Las dos herramientas del Gobierno venezolano para silenciar a los medios independientes

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció que el Gobierno venezolano hace uso de dos instancias para “coaccionar” y “presionar” a los medios de comunicación independientes del país. Estás instancias son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la estatal papelera Corporación Maneiro. Según el pronunciamiento de la SIP, a través de estos dos organismos se conforma un “mecanismo de extorsión” que resulta violatorio de la libertad de prensa y los derechos que garanticen el oficio periodístico independiente, necesario en cualquier democracia.

Las declaraciones de la SIP, que con frecuencia critica al Gobierno venezolano por sus reiteradas violaciones contra el derecho a la libertad de expresión, llega después de que Conatel realizará el lunes de esta semana una “inspección técnico-administrativa” a las instalaciones de Globovisión, argumentando que el plazo de la concesión para este canal está vencido. Según la SIP, en total son 800 estaciones de radio y “todos los canales de televisión” del país los que tienen sus concesiones vencidas. Pero el vencimiento de las concesiones obedecería más bien a una maniobra política dirigida a silenciar los medios que son independientes o críticos del Gobierno. Vladimir Villegas, periodista de Globovisión, aseguró en su programa que la concesión “no la tenemos vencida por irresponsabilidad del canal, sino porque desde hace un año se hicieron todos los trámites y hasta ahora no se ha tenido la respuesta”.

Según el comunicado de la SIP, “se sabe que las autoridades venezolanas utilizan la amenaza del cierre administrativo, bajo apariencia de legitimidad, contra todo medio que critique al Gobierno o divulgue información que este considere lesivas para su imagen”. Además de Globovisión, el canal Televen está en la mira del Gobierno, por realizar una “cobertura equilibrada”, según la SIP, de lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional desde que el pasado 6 de diciembre la oposición obtuvo una supermayoría en esa instancia.

Los “cierres administrativos” van de la mano con declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro, en las que abiertamente ha cuestionado a estos canales y prometido tomar acciones contra los mismos. Si no se renuevan las concesiones a estos medios, se estaría repitiendo una historia similar a la del caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de televisión más antiguo de Venezuela, cuya concesión no fue renovada a finales de 2006, por lo que la señal de emisión fue apagada a mediados de 2007. En septiembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que condenó al Estado venezolano por violar derechos internacionalmente protegidos; determinó que el haber ignorado la solicitud de renovar la concesión del uso del espectro radioeléctrico de RCTV obedeció a la voluntad de eliminar la transmisión de información incómoda para el Gobierno, y obligó al Estado a restablecer provisionalmente la concesión de la frecuencia a favor de RCTV y realizar un proceso abierto, transparente e independiente para otorgarla. Una sentencia que, como era de esperarse, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a implementar.

La segunda instancia con la cual se estaría ahogando sistemáticamente el derecho a la libertad de prensa es la Corporación Maneiro, que pasó a manos del Estado en 2005, cuando la empresa Industria Venezolana Endógena Papelera (Invepal) fue expropiada por el Gobierno luego de que sus dueños la declararan en quiebra. Este organismo tiene el control de la distribución del papel periódico a los medios impresos y estaría siendo utilizado por el Gobierno para reducir la circulación de los periódicos, al dilatar o negarse a suministrar los insumos necesarios para la producción de los mismos. Aunque el año pasado se planteó un plan de inversión de más de siete millones de dólares para rescatar a la Corporación, que además de sobreponerse a la escasez de papel podría incluso empezar a exportarlo, los resultados al respecto han sido pocos o ninguno. Varios diarios venezolanos ya han pedido ayuda internacional por la escasez de papel y algunos han logrado mantenerse gracias a los préstamos internacionales.

La Corporación, en vez de reforzarse para suplir la demanda de papel, ha sido instrumentalizada para imponer el “totalitarismo comunicacional” por parte del régimen, como lo ha denunciado la SIP, organizaciones defensoras de los derechos humanos y directores de diarios como El Nacional. El organismo ha dispuesto que para vender papel a los diarios, estos deben reducir su circulación en un 60%, “lo que afectaría sobremanera sus ya limitados espacios para publicar información”, dice la Sociedad Interamericana. En otros casos, como sucedió con el diario El Impulso a mediados de 2015, después de numerosas solicitudes de cotización del insumo la Corporación simplemente manifestó que “no hay papel” para suministrarle a este medio, poniendo en riesgo su existencia como diario impreso. Para el caso de El Nacional, uno de los más importantes medios impresos de oposición, este organismo oficial consideró que no es acreedor de ningún tipo de suministro de insumo, ya que “el periódico cuenta con reservas escondidas de papel para varios años”.

Los sectores de oposición han denunciado que la Corporación Maneiro hace un manejo discrecional –o discriminatorio- de los insumos, con el propósito de hacer cada vez más inviables los medios independientes y, en cambio, dar distribución gratuita a los medios oficialistas, que circulan sin mayores contratiempos. Esta preocupación ya llegó a la agenda de la Asamblea Nacional, que tiene planeado impulsar una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y que solicitará la comparecencia del Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, para que explique la situación de entrega de papel periódico a los medios impresos.

Otra vía por la cual se asfixia a la prensa es mediante la no entrega de divisas. Para los diarios independientes que no encuentran insumos suficientes para su circulación por parte de la Corporación Maneiro, la alternativa es importar el insumo. Para eso necesitan divisas, pero como en Venezuela se han impuesto múltiples restricciones cambiarias, los medios tienen que solicitar al Estado la entrega de esos dólares a cambio de moneda local. Como a muchos no se les han suministrado esas divisas, se han visto forzados a reducir sus ediciones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció que el Gobierno venezolano hace uso de dos instancias para “coaccionar” y “presionar” a los medios de comunicación independientes del país. Estás instancias son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la estatal papelera Corporación Maneiro. Según el pronunciamiento de la SIP, a través de estos dos organismos se conforma un “mecanismo de extorsión” que resulta violatorio de la libertad de prensa y los derechos que garanticen el oficio periodístico independiente, necesario en cualquier democracia.

Las declaraciones de la SIP, que con frecuencia critica al Gobierno venezolano por sus reiteradas violaciones contra el derecho a la libertad de expresión, llega después de que Conatel realizará el lunes de esta semana una “inspección técnico-administrativa” a las instalaciones de Globovisión, argumentando que el plazo de la concesión para este canal está vencido. Según la SIP, en total son 800 estaciones de radio y “todos los canales de televisión” del país los que tienen sus concesiones vencidas. Pero el vencimiento de las concesiones obedecería más bien a una maniobra política dirigida a silenciar los medios que son independientes o críticos del Gobierno. Vladimir Villegas, periodista de Globovisión, aseguró en su programa que la concesión “no la tenemos vencida por irresponsabilidad del canal, sino porque desde hace un año se hicieron todos los trámites y hasta ahora no se ha tenido la respuesta”.

Según el comunicado de la SIP, “se sabe que las autoridades venezolanas utilizan la amenaza del cierre administrativo, bajo apariencia de legitimidad, contra todo medio que critique al Gobierno o divulgue información que este considere lesivas para su imagen”. Además de Globovisión, el canal Televen está en la mira del Gobierno, por realizar una “cobertura equilibrada”, según la SIP, de lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional desde que el pasado 6 de diciembre la oposición obtuvo una supermayoría en esa instancia.

Los “cierres administrativos” van de la mano con declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro, en las que abiertamente ha cuestionado a estos canales y prometido tomar acciones contra los mismos. Si no se renuevan las concesiones a estos medios, se estaría repitiendo una historia similar a la del caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de televisión más antiguo de Venezuela, cuya concesión no fue renovada a finales de 2006, por lo que la señal de emisión fue apagada a mediados de 2007. En septiembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que condenó al Estado venezolano por violar derechos internacionalmente protegidos; determinó que el haber ignorado la solicitud de renovar la concesión del uso del espectro radioeléctrico de RCTV obedeció a la voluntad de eliminar la transmisión de información incómoda para el Gobierno, y obligó al Estado a restablecer provisionalmente la concesión de la frecuencia a favor de RCTV y realizar un proceso abierto, transparente e independiente para otorgarla. Una sentencia que, como era de esperarse, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a implementar.

La segunda instancia con la cual se estaría ahogando sistemáticamente el derecho a la libertad de prensa es la Corporación Maneiro, que pasó a manos del Estado en 2005, cuando la empresa Industria Venezolana Endógena Papelera (Invepal) fue expropiada por el Gobierno luego de que sus dueños la declararan en quiebra. Este organismo tiene el control de la distribución del papel periódico a los medios impresos y estaría siendo utilizado por el Gobierno para reducir la circulación de los periódicos, al dilatar o negarse a suministrar los insumos necesarios para la producción de los mismos. Aunque el año pasado se planteó un plan de inversión de más de siete millones de dólares para rescatar a la Corporación, que además de sobreponerse a la escasez de papel podría incluso empezar a exportarlo, los resultados al respecto han sido pocos o ninguno. Varios diarios venezolanos ya han pedido ayuda internacional por la escasez de papel y algunos han logrado mantenerse gracias a los préstamos internacionales.

La Corporación, en vez de reforzarse para suplir la demanda de papel, ha sido instrumentalizada para imponer el “totalitarismo comunicacional” por parte del régimen, como lo ha denunciado la SIP, organizaciones defensoras de los derechos humanos y directores de diarios como El Nacional. El organismo ha dispuesto que para vender papel a los diarios, estos deben reducir su circulación en un 60%, “lo que afectaría sobremanera sus ya limitados espacios para publicar información”, dice la Sociedad Interamericana. En otros casos, como sucedió con el diario El Impulso a mediados de 2015, después de numerosas solicitudes de cotización del insumo la Corporación simplemente manifestó que “no hay papel” para suministrarle a este medio, poniendo en riesgo su existencia como diario impreso. Para el caso de El Nacional, uno de los más importantes medios impresos de oposición, este organismo oficial consideró que no es acreedor de ningún tipo de suministro de insumo, ya que “el periódico cuenta con reservas escondidas de papel para varios años”.

Los sectores de oposición han denunciado que la Corporación Maneiro hace un manejo discrecional –o discriminatorio- de los insumos, con el propósito de hacer cada vez más inviables los medios independientes y, en cambio, dar distribución gratuita a los medios oficialistas, que circulan sin mayores contratiempos. Esta preocupación ya llegó a la agenda de la Asamblea Nacional, que tiene planeado impulsar una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y que solicitará la comparecencia del Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, para que explique la situación de entrega de papel periódico a los medios impresos.

Otra vía por la cual se asfixia a la prensa es mediante la no entrega de divisas. Para los diarios independientes que no encuentran insumos suficientes para su circulación por parte de la Corporación Maneiro, la alternativa es importar el insumo. Para eso necesitan divisas, pero como en Venezuela se han impuesto múltiples restricciones cambiarias, los medios tienen que solicitar al Estado la entrega de esos dólares a cambio de moneda local. Como a muchos no se les han suministrado esas divisas, se han visto forzados a reducir sus ediciones.