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Durante muchos años —siete, para ser exactos—, Luisa Ortega Díaz, en su cargo de fiscal general de Venezuela, vio muchas de las maniobras del chavismo. No dijo nada, es más, tomó varias medidas a favor del gobierno de Hugo Chávez y de su heredero político, Nicolás Maduro.
Pero desde finales de 2016, luego de una pelea con la “primera comandante”, Cilia Flores, la luna de miel llegó a su final. Ortega acusa. Y la acusan.
En apenas semanas, la fiscal ha dado varios golpes contra el Gobierno, pero lo que realmente preocupa al presidente y su entorno es que Ortega Díaz es la única funcionaria que tiene el poder y las herramientas constitucionales para evitar una asamblea nacional constituyente.
Por eso el chavismo radical le pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinar si hay méritos para abrirle un juicio. El magistrado Maikel Moreno, presidente del Supremo venezolano —además de un juez con un pasado criminal que sólo falla a favor del chavismo—, encontró que sí había méritos para abrirle un juico.
El máximo triubnal dijo que Ortega incurrió en fallas varias como “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución y violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. Si el juicio avanza como autorizó el TSJ, la fiscal podría ser destituida, se le prohibiría la salida del país y todos sus bienes serían congelados.
Una jugada del oficialismo, que sabía que no la podía destituir, pues en 2014, cuando la Asamblea Nacional era controlada por el chavismo, fue reelegida hasta 2021. Como sucede desde hace tiempo, el TSJ hace y deshace las leyes del país. Por eso el fallo en el que aprueba el juicio a la fiscal no sorprende.
El oficialismo ya la había sentenciado: Diosdado Cabello, número dos del madurismo, anunció que “a esa Fiscalía le quedan 53 días”. Tareck El Aissami, actual vicepresidente, tildó a Luisa Ortega Díaz como “indigna” y dijo que la Fiscalía estaría en pocos días en manos de un “patriota”. El diputado Pedro Carreño la acusó de “insania mental”.
Anticipándose al fallo del supremo tribunal, la fiscal sacó toda su artillería. Al parecer tiene expedientes, datos e información claves que acumuló a lo largo de los años. Les pidió a los fiscales anticorrupción que investiguen al chavismo. Que miren quién paga los actos chavistas, de dónde salen esos dineros y, además, hagan pesquisas sobre por qué no hay alimentos y medicinas. ¿Será que los recursos son utilizados para fines distintos?
“Aquellos fiscales que tienen investigaciones, sobre todo los fiscales contra la corrupción, tienen que ser muy acuciosos, muy diligentes en las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes podrían estar incursos en el mal uso del patrimonio publico”, afirmó.
Incluso pidió mirar el narcotráfico. “El tema de la droga hay que investigarlo”, señaló Ortega, aunque no precisó si existen sospechas sobre servidores públicos por ese delito.
Basta mirar el caso del vicepresidente, El Aissami, sancionado por EE.UU., que lo acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico. Dos militares exjefes antidrogas, Néstor Reverol Torres y Edylberto José Molina Molina, tienen expedientes abiertos por tráfico de cocaína por la Fiscalía de Nueva York.
El informe anual del Departamento de Estado señaló que Venezuela sigue siendo una de las vías de tráfico preferidas de drogas ilegales. Advirtió de su “sistema judicial débil, la cooperación internacional esporádica contra el narcotráfico y un ambiente permisivo y corrupto”. Además, dos sobrinos de la primera dama fueron condenados por tráfico de drogas en EE. UU. No sólo eso: desde hace varios años, la Administración Estadounidense para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga los vínculos entre el cartel de los Soles y funcionarios del gobierno venezolano.
La pelea entre la exchavista y el gobierno de Maduro podría revelar muchas verdades que durante años se quedaron en meras sospechas.
Por redacción internacional
