La administración de Donald Trump ratificó, pocas horas después de la posesión de De la Espriella, que Colombia es un socio vital para Estados Unidos en el hemisferio. Un comunicado del Departamento de Estado anunció ayudas de hasta USD 1.000 millones para adelantar diversos programas en Colombia, con un enfoque prioritario en la seguridad y el combate del “narcoterrorismo”. No solo marca una diferencia con los cuatro años de ires y venires, tensiones y confrontaciones con Gustavo Petro, sino que también, según la intención del comunicado, deja abierta la puerta a una presencia de Estados Unidos en Colombia, al mejor estilo de esta segunda administración de Trump.
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Pretenden que Colombia coopere en la lucha contra las “organizaciones terroristas extranjeras (OTE) y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), incluso mediante el despliegue de tecnología estadounidense sin parangón, la optimización del gasto en defensa para hacerlo más eficiente, el fomento de la interoperabilidad y la ejecución de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses”. Este anuncio ubica el paquete en niveles similares a los del inicio del Plan Colombia. Según informes del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU., la ayuda estadounidense alcanzó su punto más alto en el arranque del programa, con un paquete inicial cercano a USD 1.300 millones aprobado en 2000 (cifra citada también por la Comisión de la Verdad), y niveles anuales que en los años siguientes se movieron en el rango de entre USD 700 y 800 millones.
El problema unánime, según expertos consultados por El Espectador, es que, a diferencia de las épocas del Plan Colombia, hoy no existe la infraestructura institucional para implementarlo y que algunas de sus apuestas centrales, como la erradicación, podrían reactivar viejos problemas. Dicho de otra forma, para hablar de este paquete que destinaría Washington (si lo aprueba el Congreso de EE. UU.), hay que pensarlo en clave de que el problema no es el dinero, sino la capacidad de implementarlo. Para Adam Isacson, director de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el anuncio del DOS no dice nada específico; es más bien una declaración de intenciones.
“Mil millones de dólares parece mucho dinero, pero si lo ajustas por la inflación después de 25 años, en dólares del inicio del Plan Colombia, equivale a un poco más de USD 500 millones. En el inicio del Plan Colombia, solo en el año 2000, Colombia recibió USD 860 millones, y durante todo el gobierno de Bush se otorgaron más de USD 600 millones cada año, en dólares de esa época. Por lo tanto, lo que están prometiendo ahora es menor”, sentencia Isacson. Y tiene razón: equivaldría aproximadamente a entre USD 480 y 530 millones en dólares del 2000, cerca de la mitad en términos reales.
Cuando Estados Unidos habla de operaciones conjuntas con sus fuerzas militares, no especifica de qué forma: si, como en Venezuela y Ecuador, entrarán soldados estadounidenses o de qué otra manera se materializarían. Isacson recuerda cómo, durante las épocas del Plan Colombia, nunca un soldado extranjero disparó una bala en Colombia y, además, que “las fuerzas militares y policías de Colombia están hoy más debilitadas: necesitan mantenimiento de sus aeronaves y tienen mucho menos pie de fuerza que el que tenían hace 10 años. Entonces, hay todo un proceso de reconstrucción que se necesitaría también”. Con todo esto, es incierto pensar en la rapidez e inmediatez de este tipo de operaciones.
Para Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, el primer paso para ambos países es definir de qué forma se van a implementar los planes que esbozó Washington. “Tradicionalmente ha sido a partir de tres entidades o estructuras estadounidenses: el Grupo Militar de los Estados Unidos, INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley) y USAID”, dice. Trump se ha propuesto desmantelar esta última agencia desde su regreso a la Casa Blanca y hoy, en Colombia (cuenta Isacson), sus funciones están prácticamente en manos de dos funcionarios. El Grupo Militar también se ha visto reducido en los últimos años y, afirma Flórez, la INL, la única que aún mantiene una presencia fuerte, “tendría que fortalecerse al interior de la embajada de los Estados Unidos para poder soportar, administrar e implementar un paquete de esa magnitud”.
La duda más grande, sin embargo, recae sobre el punto de la erradicación de cultivos ilícitos. Estados Unidos lo plantea como uno de sus principales objetivos y De la Espriella también lo mencionó en su primera alocución desde Cali. En eso coinciden, pero lo cierto es que es un asunto altamente restringido de forma constitucional en Colombia, por lo que no será fácil implementarlo.
La Corte exige seis condiciones simultáneas: evidencia científica de no daño, aplicación del principio de precaución, regulación estricta, participación comunitaria, monitoreo permanente y aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Flórez recuerda cómo Iván Duque intentó, en cooperación con la INL, retomar la aspersión aérea y fracasó ante la Corte Constitucional. También revela que, desde la campaña, el equipo del presidente De la Espriella se ha preparado para cumplir con los seis requisitos que exige el alto tribunal para permitir esta erradicación.
“No la tiene fácil, pero sé que ellos tienen esa hoja de ruta muy avanzada. Me parecería extraño que no hubiera estado dentro de los anuncios, pero el gobierno de Colombia se va a enfrentar a muchas dificultades para poderlo materializar en la práctica. Y lo último es que, más allá de eso, incluso si lo logra, la reacción social en muchos de estos territorios va a ser contraproducente y vamos a encontrarnos entonces ante masivas movilizaciones sociales en muchas de estas zonas del país, y también con potenciales asonadas contra los grupos móviles de erradicación que se dispongan”, continúa. En ese sentido, Isacson agrega, en referencia a la ausencia de una presencia estatal sostenida en los territorios: “Si solo fumigan y erradican, y no hacen lo demás, van a fracasar”.
El paquete de Washington plantea una paradoja: revive una lógica de cooperación que marcó un antes y un después en la relación bilateral, pero en un contexto en el que Colombia tiene menos capacidades institucionales y más restricciones legales para ejecutarla. Así, más que el tamaño del anuncio, su impacto dependerá de si ambos gobiernos logran traducirlo en una estrategia viable en el terreno o si termina repitiendo los límites que ya mostró en el pasado.
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Por Hugo Santiago Caro
