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Para Jason Reding Quiñones, el fiscal federal de Miami que lidera la acusación de homicidio contra el exlíder cubano, Raúl Castro, la justicia en este caso es entendida como una deuda histórica familiar. A Castro, cabe recordar, le imputaron cuatro cargos este miércoles por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate que buscaban balseros en el estrecho de la Florida en 1996.
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Nacido y criado en el corazón de Miami, la identidad y la carrera de Reding Quiñones están ligadas al trauma y a la memoria del exilio cubano, al que el episodio de Hermanos al Rescate le dejó una gran herida abierta. Su madre, a quien ha definido públicamente como su mayor inspiración, llegó a Estados Unidos en la década de los 60 huyendo precisamente de la naciente dictadura de Fidel Castro, formando parte de esa primera gran ola de refugiados que transformó el sur de Florida. Esa historia tendría luego un peso en su nombre.
Aunque durante la mayor parte de su trayectoria militar y jurídica en la Fuerza Aérea fue conocido simplemente como Jason Reding, en 2023, al postularse para una judicatura estatal con el apoyo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, modificó oficialmente su nombre para incorporar el apellido materno. El propio fiscal explicó que el cambio a Reding Quiñones buscaba “honrar el sacrificio” de su madre como refugiada política ante el Senado.
Ese cambio de nombre no solo le garantizó el beneplácito de la comunidad exiliada, sino que lo posicionó estratégicamente dentro de la maquinaria política de Florida, convirtiéndose en el perfil ideal que el equipo de Donald Trump estaba buscando para su segundo mandato: un jurista joven, con credenciales militares intachables como coronel de la Fuerza Aérea, y con un compromiso ideológico único.
Sin embargo, Reding Quiñones no figuraba en la lista de favoritos del Departamento de Justicia. En los pasillos de la fiscalía de Miami era considerado alguien de bajo nivel, según filtraciones de la prensa. En sus años como fiscal de rango medio solo había acumulado tres juicios penales con jurado en su expediente, y sus jefes habían dejado constancia en sus evaluaciones de una alarmante “baja productividad” y falta de compromiso con la misión institucional.
Un antiguo colega de la fiscalía relató a CNN que Reding Quiñones “no destacaba exactamente” y que su “ética de trabajo no era la que se solía ver en los abogados en ese nivel”.
Pero Trump no buscaba al técnico más brillante, sino al operador más fiel. Para el presidente, la fiscalía de Miami, una de las tres jurisdicciones más complejas e influyentes del país, no podía quedar en manos de un burócrata de carrera, sino de una figura leal, dispuesta a romper con los precedentes. Así que lo convirtió en el primer fiscal federal nombrado durante su segunda era en la Casa Blanca, pese a las críticas que existían.
Al momento de defender su postulación, el propio mandatario lo presentó públicamente como un jurista clave para “ayudar a restaurar la ley y el orden” y para “hacer a Estados Unidos seguro otra vez”, según recuerda CNN.
Así es como el despacho de Reding Quiñones llegó a estar hoy en el epicentro de una de las ofensivas judiciales más simbólicas contra el régimen de La Habana que su comunidad aplaude. Sin embargo, mientras el encausamiento contra Raúl Castro acapara los titulares, su despacho también guarda otra historia.
El fiscal Reding Quiñones está detrás de la construcción del caso de la “Gran Conspiración del Deep State”. Se trata de un esfuerzo por fusionar las viejas investigaciones del Rusiagate de 2016, la presunta intervención del Kremlin en las elecciones para favorecer a Trump, y el caso electoral de 2020 con el expediente de los documentos clasificados de Mar-a-Lago.
Los primeros dos expedientes, cabe destacar, están a punto de prescribir en Washington. Al unificar estos casos bajo la figura de un supuesto complot contra los derechos del presidente Trump, el fiscal lograría arrastrar toda la investigación hacia Florida, un territorio con jurados notablemente más conservadores. El objetivo final es llevar el Gran Jurado a Fort Pierce, el feudo judicial de la jueza Aileen Cannon, conocida por sus fallos favorables al republicano.
La administración Trump asegura que estas tres grandes investigaciones federales que se han lanzado contra el mandatario en la última década no fueron procesos judiciales independientes, sino un plan único, coordinado y continuo diseñado por una burocracia oculta (el Deep State) para sacarlo del poder y violar sus derechos constitucionales.
El gran problema que enfrentaba la Casa Blanca para procesar a sus “enemigos” en estos casos es que los hechos del caso Rusia, de 2016, ocurrieron hace mucho tiempo y ya superaron el estatuto de limitaciones de cinco años que exige la ley federal para presentar cargos criminales. Además, la mayoría de esos eventos ocurrieron en Washington D.C., una jurisdicción con jurados abrumadoramente demócratas.
Al argumentar que el complot del Deep State comenzó en 2016 pero siguió activo hasta 2022, con el allanamiento a Mar-a-Lago, los abogados de Trump sostienen que el delito de conspiración sigue vigente y no ha prescrito. Y al meter el caso de Mar-a-Lago en la ecuación, la fiscalía de Miami también justifica que la investigación se lleve a cabo mediante un Gran Jurado en Florida.
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Como subrayó The New York Times, esta maniobra “le permite a la administración llevar los asuntos ante un gran jurado en Florida, lo que atraería a jurados de un sector menos demócrata” que el de Washington.
El exdirector de la CIA, John Brennan, figura central en las investigaciones sobre el Rusiagate, es uno de los blancos de la adminitración Trump en esta campaña de “venganza”. Y Reding Quiñones ya ha trabajado para cercarlo ejecutando una auténtica purga interna con la que destituyó a la experimentada fiscal de carrera Maria Medetis Long, luego de que esta advirtiera en una reunión en Washington que las pruebas para imputar por perjurio a Brennan, es decir, mentirle al Congreso supuestamente, eran “demasiado débiles”.
En su lugar, el fiscal colocó al polémico Joe diGenova para reiniciar la investigación contra Brennan desde cero, desatando una crisis sin precedentes.
“Nadie esperaba que vinieran a destruir todo de esta manera. Tanta experiencia en esa oficina, simplemente se ha ido”, lamentó un antiguo fiscal veterano de la oficina de Miami en declaraciones bajo anonimato a CNN.
El destino judicial de Raúl Castro, a sus 94 años, difícilmente se resolverá en una celda estadounidense. Su imputación es, ante todo, un hecho simbólico. La verdadera batalla de Reding Quiñones se libra en otro lado, contra el reloj y las normas no escritas de la justicia federal.
Al asumir el cargo, la jueza principal del distrito, Cecilia Altonaga, le recordó una máxima dictada por la Corte Suprema: el deber de un fiscal es que se haga justicia, y aunque puede dar golpes duros, jamás debe darlos sucios.
Pero con una oficina que se vacía por la renuncia de su personal más experimentado, con más de 100 renuncia, según CNN, y el peso de una agenda dictada desde Washington, el fiscal de Miami ha dejado claro su veredicto. La cabeza del último jerarca de la revolución cubana es el trofeo perfecto para las masas del exilio, mientras en la sombra se termina de desmantelar la independencia de los tribunales en el país.
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