En días recientes, Chile ha sido escenario de represión contra los migrantes. Comenzando con la reanudación de los vuelos de deportación, pasando por la quema de las pertenencias de los migrantes y por las marchas que se han orquestado en su contra, Chile vive un pico de xenofobia y violencia en medio del fenómeno de la movilidad humana. Cerca de 3.500 migrantes han llegado al país suramericano en busca de mejores oportunidades, y entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y la escasez de recursos, han encontrado todo lo contrario.
A principios de esta semana ya se había reportado que al grito de “¡Fuera los ilegales!”, miles de chilenos salieron a protestar en contra de la migración de indocumentados, y durante el fin de semana el panorama no fue muy distinto. Según reportó EFE, empuñando banderas chilenas y con cacerolazos, cientos de personas se congregaron para protestar contra la entrada de migrantes irregulares en Iquique, al norte del país.
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Esto, en medio de un clima tensionante, el cual el mismo gobierno ha ayudado a construir en su afán por deportar a 1.500 migrantes este año. Rodrigo Delgado, jefe de la cartera del Interior, lo aseguró: el Gobierno chileno continuará con los desalojos de los espacios públicos y con el plan de expulsiones. Piñera, por su parte, dijo que “como Gobierno estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos”.
Pero, ¿por qué se desarrolla la xenofobia? La desinformación sobre aspectos de seguridad y salud, que proviene incluso de funcionarios públicos, parece ser el síntoma que más contribuye a la expansión de ella, según expertos. Un siglo de investigación sobre los datos que proporciona el gobierno estadounidense ha sido concluyente: los ciudadanos nacidos en el extranjero (migrantes regulares o irregulares) cometen delitos con mucha menos frecuencia que los ciudadanos nativos del país.
Por otro lado, son varias las instituciones en América Latina que han dejado un mensaje claro sobre la migración: es infundada la idea de que los millones de migrantes venezolanos están aumentando las tasas de criminalidad en los otros países. Así lo mencionaron expertos de Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution en un informe de 2019. De acuerdo con la investigación, en Colombia los ciudadanos venezolanos representaron el 2,3 % de los arrestos por delitos violentos en 2019. En Perú, basados en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad, el 1,3 % de los presos son extranjeros, incluyendo venezolanos y otras nacionalidades. Y en Chile, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen eran venezolanas.
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“Mucha empatía gatillaron las imágenes de desesperados afganos intentando subirse a un avión para escapar. O las de adultos y niños sirios ahogados en su ruta hacia Europa. O de policías norteamericanos a caballo, arriando como ganado a migrantes haitianos que intentaban cruzar la frontera mexicana. Pero cuando esos migrantes desesperados están en la plaza o playa de la esquina, la empatía se comienza a esfumar. Y la imagen de esa disociación son los juguetes quemados en Iquique”, escribió la columnista Paula Escobar en el diario chileno La Tercera.
Y es que, según se lee en su columna de opinión, detrás de quienes han orquestado los ataques contra los migrantes hay una narrativa global que los asocia a ellos con la idea de quitarles a los nacionales espacios, recursos y derechos. “Proponen, entonces, muros, mano dura, vigilancia y castigos”, advierte Escobar.
Sin embargo, hay quienes también se han manifestado a favor de los migrantes en Chile. La muestra está en que a la par de las movilizaciones que se llevaron contra ellos durante el sábado, algunos ciudadanos optaron por salir a las calles a respaldarlos y a manifestarse en contra de la xenofobia. Además, las organizaciones sociales y entidades internacionales no se han quedado calladas. Por un lado, 24 de ellas firmaron un comunicado en el que afirman que “de continuar con las actuales políticas migratorias, se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia (...). Es urgente un cambio de timón en las políticas del Gobierno”. Por el otro, el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, denominó lo sucedido como “una inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables”, y la UNICEF le pidió al Estado chileno garantizar y proteger los derechos, cumpliendo así con los tratados internacionales suscritos por el país.
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