Ayer fue un día histórico para Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que promulgará este viernes la polémica ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones aprobada en el Congreso, desistiendo así de recurrir a un veto o a su revisión por el Tribunal Constitucional, opción que se hacía cada vez más fuerte debido a que el mandatario estaba en contra de su aprobación. Sin embargo, parece un movimiento sensato, teniendo en cuenta que desde hacía semanas multitudes clamaban por aprobar la medida lo antes posible como respuesta a la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
"La decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas", dijo un comunicado de la Presidencia chilena divulgado el jueves al final de la tarde y horas después de una aprobación en el Congreso contundente.
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Ahora bien, la medida sienta un precedente importante, pues en épocas de crisis es lo que muchos otros países están pidiendo, y se suma a Perú y a Australia, que ya permitieron que los ciudadanos hagan uso de una parte de sus fondos pensionales anticipadamente. Ahora el modelo, calificado por la oposición chilena como un sistema que tiene el éxito asegurado, podría servirle a otros gobiernos que tengan que recurrir a este tipo de medidas.
¿Cómo funciona?
El modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por empresas privadas, las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Con esta reforma se establece un mecanismo de retiro parcial anticipado de parte los fondos previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos acumulados en las AFP.
El retiro del 10 % de los fondos será voluntario y se podrá solicitar por una única vez. El plazo para hacerlo será de 365 días desde que la reforma sea publicada en el Diario Oficial, independientemente de si la pandemia de coronavirus se mantiene o ha remitido en ese tiempo.
El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF), que en otras palabras es una unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación, y que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos US $1.270).
El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos us $5.500). En el caso de que el 10 % corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.
Perú, muy cerca
Perú es otro de los países que parece tener todo encaminado para aprobar un proyecto de ley similar. Este jueves la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Congreso aprobó el documento, que todavía debe ser revisado por el Pleno. En pocas palabras, la medida permite que los aportantes inactivos en los últimos 12 meses retiren hasta el 100% de los aportes que han acumulado durante su vida laboral.
La entrega del dinero, como en Chile, se haría por cuotas. Un 34% inicial que se debe liberar en un plazo máximo de 30 días de haber sido aprobado. Luego, antes de los siguientes 60 días un 33% y antes de los 90 días a partir del segundo desembolso el restante. Esto para los aportantes no activos.
Para los activos se entregará un 50% antes de los primeros 15 días y el otro 50% antes de los siguientes 30 días. Aquellos que apliquen para retirar sus fondos pensionales tendrán que pasar una solicitud que no debe tardar más de siete días en tener respuesta.
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El gobierno australiano también reacciona
El gobierno australiano también reaccionó ante la crisis en esta dirección. Hace unas semanas aprobó que los ciudadanos e incluso personas con visa de residencia permanente, puedan retirar hasta $10.000 AUD si han sido afectados económicamente por la pandemia.
Eso sí, algunos analistas afirman que la medida no ha sido usada por todos de la manera más responsable. "Varias personas con las que he hablado que accedieron al dinero no lo necesitaban, pero lo querían simplemente porque no les gusta la jubilación", dijo a 9News Dale Gillham, analista jefe de Wealth Within.
"Mientras que otros han usado el dinero para pagar facturas o reducir la deuda para darse un respiro durante el cierre, tienes que preguntar si esto le está robando a Peter para pagarle a Paul", agregó.
Además, remató: "Realmente aún no sabemos el impacto de eso, pero lo que sabemos es que aquellos que tomaron el dinero estarán peor en la jubilación, lo que no es bueno".
Bolivia sale a exigir
Bolivia es uno de esos países que está pidiendo la aprobación de la medida desde hace unos días. La semana pasada, decenas de bolivianos desafiaron una prohibición de reuniones masivas para exigir que se autorice el retiro de dinero de los fondos de pensiones privados.
En una marcha en la ciudad de Santa Cruz (este), los manifestantes demandaron "que los cesados de sus fuentes laborales por la cuarentena (...) puedan acceder a la devolución parcial de sus aportes administrados por las AFP (administradoras de fondos de pensiones)", dijo Benito Justiniano, uno de los líderes de la protesta, al portal del diario El Deber, de Santa Cruz.
Los manifestantes llevaban cubierto el rostro con mascarillas, de uso obligatorio en espacios públicos. Desde mayo están en el Congreso boliviano dos iniciativas para la devolución parcial y anticipada de esos fondos.
Una de ellas plantea la devolución del 50% de los aportes que gestionan las dos administradoras privadas que operan en el país, y la otra propone una devolución a base de una escala por edades y porcentajes. Los dos proyectos se encuentran todavía en estudio de una comisión económica de la Cámara de Diputados.
Los líderes de los manifestantes advirtieron que si su pedido es desoído por las autoridades podrían comenzar a cortar rutas o convocar a una marcha de protesta hacia La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los dos fondos de pensiones gestionan los aportes de unos dos millones de trabajadores bolivianos.
