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Lo que el desenlace para Julian Assange puede implicar para el periodismo

Tras un acuerdo con Estados Unidos, el fundador de Wikileaks podría recuperar definitivamente su libertad. Sin embargo, esto implica aceptar una culpabilidad que, según voces expertas, sienta un mal precedente para el ejercicio periodístico.

María Alejandra Medina

25 de junio de 2024 - 01:14 p. m.
Personas reunidas durante una manifestación de apoyo a Julian Assange, en la plaza Castello, en Milán, Italia, 16 de junio de 2024.
Foto: EFE - Mourad Balti Touati
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El caso contra Julian Assange parece haber llegado a un desenlace. Es un final con luces y sombras para ambas partes: por un lado, el australiano fundador de Wikileaks podría recuperar su libertad a cambio de declararse culpable de haber violado la ley antiespionaje de Estados Unidos. Para la Justicia de ese país, por otro lado, la filtración de cientos de miles de documentos confidenciales a partir de 2010 no quedaría impune; sin embargo, Assange no solo no sería extraditado, sino que no pagaría ni un día más en prisión.

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En el marco del acuerdo anunciado el lunes, se espera que Assange, ante su negativa de ser llevado a Estados Unidos, aparezca este miércoles (martes en la noche en buena parte de este hemisferio) en una corte en las Islas Marianas, un territorio en el océano Pacífico bajo soberanía estadounidense, pero con un estatus especial. Según lo pactado, que debe ser avalado por el juez, Assange aceptaría allí haber conspirado para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional.

Con la colaboración de la exsoldado estadounidense Chelsea Manning, hace más de 10 años Wikileaks sacó a la luz información del Pentágono sobre sus operaciones en Irak y Afganistán, así como correspondencia confidencial entre Washington y sus embajadas en todo el mundo. Por la gravedad de las revelaciones, que daban cuenta de posibles violaciones de derechos humanos, medios como The New York Times, The Guardian, El País y El Espectador participaron de las publicaciones.

Por esto, Assange podría recibir la condena de cinco años que piden los fiscales estadounidenses, pero no pagaría más tiempo en prisión como consecuencia del tiempo que, desde 2019, ya pasó detenido en Reino Unido. De ese país, a la luz del nuevo acuerdo, pudo salir el lunes, días de que un juez tomara una decisión sobre su extradición a Estados Unidos. Dicha solicitud sería retirada y tampoco habría cargos adicionales, por lo que se espera que quede libre y regrese a Australia definitivamente.

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Para Alejandro Bohórquez-Keeney, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, Assange “después de mucha persecución” podría “vivir más tranquilo”. Por otro lado, aunque el “daño o posible daño” por las filtraciones de Wikileaks “ya está hecho”, Estados Unidos puede mantener su imagen como administrador de justicia. Hay que recordar que Wikileaks no solo fue criticado por quienes consideraban que se estaba poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses, sino también a civiles que colaboraban con ellas y cuyos nombres no fueron protegidos.

“De esta experiencia se aprendió mucho y ahora existen nuevas formas de manejar filtraciones e investigar a partir de ellas de las que se ha nutrido la prensa y que han servido para controlar las actuaciones de gobiernos alrededor del mundo”, reflexiona Pilar Sáenz, coordinadora de Participación Cívica en Fundación Karisma (organización que monitorea derechos humanos en entornos digitales), quien no deja de señalar que “el de Assange es complejo por otros temas”. Se refiere a que “la orden inicial por la que lo apresaron no fue por sus actividades en Wikileaks, sino por una acusación de abuso sexual, que él negó y fue abandonada en 2019. Además, la posible instrumentalización de este caso para su apresamiento fue todo un tema de discusión”.

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Sin embargo, para ella, “muchas de las actividades desarrolladas por Wikileaks deberían estar protegidas por la libertad de expresión y la libertad de prensa y sin embargo no lo están”.

Bohórquez-Keeney, por su parte, menciona un precedente sentado desde hace más de 100 años, en referencia a la jurisprudencia estadounidense en cuanto a los límites de la libertad de expresión, la cual no se puede invocar “si lleva a acciones delictivas o que pueden atentar contra la federación misma”, como efectivamente lo consideraron las autoridades norteamericanas.

Sin embargo, múltiples son las voces que siguen manifestando su preocupación por las implicaciones que este capítulo podría tener para las libertades, no solo en Estados Unidos, sino a escala global por tratarse de un caso contra un ciudadano extranjero. “La liberación de Julian Assange de una prisión británica es una victoria para él y sus numerosos seguidores en todo el mundo, pero no necesariamente una victoria clara para el principio que subyace a su defensa, la libertad de prensa”, como resumió Julian Borger, editor de asuntos mundiales de The Guardian.

En materia política, Borger ve en el resultado judicial un problema menos para la administración de Joe Biden, que aspira a la reelección en las urnas en noviembre próximo. Los fiscales, durante este gobierno, siguieron la línea que venía del periodo de Donald Trump (principal contendor de Biden en la actual campaña presidencial), por lo que no renunciaron a buscar la extradición. Según el autor, que eso se hubiera concretado y que Assange hubiera enfrentado un juicio en Estados Unidos “habría sido una distracción perjudicial para el presidente en apuros en un año electoral”.

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Pero más allá de las movidas políticas, no deja de resaltar los efectos que este caso podría tener para el periodismo. Pese a que las autoridades de Estados Unidos argumentaron que Assange no era propiamente un periodista, sino un reconocido hacker, para distintas organizaciones esto es irrelevante: lo que importa son sus acciones, muy similares a las que usan los periodistas investigativos en todo el mundo.

De ser condenado, como se espera, este precedente “implica que las actividades que realizó al poner en disposición información de interés público sí se consideran espionaje y no hay mitigación en su consideración por la justicia de Estados Unidos”, explica Sáenz.

“Este caso impone una carga para el periodismo investigativo, pues dará pautas sobre la responsabilidad de los medios y periodistas al momento de divulgar información sensible de crímenes de Estado y será un antes y un después en relación con la situación de los informantes”, añade la experta. “Quizás es importante recordar que, por ejemplo, en Colombia los informantes no tienen protección, aunque las actividades de prensa sí”.

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“Muchos periodistas –incluido yo mismo– y muchos que no son fanáticos de Assange dijeron que el procesamiento era un riesgo para la libertad de prensa. Un acuerdo de culpabilidad no cambia eso, y es algo que Assange solo aceptaría por pura necesidad”, trinó James Ball, extrabajador de Wikileaks, actualmente editor de The New European.

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