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Una reforma al sistema pensional fue la chispa que encendió las más fuertes protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en once años. Las manifestaciones han dejado hasta el momento más de 25 muertos según cifras entregadas por diferentes ONG, y el presidente no tuvo más remedio que echarse para atrás en su decisión.
Miles de nicaragüenses han protestado desde el pasado miércoles en contra de la reforma pensional de Ortega. El meollo del asunto estaba en dos frentes, uno era el aumento de las cotizaciones, que obligaba tanto a empleados como empleadores a contribuir con más dinero al sistema pensional. Otro era una reducción obligatoria del 5 % a las mesadas de los jubilados, destinada, según el gobierno, para cubrir los gastos médicos de las poblaciones vulnerables.
El objetivo era darle oxígeno al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que de no captar más fondos podría entrar en "quiebra", según dijeron portavoces del gobierno sandinista. Pero en vista de los recientes acontencimientos, Ortega anunció este domingo que se "revoca la resolución anterior del 16 de abril pasado, que fue la que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación (de protestas)".
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Entre los que más se opusieron a la nueva reforma estaban las empresas privadas, los pensionados y los estudiantes, quienes han liderado las protestas en las calles y han sido fuertemente reprimidos por las fuerzas militares nicaragüenses. Uno de los temores con la reforma impulsada por Ortega era que al aumentar las obligaciones por parte de los empleadores, estos determinaran prescindir de algunos trabajadores y enviarlos al desempleo.
“Al haber una reforma tan drástica el impacto se va a sentir cuando los empleadores comiencen a destituir o a correr a trabajadores”, dijo Róger Murillo, exgerente de la Superintendencia de Pensiones de Nicaragua, al diario La Prensa de Managua.
Y mientras pasaban los días, la protesta aumentó en su violencia. El viernes se hablaba de 10 muertos, pero para este domingo la cifra aumentó a 27, según cifras no oficiales. Los manifestantes han acusado al Gobierno de no solo reprimir las protestas de la mano de la fuerza pública, sino también de haber convocado a colectivos armados de la Juventud Sandinista.
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Las noticias de los fallecidos han inundado los noticieros y las redes sociales. Estas últimas fueron testigo directo de la muerte del periodista Miguel Ángel Gahona, quien cayó de un disparo en la cabeza mientras transmitía en vivo una de las manifestaciones en la localidad costera de Bluefields. Gahona murió y se ha convertido en un ejemplo de cómo ha escalado el grado de violencia en las calles nicaragüenses.
Algo similar sucedió en Jinotepe, no muy lejos de Managua, donde fuerzas antidisturbios dispararon contra unos 2.000 jóvenes. Además, se han presentado, saqueos a tiendas y supermercados en todo el país.
En un intento por calmar las agitadas aguas, Daniel Ortega había anunciado el pasado sábado por televisión que, junto con los empresarios, revisaría las reformas que han causado la crisis. Pero a pesar de este gesto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), gremio que representa a la empresa privada en Nicaragua, se negó y dijo que no negociaría con el gobierno hasta que cesara la represión contra las protestas en las calles.
“No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones”, afirman los empresarios, que además exigían a Ortega que en una futura mesa de negociación no debían ser ellos los únicos interlocutores, sino que se debía incluir a los jóvenes, a la academia y a la Iglesia católica.
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Sin embargo, Ortega también afirmó que las protestas estaban siendo impulsadas por un sector de la derecha nicaragüense y calificó a los manifestantes de “vándalos”. El presidente calificó a los manifestantes universitarios como “manipulados por la derecha” y dijo que tenían “poco conocimiento de la historia nicaragüense”.
Pero el problema para Ortega, como explica la analista Azahalea Solís, representante del Frente Amplio por la Democracia (FAD), va más allá de un simple descontento por el sistema pensional. “Es claro que las protestas exceden las demandas del Seguro Social”, dijo en declaraciones al diario El País de España.
Para Solís, las protestas de la última semana han demostrado el cansancio del pueblo nicaragüense tras once años de “atropellos y autoritarismo”. “El discurso de Ortega del sábado estimuló a la gente a salir a la calle”, afirma. “La gente está diciendo yo también tengo voz y, además, que hay una agenda larga por discutir, que no se limita al Seguro”, dijo a El País.
Desde el año 2007 el presidente Daniel Ortega ha gobernado de manera ininterrumpida el país centroamericano. Al líder sandinista se le ha acusado desde la oposición de no permitir una transición democrática en su país, que actualmente gobierna de la mano de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de la Nación.
Durante sus once años de gobierno, Ortega ha ejercido gran influencia en todos los órganos de poder y tiene un control casi total sobre la Asamblea Nacional, el poder judicial y el ente electoral.
Pero la ruptura con antiguos aliados como el sector gremial y la Iglesia católica le plantean un nuevo panorama al líder sandinista. Su decisión de reversar la reforma pensional busca sin duda apaciguar las tensiones en las calles, pero solo el tiempo dirá si esto será suficiente para apagar la chispa de la protesta social que exige un cambio en su país.
jmesa@elespectador.com
@JesusMesa
Por Jesús Mesa
