Los gobiernos de América Latina han estado marcados por un fuerte presidencialismo y pocas veces unas elecciones legislativas llaman la atención de toda la región. En el atípico caso de Venezuela, sin embargo, estos comicios fueron casi tan importantes como los presidenciales. La razón: en un país donde la democracia se ha puesto entre comillas, y con esto la independencia de sus cinco poderes públicos, la Asamblea Nacional enfrenta enormes retos para restablecer su papel de representar al pueblo, legislar en su beneficio y servir de contrapeso y control al Ejecutivo.
En dieciséis años de gobierno chavista la Asamblea Nacional venezolana ha perdido buena parte de su credibilidad. Internacionalmente, la percepción general es que ésta no funciona como un parlamento, sino como una rama del Ejecutivo. El excesivo presidencialismo y el abuso por parte del jefe de Estado de las potestades que tiene a su disposición han generado una imagen muy desfavorable de la Asamblea y, en general, de la independencia de poderes en la democracia venezolana.
Esta percepción se ha acentuado por los escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico que rodean al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, un diputado perteneciente al chavismo. Cabello ha sido acusado, entre otras cosas, de ser la cabeza del Cartel de los Soles, una red regional dedicada al narcotráfico. Además, para muchos observadores internacionales resulta inverosímil que el presidente del Parlamento de un país democrático tenga un programa de televisión llamado Con el mazo dando, en el cual aparece, mazo en mano, defendiendo a ultranza al partido gobernante y la Revolución Bolivariana, y profiriendo insultos o declaraciones estigmatizantes contra la oposición o los críticos del chavismo a nivel internacional. Después de Cabello, el nuevo presidente de la Asamblea se posesionará el 5 de enero de 2016.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) de 2014, que comprende 9 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay), evaluó la transparencia en la aprobación de leyes, el acceso a la información pública, la transmisión de debates y otras regulaciones para conocer los estándares de transparencia que existen en los congresos o asambleas de Latinoamérica. El promedio del índice es 40% y Venezuela quedó en el último lugar con 21%.
Entre las causas de la baja calificación está la falta de resultados en la labor propia del Congreso, la poca transparencia presupuestaria y administrativa y los escasos mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas. Además, la poca publicación de documentos oficiales y el incumplimiento del reglamento vigente del Parlamento son los principales factores que influyeron para que la Asamblea Nacional quedara como la menos transparente en 2014.
En la presentación de dicho informe, a finales del año pasado, se concluyó que el Poder Legislativo en Venezuela existe en la ley, pero no en la práctica, porque no cumple sus funciones elementales. Esto se debe en gran medida a que ha cedido sus funciones legislativas al presidente, a través de leyes habilitantes que desde el año 2000 le permitieron a Hugo Chávez, y ahora a Nicolás Maduro, gobernar por decreto y cambiar leyes fundamentales del país.
El primer reto que enfrenta la Asamblea, entonces, es restablecer la independencia y autoridad de ese Poder Legislativo, que debe concretar las luchas del pueblo por tener leyes que lo beneficien, por tener representación, voz y voto. Como ha dicho el consultor político venezolano Édgar Gutiérrez a medios venezolanos, un reto muy claro en este sentido es “devolverle a la Asamblea sus funciones más importantes como legislar y no ceder esas competencias con el otorgamiento de leyes habilitantes; controlar al Poder Ejecutivo y ser el equilibrio de la balanza; es preciso hacer audiencias públicas e interpelaciones, y discutir y no evadir temas de interés nacional e internacional”.
Este restablecimiento de la Rama Legislativa será fundamental, teniendo en cuenta que la nueva Asamblea tendrá en sus manos elegir el 100% del nuevo poder electoral, es decir, los cinco rectores y sus suplentes del también cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, la Asamblea tendrá la potestad de renovar parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), otro órgano ampliamente criticado por su actuación favorable al chavismo, y particularmente por permitir el encarcelamiento de opositores políticos.
El segundo reto de la Asamblea es legislar en materia económica. Las decisiones tomadas durante los años de gobierno chavista, sin mayores obstáculos en el Parlamento, han terminado por paralizar el sector privado y el aparato productivo nacional, y convertir al país en un monoexportador de petróleo. El 96% de las divisas que entran a Venezuela vienen del petróleo y quedan en manos del Estado. Esta dependencia de un recurso que no ha sido administrado de la manera más productiva, hace que hoy Venezuela enfrente un oscuro panorama económico.
Mientras el Parlamento aprobó sistemáticamente los créditos adicionales con los que el Ejecutivo ha pagado buena parte de sus programas sociales, que representan alrededor del 50% del presupuesto de la nación, no se tomaron las medidas necesarias para hacer del modelo socialista algo sostenible. A diferencia de otros países productores que aprovecharon los años boyantes del petróleo para consolidar fondos de ahorro, diversificar su economía y reinvertir en su industria petrolera para hacerla más productiva, Venezuela tomó la dirección contraria: no se diversificó, destinó las ganancias a masivos programas sociales, vendió el crudo por debajo del precio real a países aliados de la región y no reinvirtió en su propia industria.
Con esto la producción cayó y ahora que el precio del barril está por el piso, Venezuela se ve en aprietos para garantizar la sostenibilidad de dichos programas sociales, y para lograrlo depende en gran medida de los préstamos internacionales, sobre todo por parte de los chinos.
Como consecuencia de la parálisis económica estructural se ve, además, la extrema devaluación del bolívar, la hiperinflación, especulación de precios y el desabastecimiento. El reto de la Asamblea es legislar para recuperar la estructura del aparato productivo nacional y empezar a salir de la crisis. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), exhortó antes de las elecciones a la nueva Asamblea Nacional a “voltear la economía”.
Señaló que Conindustria se ha reunido con instancias de trabajadores, científicos, estudiantes, empresarios y consumidores para articular un plan de políticas públicas para tener una propuesta legislativa que será presentada a la nueva Asamblea Nacional. Además, dijo que es necesario tener un plan de reindustrialización nacional, porque la industria manufacturera pasa por momentos inéditos debido al proceso de desindustrialización que comenzó en el año 1999, cuando el chavismo llegó al poder. “En 1997 teníamos cerca de 12.700 empresas industriales y en este momento estamos cercanos a las 5.500”.
Olalquiaga aseguró, además, que de no cambiar el rumbo económico del país, durante el primer trimestre de 2016 la crisis en el sector industrial se agudizará: “En la medida en que no se tomen las acciones necesarias para dar un giro, no habrá posibilidades de empezar a pagar las deudas con los proveedores internacionales para empezar a traer materia prima y poner las empresas en marcha”.
