Una veintena de muertos en poco más de una semana, en atentados ocurridos en Cauca y Valle del Cauca, tienen en alerta máxima a Colombia por el recrudecimiento del conflicto en la zona. En medio de todo esto, la búsqueda de los responsables tiene una primera hipótesis, que fue lanzada por el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando pidió el lunes en la noche investigar si “los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador”.
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Según afirmó, los grupos armados que hacen presencia en el Cauca buscan “que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador”. La cuestión es que, al decir esto, no solo se aborda la crisis humanitaria del suroccidente del país, sino que se la enmarca en una disputa transnacional que toca los límites de lo político y lo diplomático, aunque se trate solo de una hipótesis. Hablar de esa posibilidad es también hablar de una crisis de seguridad binacional que ha tenido episodios como los presuntos ataques desde Ecuador en marzo y acusaciones como la de Daniel Noboa de que Colombia no está haciendo lo suficiente en la materia.
Sin embargo, y para enfocar el asunto, ¿qué tanto asidero tiene esa hipótesis? Todos los expertos consultados para este análisis concuerdan en lo siguiente: no es descartable, pero los bemoles y peros para que este sea un argumento que se sostenga son muchos. Para Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una de las principales ideas que hay que tener en cuenta es que las redes “no conocen fronteras”.
“Ellos (las disidencias, grupos como el de Iván Mordisco), por supuesto, operan en redes y mantienen enlaces con grupos criminales en varios países. Podría ser, pero no sé por qué tendrían que importar explosivos desde Ecuador cuando ya hay suficientes dentro de Colombia”, comenta. También coexisten con otros grupos criminales, como, por ejemplo, las pandillas ecuatorianas, con las que Noboa está en una guerra declarada desde que asumió la presidencia en 2023, o carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa o el cartel Jalisco Nueva Generación, grupos de vasta presencia en territorio ecuatoriano.
Javier Flórez, director de la ONG Ideas para la Paz, plantea la misma idea de insumos de fácil acceso en territorios con presencia de grupos armados tan fuertes como el Cauca. En la práctica, no habría necesidad de hacer una logística tan grande como traerlos desde allá, teniendo en cuenta la disponibilidad local. Lo compara con recursos como el mercurio, cuya trazabilidad es más fácil de establecer cuando proviene de Bolivia.
“Puede obedecer a unas narrativas que el presidente está tratando de instaurar, pero que no se compadecen con lo que vemos en el territorio. Es decir, evidentemente las conexiones transnacionales de las economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, pero también, por ejemplo, del contrabando e incluso de fenómenos de reclutamiento, son claras y son un fenómeno cada vez más transnacional. (...) Pero que eso evidencie necesariamente que todos los acontecimientos en materia de uso de explosivos vengan de Ecuador se nos hace un poco extraño y paradigmático”, explica Flórez.
En ese contexto, más que plausible, la hipótesis resulta poco necesaria para explicar el atentado. Además, hechos como la captura en Palmira este martes de José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, hacen que el atentado se enmarque aún más en las disidencias de las FARC. A Vitoncó lo señalan como cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos y como presunto responsable del ataque en el norte del Cauca.
Pero, volviendo a la hipótesis, ¿qué tan fácil puede resultar seguirle el rastro al material explosivo hasta Ecuador? Más allá del principal rol que tendría la Fiscalía General de la Nación en la investigación, Flórez duda que sea fácil hallar, ya sea vía inteligencia militar o judicial, material que evidencie que la producción de esos explosivos provenga del país vecino. Ideas para la Paz cuenta con trabajo de campo en estos territorios, y el director es enfático en reiterar que “la evidencia que tenemos hoy no nos permitiría afirmar que ese tipo de conexiones sean necesarias”.
Pero, incluso si esa hipótesis no se sostiene, hay otra pregunta más de fondo: ¿tiene sentido intentar explicar estos hechos en términos de fronteras nacionales? Traer a colación a Ecuador en un asunto como el del norte del Cauca —con una relación que, especialmente en lo que va de 2026, ha sido altamente tensa— implica considerar varios elementos.
El último de ellos, el llamado a consultas de ambos embajadores tras las declaraciones de Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como “preso político”, pese a enfrentar varios casos de corrupción. Esto intensificó los aranceles recíprocos que comenzaron tras las acusaciones de falta de cooperación en seguridad. A esto habría que sumar las revelaciones del fin de semana hechas por medios ecuatorianos sobre supuestos contactos del gobierno Petro con alias Fito, líder de Los Choneros, mientras se encontraba prófugo, antes de ser extraditado en 2025 a Estados Unidos. Las publicaciones fueron hechas días después de que Daniel Noboa acusó a Petro de haberse reunido con personas vinculadas a Fito durante su paso por Manta el año pasado.
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Renato Rivera, analista y experto en seguridad ecuatoriano, asegura que existe “un ecosistema criminal interdependiente que depende de las oportunidades que ofrece el entorno criminal en una zona, pero también de ciertos contextos políticos. Los grupos criminales se suministran de diferentes productos e, inclusive, de servicios criminales que se brindan dependiendo de las oportunidades que se tienen en la frontera entre Ecuador y Colombia (...) No quiere decir que un país exclusivamente esté proveyendo de esta actividad y que todo salga exclusivamente de Ecuador, porque su rol es más de país de tránsito”.
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Por Hugo Santiago Caro
