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La situación de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, tiene una increíble similitud a la que vivió en 1988, cuando llamó a un diálogo nacional en Sapoá, departamento de Rivas, para negociar con la contrarrevolución, opositora a su entonces gobierno sandinista. En ese momento el país también estaba desgastado a nivel político, económico y social.
El resultado de la decisión fueron unas elecciones en 1990 de las que salió vencedora Violeta Barrios, culminando así el primer mandato de Ortega. Luego, en 2007, retomaría la presidencia tras unos polémicos comicios, en los que quedaron claras sus intenciones de aferrarse al poder.
Nicaragua vive desde el pasado 18 de abril una de sus peores crisis en su historia, cuando una reforma pensional detonó una furia acumulada e inesperada de la población. Aunque las manifestaciones y la sangrienta represión hicieron ruido en la agenda internacional durante unos meses fue perdiendo fuerza hasta quedar sumida en silencio mediático. Un silencio que no oculta el saldo trágico: entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos.
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La violencia no ha amainado. De hecho, la tensión se mantiene, tanto así que el pasado jueves, el país centroamericano volvió a hacer ruido cuando Ortega anunció nuevas negociaciones con la oposición, las cuales estaban detenidas desde julio de 2018, cuando miembros de la iglesia católica fueron agredidos presuntamente por grupos paramilitares al servicio del sandinismo.
Para el gobierno, el gesto de convocar al diálogo es un esfuerzo para superar el “intento de golpe de estado disfrazado de protestas cívicas”. El ministro de Fomento y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, aseguró hace unos días: "El fortalecimiento del proceso de integración como instrumento de paz, instrumento de desarrollo es el principal instrumento para derrotar la pobreza".
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo por su parte en declaraciones a medios oficiales que "lo importante es que hay coincidencia alrededor de la necesidad de recuperar el país, después de los daños que le produjeron, no sólo a la vida material, sino al alma nicaragüense. La cita debe ser un encuentro donde se genere confianza viendo hacia adelante".
En la iglesia católica de Nicaragua, de enorme influencia en la esfera política del país, hay posiciones encontradas, si bien el objetivo general es una salida negociada. El nuncio apostólico en ese país, Waldemar Stanislaw Sommertag, abogó el pasado viernes por confiar en el reinicio del diálogo y aseguró al diario La Prensa: "Hay que darle confianza al diálogo porque no hay otra alternativa. Es la única vía que tenemos, alternativas no hay. Hay que darle tiempo al tiempo, porque caminando vamos a comprender la voluntad de ambas partes".
Por otro lado, el obispo Silvio Báez, quien hasta un tiempo lideraba la comisión de sacerdotes mediadora del diálogo, señaló: “Hay requisitos para que el diálogo sea posible; el primero de todos, es la liberación de los presos políticos, no puede haber diálogo nacional si hay jóvenes, estudiantes, campesinos, periodistas en la cárcel”.
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El punto de Báez es clave, pues hoy el tema de los preso políticos es uno de los debates más fuertes que existen en Nicaragua. La alianza opositora indicó que definió como prioridad la liberación de más de 700 personas encarceladas, algunas ya sentenciadas, por participar en las protestas antigubernamentales, así como la restitución de todas las libertades que están restringidas.
La portavoz del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, Brenda Gutiérrez, aseguró que los detenidos, entre los cuales hay un hijo suyo, hace mucho dejaron de ser presos políticos. "Ortega los tiene como rehenes, porque si usted se fija, tras cada advertencia internacional, por cada acción, hay una represión, y es en contra de ellos, los presos.
El más reciente caso de agresión de las autoridades contra los reos se dio el pasado 19 de febrero, cuando la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que unos 400 antimotines ingresaron ese día a la galería 16 de la cárcel La Modelo, para apalear a decenas de reos, algunos de los cuales supuestamente resultaron con huesos rotos. A inicios de febrero la CPDH denunció una acción similar por parte de las autoridades en la cárcel de mujeres La Esperanza, que dejó en cama a la líder comerciante Irlanda Jerez.
Gutiérrez afirmó que el Comité y otros movimientos conformados por víctimas directas de la crisis no solamente exigen la libertad de los manifestantes presos para validar las nuevas negociaciones, sino que además quieren formar parte de las mismas, por la desconfianza que les despierta Ortega. "Estamos peleando un espacio en donde expongamos al presidente la situación por la que estamos pasando, y se aborden los puntos de agenda que el Comité tiene, si no, de nada sirve el diálogo", sostuvo.
El bloque opositor no confía en Ortega, comenzando porque la historia no lo respalda en este tipo de situaciones. Aseguran que, si decidió acceder a instalar una mesa de diálogo, es porque está desesperado. “El problema de la convocatoria es que el presidente llama a negociar cuando se siente con el agua al cuello y está en un riesgo del que no puede salir", dijo a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
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Y algo de razón puede tener. El gobierno afronta un déficit fiscal de 315 millones de dólares, que equivale al 3,81% del PIB, y carece de respaldo financiero debido a las sanciones de Estados Unidos que le cierran el acceso a créditos de organismos multilaterales.
En el marco de la crisis, la economía se contrajo un 4% en 2018, más de 300.000 puestos de trabajo se perdieron y la proyección para este año es de una caída del PIB de 11%, según gremios económicos. Además, la situación de Nicaragua coincide con la crisis en Venezuela, un aliado que le proporcionó al gobierno más de 4.800 millones de dólares en cooperación petrolera e inversiones entre 2008 y junio de 2019, según datos del Banco Central. Ahora más que nunca, Ortega debe demostrar que aprendió la lección de 1988. Se dice que el verdadero motivo de Ortega para regresar a los diálogos no es otro que la recuperación económica.
"Ortega accedió a dialogar porque la resistencia civil continúa firme, por el aislamiento internacional, la situación (de crisis) en Venezuela y porque la economía está en caída libre", explicó a la AFP Azahálea Solís, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Por Nicolás Marín Navas
