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La población migrante en Colombia en condición regular está incluida dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con las mismas consideraciones que la población colombiana. Según datos oficiales, hasta el 14 de mayo se habían aplicado 2.064 dosis a venezolanos que están en el país de manera regular, de las cuales 1.452 corresponden a primeras dosis y 612 a segundas dosis.
En febrero, cuando apenas se anticipaba la tercera ola de la pandemia en el país, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó que con cooperación internacional se estaba diseñando un plan de vacunación para la población migrante en situación de irregularidad. Aclaró que para estos migrantes está destinado un número de vacunas por el mecanismo COVAX, que ha repartido vacunas a más de cien países del mundo y distribuye un porcentaje de las dosis a la población migrante.
Y es que, como mencionó Felipe González Morales, relator especial de la ONU para los derechos de las personas migrantes, “nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros”, por lo que llamó a que, “independientemente del estatus migratorio, todos sean incluidos en un plan de vacunación”. Una tarea compleja en países de América Latina en donde la vacunación avanza lentamente. Por eso, mientras llegan las dosis y se inmuniza a la población, es necesario tomar medidas urgentes.
El tercer pico de la pandemia en Colombia está dejando cifras preocupantes: solo el 19 de mayo, según datos del Ministerio de Salud, se presentaron 16.579 nuevos casos de COVID-19, con lo que la cifra de contagios totales de coronavirus en el país se elevó a 3’161.126. Se reportaron 452 fallecimientos más por el virus, elevando la cifra de muertes a 82.743.
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Autoridades sanitarias advierten que las aglomeraciones, los buses repletos y otras circunstancias que se generaron por cuenta del paro pueden potenciar los contagios. Por lo que piden tomar medidas para tratar de bajar la presión sobre un sistema de salud que está al borde de su capacidad. “Hoy estamos entre el 92 % y el 94 % de ocupación de unidades de cuidados intensivos en la capital colombiana. Tenemos también una saturación muy alta en Cundinamarca, Boyacá y Santander”, expresó el ministro de Salud esta semana.
En América Latina y el Caribe se encuentran quince de los países que tienen las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. Esta región es una de las que se han visto más afectadas por la pandemia, la cual ha causado estragos económicos y aumentado los índices de desempleo, lo que hace difícil que miles de migrantes tomen las medidas necesarias para evitar contagiarse, pues deben enfrentar el empeoramiento de la pobreza y falta de alimentos, entre otros problemas.
¿Qué pasa en Colombia? Las circunstancias de la población migrante no están dadas para que puedan cumplir el aislamiento que viene con cada pico. “Tenemos una situación de inseguridad alimentaria, desempleo y de pobreza tan ardua que, para el caso de los venezolanos en situación migratoria irregular, el trabajo informal e incluso la mendicidad se vuelven la única alternativa. La mayor parte de los migrantes que tenían trabajo antes de la pandemia, se empleaban en el sector servicios que, por la ralentización de la economía producto del confinamiento, ha sido el más afectado. Estamos en un contexto en el que la supervivencia prima sobre la prevención al contagio de COVID-19, tal y como está viviendo una gran porción de los colombianos”, encontró Daniella Monroy, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
De otra parte, a pesar del cierre de fronteras decretado por el Gobierno, los flujos de ingreso y reingreso de migrantes por los pasos ilegales y trochas en zonas de frontera se mantienen. De acuerdo con datos de Migración Colombia, 5.166 venezolanos han ingresado al territorio nacional en lo corrido de 2021.
“Con el confinamiento que tuvimos a mediados de 2020 vimos más de 100.000 retornos, un pequeño porcentaje del total de la población migrante que tenemos en el país. El año cerró con 2,3 % menos migrantes que 2019. En muchos de los casos de retorno, aunque no en todos, se hacía un tamizaje para detectar el virus. Esto fue posible para quienes regresaron a Venezuela en los buses que prestó Migración Colombia, pero muchas personas también han regresado atravesando los pasos informales a pesar del cierre de la frontera. Sin embargo, es importante enfatizar en que gran parte de estos migrantes han vuelto a Colombia nuevamente y lo seguirán haciendo, aunque los puntos fronterizos estén formalmente inhabilitados”, agrega Daniella Monroy.
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La importancia del registro migratorio
De acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Salud al diario El País de España, el COVID-19 no ha impactado de forma focalizada a los venezolanos: ni en contagio, ni en muerte. Al 21 de julio de 2020, la incidencia del contagio del virus en migrantes era menos de un cuarto del total de la incidencia en la población colombiana.
“Pero estos datos no son determinantes. Sabemos que la mayoría de migrantes no tienen cobertura de salud y no tienen pleno acceso a las pruebas que detectan el COVID-19. Igual, que la fluctuación del contagio es alta y que el aislamiento, casi que la única medida probada para evitar el contagio, no es posible para muchos de los migrantes que no tienen vivienda o vivienda fija y/o deben trabajar de manera informal”, sostiene la investigadora del Observatorio de Venezuela.
Pero aquí hay un problema y es que hay pocos datos para determinar qué está sucediendo con esta población, ya que muchos están en situación de irregularidad y es difícil rastrearlos para tener datos actualizados.
El estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos les permitirá acceder a servicios esenciales, entre ellos el sistema nacional de salud y los planes de vacunación contra el COVID-19. La regularización también es fundamental para alcanzar soluciones a largo plazo, como el acceso al mercado laboral, lo que a su vez permitirá disminuir la dependencia de las personas de la asistencia humanitaria, además de contribuir a la recuperación socioeconómica del país tras la pandemia.
“La regularización de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia mediante la muy generosa adopción del Estatuto de Protección Temporal es fundamental para facilitar su integración socioeconómica y el acceso al sistema nacional de salud y las campañas de vacunación contra el COVID-19”, aseguró António Vitorino, director general de la OIM.
El pasado 5 de mayo comenzó el registro de migrantes, primer paso para acceder a la regularización. Hasta el momento, 597.228 migrantes venezolanos se han registrado en el Estatuto.
Las tareas y los desafíos son numerosos, incluso con el estatuto anunciado por el Gobierno colombiano. Tjada D’Oyen McKenna, CEO de la organización Mercy Corps, afirmó en una entrevista reciente con este diario que aplauden la creación de este mecanismo y que a partir de ahora intentan facilitar lo más rápido posible la regularización de los migrantes para la construcción de una sociedad en la que todas las personas aporten.
“No solo hemos apoyado la integración económica y legal, sino social en las comunidades. Esa es la receta para la paz y la sostenibilidad. Queremos que los migrantes sean considerados aliados por los colombianos y necesitamos trabajar con los líderes colombianos para reducir la xenofobia. Eso involucra a líderes de opinión, influenciadores y a todas las personas en general. El COVID-19 ha exacerbado estos problemas por el aumento de desinformación y el deseo que les nace a las personas de culpar a los venezolanos por esto”, dijo.
