El informe titulado Bombardeados, sin derecho a la defensa, publicado en el portal web del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), recoge los nombres y parte de las historias de 18 víctimas mortales de la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra supuestas narcolanchas. Muchos de ellos, de acuerdo con el documento realizado a partir de un esfuerzo periodístico transnacional, eran humildes habitantes de territorios costeros que vivían del rebusque para sostener a sus familias.
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Eduardo Jaime, conocido como Pichirilo, era un jugador de fútbol de sala en la ciudad venezolana de Güiria, según corroboraron reporteros de la Alianza Rebelde Investiga. Él cayó muerto en uno de los ataques estadounidenses. Unos allegados suyos confirmaron que viajaba en la lancha bombardeada el 14 de octubre de 2025. “Era muy buena gente”, comentó una de sus amigas.
En esa misma lancha viajaban Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos trinitenses cuyos parientes le reclaman al gobierno de Donald Trump por sus ejecuciones extrajudiciales. De hecho, ellos presentaron una queja legal en enero pasado ante una corte federal de Massachusetts, buscando ser indemnizados por daños y perjuicios. Según reportó el medio Trinidad & Tobago Guardian, miembro de la alianza de la investigación, Joseph era conocido por ser pescador. Su madre, en medio del dolor, aseguró que “la ley no consiste en matar a personas. Donde sea que estés, no debes matar a personas así”.
Por su parte, la hermana de Samaroo argumentó que él era un hombre trabajador que había pagado su deuda con la sociedad (tras 15 años de cárcel por asesinato) y solo intentaba recuperarse y ganarse la vida dignamente en Venezuela criando vacas y cabras para ayudar a mantener a su familia. Así lo hizo saber la Asociación Americana de Derechos Civiles (ACLU) a través de un comunicado: “Si el Gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debió arrestarlo, acusarlo y detenerlo, no asesinarlo. Deben rendir cuentas”. Los parientes de ambos aseguraron que ninguno de los dos llevaba drogas, que eran ciudadanos corrientes que estaban regresando a sus casas en Las Cuevas, en Trinidad, después de trabajar en Venezuela.
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Dentro del grupo de las personas que fueron asesinadas en medio de la ofensiva estadounidense también hay unos colombianos. Las autoridades nacionales identificaron a Adrián Lubo, de Riohacha (Guajira), como una de las víctimas del bombardeo del 4 de mayo de 2026. “Era un monstruo en el agua. Un gran capitán”, dijo una persona que lo conocía a la alianza que llevó a cabo la investigación.
Alejandro Andrés Carranza Medina, del mismo departamento del norte colombiano, murió en septiembre de 2025. Él era pescador de atún y marlín. Su familia, que ha recibido amenazas, según su abogado, quedó con dificultades económicas tras su fallecimiento. El connacional José David Torres Hurtado, en cambio, está en la Unidad de Quemados del Hospital San Juan de Dios, en San José. Los ecuatorianos Carlos Manuel Rodríguez Solórzano y Pedro Ramón Holguín Holguín también fueron identificados entre los muertos tras el bombardeo del 19 de marzo. Este último tenía una denuncia por almacenamiento ilegal de combustibles, pero no fue juzgado.
Además de las historias, la investigación periodística también concluyó que “los golpes de misil pueden ser más espectaculares y violentos que la silenciosa interceptación e incautación regular que el presidente Trump venía denigrando como inútil, pero no por ello es más eficaz”. Washington ha perpetrado ataques contra 58 embarcaciones, y eso ha resultado en el asesinato de 179 personas, bajo el argumento de que interceptar lanchas no ha funcionado y que por eso se tienen que bombardear. Sin embargo, la Operación Zeus, que contó con la coordinación entre Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, llevó al arresto de dos tripulantes y a la incautación de 448 kilos de cocaína. No hubo ni un solo muerto.
Ese no ha sido el único caso: una investigación del CLIP siguió las interdicciones regulares de lucha antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico que realizaron entidades estadounidenses en cooperación con países europeos y latinoamericanos, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y encontró que gracias a esta cooperación internacional se pudieron decomisar, sin necesidad de disparar, al menos 140 toneladas de cocaína y detener a 160 tripulantes, quienes luego fueron entregados a la justicia.
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