El horror que vivieron 19 personas que murieron calcinadas dentro de dos camionetas en el estado de Tamaulipas, México, comienza a conocerse. La macabra historia no solo conmueve a México, sino también a Guatemala, pues se sospecha que 13 de las víctimas del crimen son migrantes indígenas de una zona rural de ese país centroamericano que buscaban llegar a Estados Unidos.
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Familias de una comunidad indígena en Comitancillo y San Marcos, en Guatemala, están cada vez más seguras de que son sus padres, esposos e hijos, 13 de las 19 víctimas de la primera masacre que se reportó en México en 2021. Según reportes de la prensa local, estas personas partieron rumbo a Santa Anita, a mediados de enero.
Camargo, municipio en donde queda este poblado, es una zona de disputa entre el cartel del Noreste, surgido de Los Zetas, que controla parte de Nuevo León, y el cartel del Golfo, que por décadas ha actuado en Tamaulipas. Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde Guatemala, pero es peligrosa por las bandas que secuestran, extorsionan y asesinan a migrantes.
Y es justo ahí en donde las autoridades buscan explicaciones, pues las camionetas incineradas estaban bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) antes de que les prendieran fuego. ¿Qué pasó? El otro misterio que buscan resolver es por qué uno de los vehículos tenía 113 disparos, pero las autoridades no encontraron un solo casquillo de bala en la escena del crimen.
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Desde un primer momento se sospechó que los muertos eran migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos a través de México, y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) comparó los hechos con la masacre de San Fernando de 2010, en la que fueron asesinados 72 migrantes en la misma región.
El portavoz de seguridad del gobierno de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, afirmó que se investiga la participación de una red de tráfico de migrantes, policía y autoridades migratorias. Este martes, 12 agentes de la policía estatal fueron capturados, según informó el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios. Los acusan de haber participado en el crimen, de homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes.
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Barrios no detalló si los policías perpetraron el asesinato o encubrieron a los asesinos, y explicó que el día de los hechos pasaron por la zona otras camionetas cargadas con migrantes salvadoreños y guatemaltecos en dirección a Estados Unidos.
La prensa reportó que el Instituto Nacional de Migración (INM) también está siendo investigado. La secretaria de la Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, ministerio responsable del INM, afirmó que “decenas de funcionarios” migratorios han sido cesados y denunciados ante la Fiscalía por estos hechos.
“Hemos tenido problemas con muchos de los funcionarios de Migración, precisamente en este tipo de violaciones de derechos y lo tenemos que reconocer para avanzar”, expresó Sánchez Cordero. Justo ayer fueron rescatados 49 migrantes centroamericanos en otro poblado de Tamaulipas, que estaban encerrados en un predio y pedían ayuda a gritos. “Los traficantes no los dejaron pasar por negarse a pagar más dinero del que habían pactado”, señalaron las autoridades.
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México vive una ola de violencia ligada al crimen organizado, especialmente carteles de las drogas que se disputan las rutas hacia Estados Unidos. Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo antidrogas, se han registrado más de 300.000 muertes violentas, la mayoría en hechos criminales, según cifras oficiales.
