Lina Arroyave, investigadora en temas de migración de Dejusticia, admite que la reapertura de la frontera con Venezuela era algo que eventualmente iba a suceder, pues la llegada de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Caracas daba señales de un restablecimiento más formal de las relaciones bilaterales.
“La reapertura de la frontera se veía venir”, pues si bien hubo hermetismo sobre eso en la campaña, y la migración “pasó de agache” durante las elecciones, el nombramiento de Germán Umaña Mendoza como ministro de Comercio, Industria y Turismo, después de desempeñarse como presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, era un fuerte indicio de ello, según comenta.
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La reapertura de la frontera se dio a conocer después de que se anunció el restablecimiento de las relaciones militares y luego de la reunión en el estado de Táchira donde los gobiernos de Colombia y Venezuela coordinaron el nombramiento de embajadores y la apertura de consulados. Esto era fundamental para proteger los derechos de las personas.
Según Laura Cristina Dib Ayesta, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, “la falta de este tipo de espacios en Colombia ha implicado que los nacionales de otros países, no solo de Venezuela, entre ellos Nigeria, no cuenten con la protección que toda persona debería tener en el extranjero”. De acuerdo con ella, los trámites de registro y notaría, como el registro de un niño de padres venezolanos nacido aquí o la renovación de los pasaportes, se han visto truncados ante la ausencia de dicha institución.
Ahora bien, hablando como venezolana y apartándose de su rol de directora de la clínica, admite que tiene dudas con respecto a que “el restablecimiento de las relaciones diplomáticas necesariamente se vaya a traducir en que exista un consulado que cumpla sus obligaciones frente a los nacionales. Si para nosotros es complejo acceder a documentos apostillados a los propios pasaportes en Venezuela, imagínate si en el extranjero vamos a contar con esa protección”.
Y así como Dib Ayesta se muestra escéptica frente a este rubro de las relaciones colombo-venezolanas, que están tomando un nuevo rumbo desde ya, en esta entrevista Arroyave admite que también tiene algunas dudas con respecto a la reapertura de la frontera y su relación con el manejo de la migración.
El lunes se reabrirá la frontera con Venezuela, ¿qué impacto se puede esperar en materia migratoria con esta decisión?
La reapertura es algo positivo, sobre todo para el desarrollo económico y para el restablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países, pero no hay un lineamiento claro en cuanto a la política de migración: no hay mucha claridad sobre cuál es la agenda migratoria de este gobierno, pues hay poca información sobre el tema y mucha incertidumbre. Por ejemplo, en manos de quién va a quedar el trabajo de la integración socioeconómica. Esto lo estaba manejando la Gerencia de Fronteras, ahora Oficina de Integración Socioeconómica para la Población Migrante, y no se sabe muy bien qué va a pasar con ella: ¿sigue estando en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) o va a salir de allí?
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¿Cree que con esta reapertura fronteriza disminuya el flujo migratorio hacia Colombia?
No necesariamente, porque, a pesar de que se diga que Venezuela ha tenido un rebote económico y que ha mejorado algunos de sus indicadores (por ejemplo, ha aumentado su producción petrolera, alcanzando unos 718.000 barriles diarios para diciembre de 2021, cuando a finales de 2020 solo producía 434.000 barriles al día, y se pronostica un crecimiento económico que, según Ecoanalítica, podría ser de un 8 % en el PIB), la gente sigue saliendo de allí. Esto, dado que persisten las causas de la crisis humanitaria, económica, política y social del país, pues siguen las persecuciones políticas y algunos rasgos autoritarios en el gobierno. Además, hay quienes cruzan la frontera para tener acceso a tratamientos médicos que no tienen allá.
Detrás de la reapertura de la frontera hay también elementos humanitarios como de seguridad, ¿cómo ve esto?
Ante la trata de personas se necesita, con mayor razón, tener una mejor coordinación entre ambos estados para evitar la victimización de las personas que deciden migrar y para prender las alarmas donde se conozca que hay puntos de tráfico de personas o donde se tenga conocimiento de que los migrantes pueden ser víctimas de reclutamiento. Es decir, esa reapertura no solo debería concentrarse en lo comercial, sino también en cómo se va a proteger a quienes deciden migrar, pues la migración es un derecho humano. Colombia debe garantizar que no solo las relaciones diplomáticas y comerciales se restablezcan, sino que debe velar por los derechos de las personas que deciden salir de Venezuela. La reapertura de la frontera debería ser una ventana de oportunidad para ello.
Con respecto a los diferentes actores que están a lado y lado de la frontera, hay muchos caminos informales dentro de ella, pues es muy permeable. Tal vez el intento de diálogo con la guerrilla del Eln puede ser algo positivo para, al menos, sacar a ese actor armado, que tiene gran control fronterizo. Ahora bien, el asunto es que allí no solo hay guerrillas, sino también bandas criminales. No sé qué tan fácil sea ese control, pero las Fuerzas Militares no son las más especializadas para manejar la migración. Entendemos que es el cuerpo que se necesita para la protección de la frontera, pero no tiene los funcionarios con experticia para manejar temas con enfoque de derechos humanos dirigidos a la población migrante.
El gobierno Duque dejó implementado el Estatuto de Protección Temporal, que les da un margen de 10 años a los migrantes que se benefician de él para definir su estatus migratorio. Desde Dejusticia se ha hecho énfasis en crear una instancia para su seguimiento, pero también se habla de mejorar el sistema de refugio y asilo. ¿Eso tiene que ver con una visión más sostenible y a largo plazo del manejo de la migración?
Eso, por un lado, pero también porque son personas que necesitan protección y ser reconocidas como refugiadas les daría garantías que el Estatuto no da. Por ejemplo, una persona que es solicitante de protección de refugio y que a la vez presenta su solicitud para el Estatuto, y le sale más rápido esta última, puede optar por quedarse con el Permiso por Protección Temporal (PPT), pues es el que le permite acceder a un trabajo. Ahora bien, con ello renuncia a la condición de protección internacional y, en consecuencia, al principio de no devolución.
Ya hablamos acerca de que la reapertura fronteriza puede ser una ventana de oportunidad para entablar una relación con Venezuela más allá de lo comercial, llegando incluso a instancias humanitarias. En ese sentido, ¿podría convertirse Colombia en un actor clave para impulsar una política migratoria regional?
Ojalá fuera así. El país debería seguir promoviendo ese liderazgo e impulsando esa agenda migratoria, donde el foco sea la movilidad humana con un enfoque de derechos humanos. Ese debería ser el discurso de este nuevo gobierno: garantizar la movilidad de las personas a nivel regional sin un enfoque securitista. Por ello hay que seguir promoviendo y fortaleciendo los mecanismos regionales que existen sobre este tema, aprovechando el liderazgo colombiano y su experiencia, con lo bueno y lo malo.
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