Legitimidad judicial en juego: los riesgos de la elección de jueces en México

Desde el domingo está andando el plazo de inscripción para candidatos aspirantes a ser jueces en distintos niveles en México, el último legado que consolidó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de pasar la antorcha a Claudia Sheinbaum. A corte del miércoles, para ocupar los más de 2.600 cargos a elección, iban más de 3.400 candidatos inscritos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), según datos que pudo conocer El Espectador, para la elección del 1 de junio.

No es un cambio menor. AMLO puso a escrutinio popular todo un sistema judicial en diferentes instancias entre poder federal y regional (881 cargos federales y 1.724 regionales) con el fin de “democratizar”, pero que contrasta ampliamente con el riesgo de terminar politizando el sistema judicial.

Significa pasar de una independencia del Poder Judicial de la Federación a un proceso con campañas y debates, como cualquier otro cargo de elección popular, sometido a toda una mediatización. Algo como lo que ocurrió recientemente en Estados Unidos, donde la definición de la jueza Susan Crawford en la Corte Suprema de Wisconsin representó una pérdida de más de 20 millones de dólares para Elon Musk, asesor del presidente Donald Trump, quien había invertido en la campaña de su rival.

Ahora, hay que hacer la claridad de que las pautas de campaña tienen sus diferencias con las de cargos políticos. “A diferencia de los partidos políticos y los candidatos normales, en estas elecciones se redujo mucho el tipo de gastos que podían hacer las candidatas y los candidatos; de alguna forma se establecieron topes de gastos de campaña”, explica Jimena Sotelo, especialista mexicana en temas electorales.

Sotelo, sin embargo, hace la advertencia de que la veeduría sobre los dineros de campaña no está exenta de una politización: “Por la misma forma de la reforma sobre quién postularía a estas personas, sigue habiendo un sesgo; no llegan absolutamente limpios de afiliaciones políticas partidistas. (…) Se tiene la impresión de que va a haber mucho dinero moviéndose por debajo en la operación política para llevar a los votantes. Hay muy poca intención de votación ciudadana. Entonces, eso nos lleva a buscar otras vías de financiamiento justamente para llevar a las personas a las urnas. Eso, por un lado, es un riesgo, ya que no se sabe quién va a invertir en las campañas”. Como dato clave, Morena, el partido de gobierno, es mayoría a nivel nacional. Prueba de esto son los casi 20 millones de votos de diferencia que hubo entre la presidenta, Claudia Sheinbaum y su rival Xóchitl Gálvez.

La proyección de participación del INE, a propósito, está entre un 8 y 15 % de los casi 100 millones de mexicanos registrados para votar. El INE tiene programados más de 83.000 puestos, aunque cada uno de estos solo tendrá una sola mesa para atender a la población, que, dependiendo el estado, puede llegar a escoger hasta 10 candidatos para atender los cargos federales y locales.

Susana Camacho, miembro del Colectivo La Justicia Que Queremos, enfatiza que dentro de todos los factores de riesgos en la participación está el de que muchas personas ni siquiera tienen claro por completo la función del juez por el que están votando. Esto, a pesar de que el INE dispuso de una plataforma llamado Conócelos, que cumple justamente con este rol informativo.

“Las personas ni siquiera pueden distinguir claramente cuál es el rol de los jueces, por ejemplo, del de los fiscales. Y, sin embargo, los vamos a someter a votación. Entonces, si ni siquiera sabemos, como ciudadanos comunes y corrientes, cuáles son las funciones de los jueces, ¿cómo vamos a tener jueces legítimos con una baja participación ciudadana en las urnas?”, cuestiona, además de señalar el riesgo de que el crimen organizado influya en el proceso electoral.

Sotelo señala por su parte que la rapidez de la implementación, la naturaleza del proceso y el factor de participación hacen que sea una de las elecciones más complicadas en la historia del INE: “Básicamente, hay dos deficiencias: la primera es que la reforma fue tan rápida y la reglamentación secundaria tan escasa y deficiente que se dejaron muchas cosas al aire. Se han tenido que regular muy rápido porque el proceso ya estaba en marcha”.

El hecho de abrir todo el proceso, desde candidaturas hasta la elección, conlleva un riesgo adicional, y es la posibilidad de que lleguen candidatos sin la experiencia necesaria para ocupar los cargos en los diferentes rangos. Camacho ve en este punto uno de los problemas más grandes de la legitimidad con la que pueda quedar el Poder Judicial de la Federación (nombre oficial de la rama) una vez culmine el proceso. Está en vilo la simplificación de una carrera técnica a discursos electorales y de campaña, al mejor estilo político.

Otro de los desafíos es el ajuste de todo el proceso judicial. Sotelo hace énfasis en que ya de por sí hay atrasos y procesos demorados por años, como para ahora someter toda esta carga a personas que recién se estrenan como jueces: “Creo que va a haber un periodo complicado de ajuste. Es decir, los primeros años de esta implementación serán difíciles para la justicia, tanto por el tipo de decisiones que se tomen como por la tardanza en los procesos. Si bien la reforma permite que los jueces salgan en ciertas temporalidades y con plazos más reducidos, la realidad es que la carga de trabajo será imposible de manejar para muchos de ellos”. Estima unos tres o cuatro años de desorden administrativo.

De momento serán 60 días caóticos. Camacho resalta la tendencia de que cada vez que México se enfrenta a un periodo electoral, la violencia y presencia del crimen organizado crece. Prueba de esto es que en el último periodo electoral de junio de 2024, más de 30 candidatos fueron asesinados en todo el país hasta 24 horas antes de las elecciones del 2 de junio. Es el periodo electoral más sangriento de la historia moderna mexicana.

Durante este tiempo, el reto de informar a la ciudadanía y hacer crecer la participación ciudadana serán, sin duda, las prioridades para el poder federal, que heredó esta reforma del gobierno de AMLO como punto final de su legado. En junio México irá a las urnas y será la oportunidad de ver si será la elección judicial un mecanismo de democratización o de mayor control gubernamental.

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