo Patriótico”, como el partido Patria Para  Todos (PPT) y algunos “colectivos” como el del gremio de motorizados,  cuestionan que  los resultados han  favoreciendo de manera abrumadora al dominante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Por su parte,  la oposición política, organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y el chavismo disidente, que por separado coincidieron en  no postularse y abstenerse, hace sus señalamientos  basados, entre otros,  en las denuncias de inconsistencias entre los votos registrados y los votos emitidos, realizadas por Smartmatic, la empresa que ha  brindado el soporte técnico al CNE, desde que las elecciones se automatizaron en Venezuela.

Esta “huida hacia adelante”  que se planteó el gobierno del Presidente Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),  empieza a tener muchos tropiezos, y pareciera que en lugar de solucionar tiende a agravar las posibilidades para enfrentar la severa crisis venezolana que repercute en los distintos ámbitos de la vida nacional, destacando la crudeza de  la precariedad  social, el decrecimiento  económico y la conflictividad política.

Uno de los objetivos principales de la ANC es la anulación total de la Asamblea Nacional (AN). El gobierno piensa que así  podría gestionar directamente las inversiones internacionales, sin pasar por el aval del legislativo, sobre todo en  aquellas  dirigidas al sector minero y particularmente a las relacionadas al anti ecológico mega proyecto del “Arco Minero del Orinoco”. Éste se promociona  como una especie de panacea, de reedición  de “El Dorado”, pero además de su  falsedad mítica, está asociado a una negociación poco clara en manos de una empresa militar creada para tales fines.

Sin embargo, con el desconocimiento de la ANC que han hecho después del 30J, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea, países donde tienen sede  buena parte de las grandes empresas minera, no se ve tan factible la eliminación de la AN. Parece poco probable que el gobierno logre tener la vía libre  para captar los recursos foráneos que le permitirían  seguir apalancado su poder económico  en el usufructo rentístico de la naturaleza.Esta decisión inclusive afecta la presencia de Rusia y China en Venezuela, sabiendo que el manejo financiero internacional, en el cual estos dos países juegan como “global player”, pasa por los EEUU. La Administración Trump, respondiendo más fuerte al 30J, incluyó al propio Presidente Maduro  en la lista Clinton, limitándolo enormemente en su capacidad para suscribir contratos  en nombre de la República.  

Una jornada con tantas dudas y reservas, inclusive violenta, está dejando secuelas también en la MUD, ya que estando cerca de la inscripción de los candidatos a las elecciones regionales, prevista entre el  8 y 12 de Agosto, los partidos que hacen vida en esa alianza, tienen diferencias entre sí hacerlo o no . Los que apoyan la participación, utilizan como argumento principal que no se puede repetir los errores del año 2005, cuando los opositores decidieron no ir a  la elección de la Asamblea Nacional, dejándola en manos exclusivamente del oficialismo, por motivos vinculados también a las denuncias de fraude, nunca demostrado, sobre el  revocatorio que ganó el presidente Chávez en el 2004.

Los partidos de la MUD contrarios a la asistencia a als urnas, argumentan que además de no  confiar en el CNE, la ANC para efectos domésticos, le garantiza al gobierno un instrumento para profundizar el proceso de recentralización del estado, y las gobernaciones a elegir  podrían verse aún  más disminuidas o hasta eliminadas a  favor de las nuevas instancias de organización territorial: las organizaciones comunales y las regiones especiales, todas bajo el control del gobierno central. Es bueno recordar que estas  aparecen  en el “Plan de la Patria”, que dejó el difunto Presidente Chávez como lineamiento estratégico de su inconcluso cuarto gobierno, y que el Presidente Maduro ha asumido como parte de su legado de gestión.

En cuanto a esto  de la herencia política, se abre una importante discusión entre los factores que juegan alrededor del Presidente Maduro y la disidencia chavista. Estos han considerado que la ANC se convierte en un intento para acabar la Constitución de 1999, que consideran el más importante aporte político  de Chávez. Este sector aún en estado embrionario, se está viendo particularmente potenciado por las acciones que está llevando adelante la disidente Fiscal de la República, para intentar  la anulación de la ANC.

De tal manera que en estas primeras de cambio, la ANC  está propiciando varias disyuntivas para los distintos actores del complejo y conflictivo escenario político venezolano. Al  gobierno no le  va ser tan fácil deshacerse de la AN, el poder legítimamente  reconocido como garante del aval que los inversionistas de la mayoría de los países requieren y está confrontando fisuras con sus aliados. Para la MUD, se abre las posibilidades de división entre quienes concurrían y quienes no harían en las próximas elecciones organizadas por el CNE. En el  chavismo disidente, sin opciones electorales propias conocidas, por los momentos, sin embargo  podrían debatirse entre seguir fieles a la Constitución Bolivariana  o aceptar una ilegitima ANC, pero con la que se podría concretar el estado comunal que Chávez delineó. Nadie parece salvarse entonces de los efectos y defectos políticos de la ANC.