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La detención del presidente de elPeriódico, de Guatemala, José Rubén Zamora, es el más reciente motivo de alarma frente a la administración de Alejandro Giammattei, no solo en el país, sino por parte de la comunidad internacional. Zamora, líder de un medio de comunicación que ha sido crítico con el gobierno de Giammattei, fue arrestado el viernes pasado en su lugar de residencia, en tanto que la sede del periódico fue allanada y las cuentas bancarias del mismo diario, congeladas.
La Fiscalía afirma que Zamora, de 65 años, es señalado de lavado de activos, chantaje y tráfico de influencias en su calidad de empresario, es decir, nada que ver con su labor periodística. Sin embargo, a los ojos de la prensa y organizaciones internacionales es evidente que la detención, a la que se ha respondido con manifestaciones en las calles, es una afrenta para la democracia y las libertades.
"Los ataques al diario El Periódico y la detención de Zamora son acciones de un estado autoritario que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", dijo la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, señaló que el allanamiento y el embargo contra el diario permiten "presumir que el gobierno de Guatemala busca silenciar a ese medio, caracterizado por sus denuncias contra la corrupción".
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Incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, ha enviado un mensaje al respecto. Stéphane Dujarric, su portavoz, dijo que Guterres "recuerda que la libertad de expresión y de prensa desempeñan un papel fundamental en las sociedades democráticas. Pide que se respeten los derechos humanos y se garantice el debido proceso".
Para el medio que lidera y el gremio periodístico, la detención de Zamora es una represalia por las publicaciones que han denunciado corrupción en el gobierno de Giammattei, así como de la fiscal general, Consuelo Porras. Esta funcionaria había sido incluida en la lista de personas consideradas corruptas y antidemocráticas por parte de Estados Unidos, por lo que su designación en el cargo por cuatro años más fue criticada por Washington.
“Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en mayo pasado. Por esos comentarios, Giammattei descartó de entrada su participación en la Cumbre de las Américas. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir”, dijo el mandatario en ese momento.
A la lista Engel, como se denomina el listado estadounidense, recientemente se sumó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, considerado cercano a la fiscal general. Es Curruchiche, precisamente, quien ha sostenido que a Zamora, quien al cierre de esta edición se preparaba para finalmente comparecer ante un juez, se le acusa de los delitos mencionados.
No es un hecho aislado
La detención no sería un hecho aislado en un país que ha experimentado un deterioro en el respeto a los derechos humanos y las condiciones para la administración de justicia, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han contabilizado al menos 24 funcionarios de justicia (fiscales y jueces) que han tenido que salir de Guatemala desde 2018, con mayor frecuencia en los últimos meses, por temor a represalias por sus acciones anticorrupción.
Para la profesora Simona Yagenova, de Flacso Guatemala, el deterioro no es algo casual ni coyuntural, sino el resultado de un proceso de años, llevado a cabo por “sectores oligárquicos” que han buscado restablecer un sistema autoritario en el país, con mayor intensidad desde 2012. Es decir, en por lo menos tres gobiernos con “poderes similares” detrás. El proceso, agrega, ha implicado “esfuerzos para debilitar los grupos que cuestionan el sistema” o ejercen un contrapeso, como la prensa, funcionarios del Estado, entre otros.
Guatemala está en el puesto 150 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción. Para Yagenova, en medio del complicado panorama hay elementos esperanzadores, como las movilizaciones ciudadanas que se han visto desde 2015 (aunque no de forma continua ni homogénea), por parte de personas que no necesariamente pertenecen a movimientos que históricamente se han organizado, como los estudiantes, los indígenas, los maestros, entre otros.
Según la académica, podría hablarse incluso de una “transición hacia nueva etapa política” en el país, marcada por nuevas y más críticas participaciones ciudadanas, en un entorno de hastío multicausal en lo político y económico. Incluso, Yagenova habla de pequeños, medianos y jóvenes sectores empresariales que aspiran a un cambio que, no obstante, se antoja difícil pues, agrega, las élites mencionadas tienen también influencia sobre la banca, los servicios, los canales de exportación, entre otros. Esas fisuras, a pesar de todo, son para la profesora “buena señal”, pues potencialmente “implican costos políticos para la élite”.
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