Las tres exigencias para Rafael Correa

Después de 11 días de marcha, los indígenas que partieron desde la región amazónica llegaron a Quito para hacer oír sus reivindicaciones y sumarse a otros sectores convocados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para un paro nacional que busca que el presidente Rafael Correa rectifique algunas de sus políticas.

Hay tres exigencias principales. En primer lugar la de los indígenas, que, así como hicieron en las protestas masivas del año pasado, exigen que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra que en la práctica les quitan poder en el manejo de esos recursos en sus territorios. Exigen además una reforma agraria que redistribuya el 60% de las tierras cultivables que aún están en manos de privados, la derogación de la Ley de Aguas y una educación intercultural bilingüe.

En la última sabatina (la rendición de cuentas semanal de Rafael Correa) el presidente se defendió y dijo que los indígenas no tienen argumentos para protestar. habló de las 13 escuelas del milenio, que costaron US$217 millones y reemplazaron a las escuelas unidocentes donde se educaban los indígenas. Respecto a los territorios, aseguró que entre 2010 y 2014 se titularizaron 580.000 hectáreas a nombre de 19.000 comunidades, y que pretende otorgar otros 100.000 títulos más.

La segunda exigencia, y la que mayor respaldo ha recibido por parte de la oposición política, es el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, en el cual se incluye una que le permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en 2017. “Si quieren ir a una reelección indefinida (...) tienen que llamar a una consulta popular”, dijo Salvador Quishpe, líder indígena de la provincia de Zamora Chinchipe (región amazónica), desde el inicio de la marcha.

Los indígenas que llegaron a Quito sólo representan una parte de la huelga. También se manifestaron empresarios, organizaciones de derecha, sectores pudientes y de la clase media cuya ira se ha desatado debido a las políticas que impulsó el presidente relativas a la redistribución de la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y a la plusvalía.

Hasta ahora, la postura del Gobierno ha consistido en desacreditar la desmovilización y catalogarla como un intento de desestabilización. Aunque a última hora se creó una asamblea popular para fomentar el diálogo con todas las instancias de la sociedad, la misma asamblea ha rechazado el paro. Desde el Ejecutivo no se ha mostrado voluntad de revisar las políticas sobre territorios y herencias, mucho menos el proyecto de reelección indefinida.

Como contrapeso a las manifestaciones, otros sectores sociales que apoyan el proyecto de revolución ciudadana de Correa también salieron a las calles. Entre ellos también había indígenas y la Asociación de Negros del Ecuador, una de las organizaciones sociales amigas del oficialismo. Estas movilizaciones rodearon el Palacio de Carondelet en un simbólico gesto de apoyo y protección a las iniciativas impulsadas por el presidente.

Después de 11 días de marcha, los indígenas que partieron desde la región amazónica llegaron a Quito para hacer oír sus reivindicaciones y sumarse a otros sectores convocados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para un paro nacional que busca que el presidente Rafael Correa rectifique algunas de sus políticas.

Hay tres exigencias principales. En primer lugar la de los indígenas, que, así como hicieron en las protestas masivas del año pasado, exigen que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra que en la práctica les quitan poder en el manejo de esos recursos en sus territorios. Exigen además una reforma agraria que redistribuya el 60% de las tierras cultivables que aún están en manos de privados, la derogación de la Ley de Aguas y una educación intercultural bilingüe.

En la última sabatina (la rendición de cuentas semanal de Rafael Correa) el presidente se defendió y dijo que los indígenas no tienen argumentos para protestar. habló de las 13 escuelas del milenio, que costaron US$217 millones y reemplazaron a las escuelas unidocentes donde se educaban los indígenas. Respecto a los territorios, aseguró que entre 2010 y 2014 se titularizaron 580.000 hectáreas a nombre de 19.000 comunidades, y que pretende otorgar otros 100.000 títulos más.

La segunda exigencia, y la que mayor respaldo ha recibido por parte de la oposición política, es el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, en el cual se incluye una que le permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en 2017. “Si quieren ir a una reelección indefinida (...) tienen que llamar a una consulta popular”, dijo Salvador Quishpe, líder indígena de la provincia de Zamora Chinchipe (región amazónica), desde el inicio de la marcha.

Los indígenas que llegaron a Quito sólo representan una parte de la huelga. También se manifestaron empresarios, organizaciones de derecha, sectores pudientes y de la clase media cuya ira se ha desatado debido a las políticas que impulsó el presidente relativas a la redistribución de la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y a la plusvalía.

Hasta ahora, la postura del Gobierno ha consistido en desacreditar la desmovilización y catalogarla como un intento de desestabilización. Aunque a última hora se creó una asamblea popular para fomentar el diálogo con todas las instancias de la sociedad, la misma asamblea ha rechazado el paro. Desde el Ejecutivo no se ha mostrado voluntad de revisar las políticas sobre territorios y herencias, mucho menos el proyecto de reelección indefinida.

Como contrapeso a las manifestaciones, otros sectores sociales que apoyan el proyecto de revolución ciudadana de Correa también salieron a las calles. Entre ellos también había indígenas y la Asociación de Negros del Ecuador, una de las organizaciones sociales amigas del oficialismo. Estas movilizaciones rodearon el Palacio de Carondelet en un simbólico gesto de apoyo y protección a las iniciativas impulsadas por el presidente.