Con 87 años, el ex presidente de boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada irá a juicio en EEUU por una masacre cometida hace 15 años, los mismos hechos violentos que catapultaron la llegada de Evo Morales al poder.
En Bolivia, “La guerra del gas” es el nombre de las revuelatas populares que en 2003 le pusieron fin a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y a una época de gobiernos neoliberales en Bolivia.
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El descontento contra Lozada, quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos en su segundo período. Su segundo periodo en la presidencia solo duró solo un año, hasta el 17 de octubre de 2003.
Ese día, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el proyecto de exportación de gas. El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y ordenó reprimir.
El Center for Constitutional Rights (CCR), una ONG con sede en Nueva York y encargado de representar a algunos familiares de las víctimas, alega que los exgobernantes utilizaron la fuerza militar para suprimir las protestas populares que tuvieron lugar en la llamada "Guerra del gas".
"en total masacraron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras”, afirman voceros del CCR.
Después de dimitir, Lozada huyó hacia hacia Estados Unidos, ante un panorama que colocaba a Bolivia a las puertas de una guerra civil. Lo sucedió su vicepresidente Carlos Mesa.
-¿Qué viene para Lozada?-
El ex presidente boliviano será sometido a juicio en Estados Unidos por su supuesto papel en la masacre de más de 50 bolivianos durante la oleada de protestas populares de 2003.El juicio a Sánchez de Lozada y su entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada "masacre de octubre" comenzará el 5 de marzo ante el juez James I. Cohn en el tribunal federal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, y se prolongará dos semanas, según documentos judiciales.
Los demandantes, familiares de bolivianos muertos en la alegada masacre, buscan indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de ambos políticos por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003", señala la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, que durante años ha solicitado sin éxito la extradición de Lozada, celebró la noticia.
"No va a quedar impune ese crimen (...) lo van a enjuiciar por las muertes del año 2003, por la represión, por las muertes de nuestros hermanos", dijo el vicepresidente Alvaro García en un acto frente a campesinos en Calamarca.
Por su parte, Teófilo Baltazar Cerro un aymara que dirigió las protestas, también se mostró satisfecho al saber que "el ex presidente y su ministro de Defensa ahora tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó".
- Primer juicio de DDHH -
De acuerdo a un comunicado de la CCR fechado el martes, el juicio será "la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos".La demanda civil se basa en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS por sus siglas en inglés) y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA).
La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadounidenses por un delito cometido fuera de ese país, si ese delito es una violación de las leyes de la nación o de un tratado específico del que Estados Unidos es signatario.
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La segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadounidenses en contra de personas acusadas de haber cometido o auxiliado e incitado actos de tortura o ejecución extrajudicial.
Entre los demandantes están Cerro, cuya esposa embarazada y el hijo que gestaba fallecieron por una bala que atravesó la pared de su casa, así como Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años murió de una bala que entró a la habitación de la madre a través de la ventana.
Los abogados de Sánchez de Lozada no respondieron solicitudes de comentarios por parte de AFP.
Por AFP - Redacción Internacional
