Los derechos que el ICE debía garantizarle a Brayan Rayo


Brayan Rayo Garzón, colombiano que se suicidó bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en abril de 2025, en un caso recientemente revelado por la Associated Press, abrió una conversación urgente sobre los protocolos y procedimientos que, según distintas denuncias e investigaciones, no estarían cumpliéndose dentro del sistema de detención migratoria estadounidense.


El caso ocurrió en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia en 2025, período en el que han aumentado las redadas y detenciones de migrantes indocumentados.

Rayo murió con tan solo 27 años en un centro de detención del ICE en St. Louis, luego de pedir reiteradamente hablar con su madre y solicitar ayuda por su estado emocional. De acuerdo con la investigación de Associated Press, el joven escribió una nota en español en la que decía: “Siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí”. Sus solicitudes fueron ignoradas, y menos de una hora después fue encontrado inconsciente en su celda.

La madre de Brayan, Adriana Garzón, habló con Telemundo luego de que se revelaran las imágenes relacionadas con la muerte de su hijo. Allí describió el impacto de revivir lo ocurrido y cuestionó la reacción de quienes estaban encargados de custodiarlo.

“Ver cómo mi hijo tuvo todo el tiempo para hacer tantas cosas en esa celda y no se inmutaron”, dijo. Según recordó, Brayan le había contado que dentro del centro había vigilancia constante. “Él me decía: ‘Uy no, mami, aquí hay cámaras por todos lados’”.

El caso no solo expuso el calvario individual de un migrante bajo custodia estatal, sino también posibles fallas estructurales dentro del sistema de detención migratoria. Desde que Trump asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2025, Associated Press documentó al menos 10 muertes por suicidio entre personas detenidas por el ICE. Según el medio, la cifra supera proporcionalmente el crecimiento de la población detenida, y se basa en un análisis de datos del propio ICE, informes forenses, autopsias y expedientes policiales.

Nueve de esas personas eran hombres hispanos procedentes de distintos países latinoamericanos y la décima era un ciudadano chino. La edad promedio de los fallecidos fue de 32 años. Además, en siete de los 10 casos no existían antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos.

La investigación también concluyó que varios centros de detención habrían incumplido normas fundamentales establecidas por la agencia para el manejo de personas bajo custodia, particularmente en materia de salud física y mental. Frente a los cuestionamientos, el ICE aseguró que brinda atención médica y psicológica integral a las personas detenidas y afirmó que los suicidios continúan siendo “eventos raros” dentro de sus instalaciones. La agencia añadió que, tras encontrar a Rayo inconsciente en su celda, activó los protocolos de emergencia y notificó el caso a las autoridades correspondientes.

Aunque las personas detenidas por el ICE se encuentran bajo custodia migratoria, continúan protegidas por la Constitución de Estados Unidos y por protocolos internos de la agencia. Entre sus derechos están guardar silencio, acceder a representación legal —aunque no gratuita—, conocer los cargos en su contra, tener acceso al debido proceso, comunicarse con familiares y recibir atención médica adecuada.

Milton Toro Márquez, abogado de inmigración de Acevedo Law Firm en Tampa, Florida, aseguró que Brayan debía recibir las mismas garantías básicas que cualquier persona detenida dentro del país. “En el caso de Brayan, él tenía todos los derechos que tendría cualquier estadounidense detenido. Y la verdad es que lo que le pasó cae en manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ellos son los responsables y quienes deberían responder por la injusticia que sufrió ese muchacho, y muchos otros”, afirmó.

El abogado también señaló que el clima actual frente a la migración en Estados Unidos ha profundizado el miedo y la presión emocional sobre quienes enfrentan procesos migratorios. “Los inmigrantes están viviendo un momento demasiado delicado, demasiado estresante y fuerte. No solo quienes están detenidos, sino quienes tienen procesos pendientes viven con miedo constante. Ese no es el sueño americano. Es demasiado triste lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes”, añadió.

Javier Montano Miranda, director de Montano Miranda Law Office en Miami, Florida, explicó que toda persona detenida por el ICE debe recibir una evaluación psicológica dentro de las primeras horas posteriores a su ingreso. Según señaló, en el caso de Rayo la atención habría llegado mucho después del tiempo establecido por los protocolos.

“Por la sobrepoblación de detenidos en los centros de detención, el ICE no tiene ni la logística ni los recursos para poder atender las necesidades de las personas que están detenidas, por algo que ellos mismos están generando, que es la detención excesiva de personas que, de acuerdo con sus cifras, en su mayoría no tienen récord criminal”, afirmó el abogado.

Los protocolos del ICE establecen que toda persona detenida debe recibir una evaluación de salud realizada por personal médico autorizado dentro de las primeras 12 horas de detención. Esa revisión incluye la aplicación de las Preguntas de Detección de Suicidio (ASQ, por su sigla en inglés), una herramienta diseñada para identificar de manera temprana riesgos de suicidio dentro de centros de detención.

Sin embargo, abogados y expertos consultados sostienen que el problema no radica necesariamente en la ausencia de normas, sino en la incapacidad del sistema para aplicarlas de forma consistente. El incremento de detenciones, sumado a la sobrepoblación y a la falta de recursos, estarían deteriorando las condiciones dentro de los centros migratorios.

Damarys Rangel, fundadora y directora ejecutiva de DDHHUNIVERSAL, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos humanos, aseguró que desde distintas organizaciones han identificado patrones recurrentes de abuso dentro de los centros de detención migratoria. “Desde las organizaciones hemos documentado abusos verbales, físicos, hacinamiento, tratos crueles y humillaciones constantes. Todo eso genera consecuencias psicológicas profundas y prolongadas”, afirmó.

Rangel advirtió además sobre el impacto del aislamiento prolongado y el clima político alrededor de la migración en Estados Unidos. “El aislamiento provoca depresión, paranoia y ansiedad. Y cuando todo eso ocurre en medio de discursos políticos que deshumanizan a los migrantes, el daño emocional es todavía mayor”, señaló.

La directora de DDHHUNIVERSAL también recordó que las personas detenidas mantienen derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. “La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a la vida y al debido proceso. Una persona detenida tiene derecho a recibir atención cuando su salud física o mental está comprometida”, añadió.

Moreno cuestionó además el modelo de detención migratoria en Estados Unidos, señalando que muchos de los centros son administrados por compañías privadas que reciben pagos diarios por cada persona detenida. Según explicó, el costo ronda los USD 125 diarios por migrante recluido.

Frente a las denuncias de aislamiento, negligencia médica y maltrato dentro de algunos centros de detención, Montano aseguró que las familias deben buscar representación legal tanto en materia migratoria como, en ciertos casos, en derechos civiles. Recordó además que, a diferencia de los procesos penales, el Estado no garantiza abogados gratuitos en procesos migratorios.

En la misma línea, Milton Toro señaló que las familias pueden acudir a mecanismos judiciales cuando consideran que hubo violaciones de derechos dentro de centros de detención migratoria. “Cuando ocurren violaciones de derechos dentro de centros de detención, las familias deben exigir investigaciones completas y buscar representación legal. Existen demandas civiles que pueden interponerse”, afirmó.

Toro advirtió que el miedo y el desconocimiento dificultan que muchos migrantes denuncien posibles abusos. “El problema es que muchos inmigrantes no conocen sus derechos o tienen miedo de denunciar, porque creen que eso empeorará su situación migratoria. Piensan que si hablan o denuncian serán deportados”, explicó.

“Hay mucha gente que no tiene abogados, que no habla el idioma y cuyas familias tampoco hablan inglés. Eso hace que muchas veces sean atropellados durante su detención”, explicó.

El caso de Brayan puso sobre la mesa otra discusión: la narrativa política y pública que suele presentar a los migrantes detenidos como criminales. No obstante, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la migración irregular no constituye un delito penal, sino una infracción administrativa.

Según explicó el abogado Montano, muchas de las personas detenidas por el ICE enfrentan únicamente faltas migratorias de carácter civil. “Están agrupando bajo el mismo grupo a personas que son criminales y a personas que tienen violaciones estrictamente migratorias”, afirmó.

Montano, por su parte, considera urgente replantear las políticas de detención migratoria en Estados Unidos. Señaló que el sistema no tiene capacidad suficiente para albergar la cantidad de personas arrestadas actualmente y advirtió que la falta de atención psicológica es alarmante.
También propuso alternativas a la detención masiva, como el uso de brazaletes electrónicos y esquemas de supervisión migratoria, que consideró más económicos y humanos que mantener a miles de personas detenidas durante semanas. Según dijo, las políticas actuales están generando “un estado de caos y paranoia para los inmigrantes en Estados Unidos”.


“La detención migratoria no puede convertirse en un castigo ni en un abandono institucional. Cuando una persona pide ayuda médica, psicológica o simplemente hablar con su madre, el Estado tiene la obligación inmediata de proteger su vida. Ese es un derecho humano”, afirmó Rangel.


El caso de Brayan Rayo abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos y la capacidad del sistema para garantizar derechos básicos a las personas bajo custodia estatal. Su muerte ocurrió después de pedir ayuda psicológica y solicitar comunicación con su familia, dos mecanismos que, según los propios protocolos del ICE, deberían formar parte de la protección mínima para cualquier persona detenida.

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