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Las sombras rodean la trayectoria del fiscal 41 del Ministerio Público de Venezuela a Nivel Nacional, Franklin Eduardo Nieves Capace. Este funcionario público de larga trayectoria huyó del país cargado de información sobre polémicos casos que se juzgan actualmente, el más polémico, el del líder de la oposición radical, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión el pasado 10 de septiembre.
Junto a Nardia Sanabria, Nieves fue el analista del discurso y participante en el juicio de López, donde se le inculpó por “pronunciamientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que incitaron a sus seguidores a generar violencia”. Según sostuvo Nieves durante las audiencias, 30 experticias avalaron la culpabilidad de cinco hombres, en especial la de López, por ser determinador en los delitos de daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir, lo cual terminó con el opositor en la cárcel militar de Ramo Verde.
El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio de Miami (EE.UU.) asegura que Nieves es un violador de derechos humanos. “Nieves era implacable con los presos opositores, a los que dispensó un trato vil y de burla imposible de olvidar”, dijeron.
La prensa local recuerda por estos días el caso de los hermanos Rodrigo José Hernández Díaz y José Carlos Hernández Díaz, “presos políticos” por manifestarse en las protestas después de las elecciones de 2013 y que “fueron acusados y condenados por delitos que no habían cometido, sin pruebas, en un caso del que tuvo control Nieves”.
El 18 de noviembre de 2014, José Carlos Hernández Díaz fue sentenciado a 14 años por homicidio simple y lesiones y a Rodrigo José Hernández Díaz le impusieron una pena de 6 años y 6 meses por homicidio simple en grado de complicidad no necesaria y lesiones. “Como todos los casos políticos, fueron sentenciados sin ninguna prueba, fueron culpables necesarios de un crimen que no cometieron”, señalan organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
El caso del editor del semanario 6to Poder, Leocenis García, quien fue acusado de evasión fiscal, defraudación tributaria y legitimación de capitales (la bancada oficialista de la Asamblea Nacional afirmó que tenía una nutrida cuenta en dólares en Suiza) también estaba en manos de Nieves. Este periodista de 34 años está desde hace seis meses en prisión domiciliaria, luego de los problemas de salud que sufrió tras adelantar una huelga de hambre de 87 días.
Según explicó el columnista Alberto Arteaga en el periódico El Universal, “es el nuevo caso Franklin Brito, reeditado ahora con un periodista que, sencillamente, ha pagado con cárcel, sin haber sido condenado, por el delito de lesa majestad de haber ofendido a representantes de los poderes públicos y, ante el reclamo por un juicio justo, habiendo recurrido a la medida extrema de una huelga de hambre, el Estado responde con una reclusión forzosa”.
De acuerdo con Luisa Ortega, las denuncias de Nieves –hoy exiliado, perseguido y presionado, según dijo en un video el antes defensor del chavismo– son falsas. “En el Ministerio Público no presionamos a nadie”. La Fiscal agregó que el funcionario fue destituido por “abandono del trabajo”. “Me solicitó la jubilación el 18 de septiembre último”, explicó, al tiempo que señaló que si “Nieves hubiera estado siendo perseguido, no hubiera podido salir del país por Maiquetía, el principal aeropuerto venezolano, que sirve a Caracas. La Fiscalía, por ahora, investiga qué se llevó Nieves de su despacho para ver si “procede a abrir una investigación”.
Este caso recuerda el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por órdenes del presidente Hugo Chávez, fue detenida en 2009 por poner en libertad a un empresario crítico, Eligio Cedeño, quien ya había cumplido su prisión preventiva. “Métanla presa”, ordenó Chávez y la señora pasó seis años en prisión. “En Venezuela los jueces no deciden, sino que complacen los caprichos del Gobierno”, señaló Afiuni.
Por Redacción Internacional
