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Más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en todo el mundo en los últimos 11 años, según el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de Naciones Unidas, que finalizó su primera visita a Colombia.
Es el primer dato aproximado conocido sobre el reclutamiento de militares colombianos a las distintas guerras que se libran en tiempo real en todo el mundo, que, según los hallazgos preliminares del grupo, incluye la presencia de estos efectivos en la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Asimismo, “son contratados para participar en operaciones de crimen organizado, especialmente en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos”, según reveló la presidenta del grupo de trabajo, Michelle Small.
Desde El Espectador revelamos que empresas como Global Qowa Al Basheria S. A. S., de la que son responsables los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batte, difunden a través de redes sociales cómo han llegado a enviar incluso hasta 100 militares colombianos al exterior por mes.
Conozca la investigación completa en este enlace: La empresa de dos coroneles (r): así reclutan a exmilitares en Bogotá para ir a Rusia.
Al ser cuestionada sobre cómo llegaron a estas cifras, Small respondió que: “Tiene en cuenta las diferentes categorías: voluntarios, contratistas, mercenarios y, cada vez más, aquellos reclutados mediante prácticas depredadoras (...) Una parte importante de la misión consiste en recopilar diversas fuentes de datos e información de diferentes partes interesadas, las cuales analizaremos y verificaremos durante los próximos meses”.
A grandes rasgos, las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo revelaron información en parte conocida a través de medios de comunicación, como que existen militares colombianos involucrados en crímenes de lesa humanidad, como el entrenamiento militar de menores de edad en el conflicto de Sudán. Asimismo, hicieron énfasis en lo que llaman “prácticas depredadoras”, como personas que son llevadas a zonas de conflicto mediante engaños y, una vez allí, eran forzadas a combatir.
“Mi esposo estaba trabajando en Polonia; estuvo dos años cuidando una fábrica, o una mina, cambiaba. Y de repente me dijo: ‘No, amor, estoy en Rusia, estoy con las fuerzas especiales de Rusia’”, reveló a El Espectador una de las esposas de estos militares. Según el Grupo de Trabajo, son más de 600 las familias que están en búsqueda de sus familiares.
Al respecto, Joana De Deus Pereira, miembro del grupo, precisó que “este número (los 10.000 militares) puede ser mayor o aún menor, y por eso es tan importante verificar con mucha precisión los datos que nos llegan, verificar las historias y hacer una línea cronológica que nos pueda dar una trazabilidad, no solo de los hombres, sino también, muchas veces, de cómo cambia su estatus. Muchos de ellos pueden salir como voluntarios y, quizás, en medio de su trayectoria pueden cambiar a otra condición: pueden llegar a ser mercenarios o pueden llegar a ser víctimas de trata de personas”. Pereira calificó a los militares colombianos como unos de los más calificados del mundo en esa industria.
Las estimaciones de la ONU cifran entre USD 2.000 y 6.000 las ofertas habituales para estos militares colombianos, dependiendo del rango de su carrera militar. Esto contrasta con el promedio de pensión de un militar en retiro que reciba el salario mínimo, unos dos millones de pesos mensuales (USD 500).
El Grupo de Trabajo expresó preocupación por el papel de algunas empresas de seguridad privada en la expansión del reclutamiento de colombianos para conflictos en el exterior y por las debilidades en su supervisión. Señala que, aunque el sector está regulado, persisten vacíos que facilitan que intermediarios y compañías participen en procesos de contratación poco transparentes o insuficientemente controlados, incluso con posibles vínculos con redes transnacionales de criminalidad.
También advierte sobre la magnitud del sector: más de 1.300 empresas de seguridad, con más de 400.000 empleados, y la existencia de por lo menos 60.000 armas sin licencia en circulación vinculadas a actores de seguridad privada o armados. Esto, señala, plantea riesgos en materia de derechos humanos. Para el Grupo de Trabajo, la expansión de estas empresas responde en parte a las limitaciones del Estado para cubrir necesidades de seguridad, lo que refuerza la urgencia de mejorar los mecanismos de control, la rendición de cuentas y la regulación efectiva de sus actividades. Asimismo, señalan que el Estado colombiano es el principal contratista de estas empresas.
Cabe destacar que la delegación estuvo en el país por invitación del presidente Gustavo Petro. El Grupo destacó la acción gubernamental con la aprobación de la Ley 2569, que ratifica la convención internacional contra el mercenarismo de 1989, y los avances institucionales en derechos humanos y reintegración tras el acuerdo de paz de 2016.
Las conclusiones finales de la investigación deberán ser presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre.
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Por Hugo Santiago Caro
