Los indígenas marchan a Quito

“¡Allá vamos, Quito!”, gritaron el domingo pasado cientos de indígenas del sur de Ecuador al emprender una caminata de 800 km que partió desde la región amazónica, en la frontera con Perú, en rechazo al gobierno de Rafael Correa, y que pretende unirse el 13 de agosto a una huelga general convocada por sindicatos, grupos y políticos de oposición.

Una de las principales exigencias tanto de los indígenas que marchan hacia la capital como de los otros sectores que convocaron a la huelga general, es el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato en 2017.

“La Constitución no le permite al presidente ir a una reelección indefinida. Si quieren ir a una reelección indefinida (...) tienen que llamar a una consulta popular”, dijo Salvador Quishpe, líder indígena de la provincia de Zamora Chinchipe, de donde partió la marcha indígena.

Como hicieron en las protestas masivas del año pasado, los indígenas también exigen que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.

La caminata que partió desde el sureste de Ecuador forma parte del “levantamiento” (una protesta progresiva sin armas) anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta organización, que en el pasado contribuyó a la caída de varios presidentes a través de sus masivas manifestaciones, ya ha tratado de levantarse contra Correa, pero sus intentos no han hecho ceder al gobierno en asuntos significativos. Según Jorge Herrera, presidente de Conaie, el 10 de agosto se producirá la declaración del “gran levantamiento de los pueblos del Ecuador”, que se traducirá en manifestaciones en diferentes partes del país, si bien dentro del sector indígena existen grupos que apoyan al gobierno y han anunciado que no secundarán las movilizaciones.

Correa ha calificado el paro de “ilegal” e “ilegítimo”. “Tienen el derecho a marchar, no tienen el derecho a paralizar el país”, dijo el presidente en alusión a eventuales bloqueos de vías el domingo pasado. El lunes llamó a quienes lo apoyan a “defender las carreteras”, reiteró sus críticas a los sectores que convocaron al paro en rechazo al gobierno y aseguró que estos “no tienen el apoyo, ni la legalidad, ni la legitimidad para desestabilizar a uno de los gobiernos más populares de la historia, por eso recurren a la violencia y a intentar crear pánico financiero”.

En todo caso las protestas, que se iniciaron el pasado 8 de junio han provocado, según el propio presidente Correa, una “difícil crisis política”. Dicha crisis es grande, porque no sólo hay rechazo por parte de los indígenas (que representan un 7% de los 16 millones de ecuatorianos), sino que en los empresarios, organizaciones de derecha, sectores pudientes y de la clase media también se ha desatado la ira con las políticas que impulsó el presidente, relativas a la redistribución de la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y a la plusvalía.

“¡Allá vamos, Quito!”, gritaron el domingo pasado cientos de indígenas del sur de Ecuador al emprender una caminata de 800 km que partió desde la región amazónica, en la frontera con Perú, en rechazo al gobierno de Rafael Correa, y que pretende unirse el 13 de agosto a una huelga general convocada por sindicatos, grupos y políticos de oposición.

Una de las principales exigencias tanto de los indígenas que marchan hacia la capital como de los otros sectores que convocaron a la huelga general, es el retiro de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso, de mayoría oficialista, incluida una que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, postularse a un nuevo mandato en 2017.

“La Constitución no le permite al presidente ir a una reelección indefinida. Si quieren ir a una reelección indefinida (...) tienen que llamar a una consulta popular”, dijo Salvador Quishpe, líder indígena de la provincia de Zamora Chinchipe, de donde partió la marcha indígena.

Como hicieron en las protestas masivas del año pasado, los indígenas también exigen que se archiven leyes o iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quita poder en el manejo de esos recursos en sus territorios.

La caminata que partió desde el sureste de Ecuador forma parte del “levantamiento” (una protesta progresiva sin armas) anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Esta organización, que en el pasado contribuyó a la caída de varios presidentes a través de sus masivas manifestaciones, ya ha tratado de levantarse contra Correa, pero sus intentos no han hecho ceder al gobierno en asuntos significativos. Según Jorge Herrera, presidente de Conaie, el 10 de agosto se producirá la declaración del “gran levantamiento de los pueblos del Ecuador”, que se traducirá en manifestaciones en diferentes partes del país, si bien dentro del sector indígena existen grupos que apoyan al gobierno y han anunciado que no secundarán las movilizaciones.

Correa ha calificado el paro de “ilegal” e “ilegítimo”. “Tienen el derecho a marchar, no tienen el derecho a paralizar el país”, dijo el presidente en alusión a eventuales bloqueos de vías el domingo pasado. El lunes llamó a quienes lo apoyan a “defender las carreteras”, reiteró sus críticas a los sectores que convocaron al paro en rechazo al gobierno y aseguró que estos “no tienen el apoyo, ni la legalidad, ni la legitimidad para desestabilizar a uno de los gobiernos más populares de la historia, por eso recurren a la violencia y a intentar crear pánico financiero”.

En todo caso las protestas, que se iniciaron el pasado 8 de junio han provocado, según el propio presidente Correa, una “difícil crisis política”. Dicha crisis es grande, porque no sólo hay rechazo por parte de los indígenas (que representan un 7% de los 16 millones de ecuatorianos), sino que en los empresarios, organizaciones de derecha, sectores pudientes y de la clase media también se ha desatado la ira con las políticas que impulsó el presidente, relativas a la redistribución de la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y a la plusvalía.