El gobierno de Donald Trump está cerrando la Oficina del Ombudsman para la Detención de Inmigrantes (OIDO), una oficina que desde 2021 funcionaba como una defensoría del pueblo y que se encargaba de manera independiente de investigar quejas de ciudadanos migrantes relacionadas con abusos o mala administración de las autoridades. Pese a la gravedad de la medida, esta no ha causado ruido.
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“Es una noticia que salió hace poco, por lo que pocos medios lo han reportado. Solo The Huffington Post y The Hill. En los periódicos grandes no. Es como si El Tiempo y El Espectador no hubieran dicho nada, pero Revista Raya sí”, comenta Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Según le dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a The Huffington Post, la culpa es del Congreso. Al no “incluir fondos específicos” para la OIDO en la recién aprobada Ley de Apropiaciones del DHS, el Legislativo forzará que la oficina deje de existir por falta de presupuesto. Pero Isacson explica que esto es falso.
La OIDO fue creada por un estatuto permanente (Título 6, Sección 205 del Código de EE. UU.) en 2020. Una ley de presupuesto, que es temporal, no puede borrar una oficina que existe por ley permanente. Para cerrarla legalmente, el Congreso tendría que haber pasado otra ley que diga explícitamente “deróguese la sección 205”, cosa que no sucedió. Isacson explica que por eso no se puede cerrar la oficina, por lo que ya hay litigios sobre el paso del Departamento de Seguridad, pero estos podrían durar unos dos o tres años.
Isacson ha explicado que el gobierno está usando el silencio sobre el presupuesto de la la oficina como una excusa ilegal para deshacerse de una organización testigo incómoda, algo en lo que ya estaba trabajando. Durante los últimos meses, en los que se han presentado cierres de gobierno, la plantilla de la OIDO se vio forzada de pasar de 100 empleados a solo cinco, pese a que el aumento en el número de centros de detención demandaba más trabajo.
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La OIDO fue pensada con tres objetivos principales: realizar visitas no anunciadas a las cárceles de inmigración para revisar las condiciones de salud, higiene y seguridad; atender quejas individuales de migrantes sobre uso excesivo de fuerza, falta de atención médica o violaciones a sus derechos; y entregar informes sobre qué tan mal (o bien) están funcionando los centros de detención, sirviendo como un “freno” externo a la opacidad de las agencias de control. Todas estas tareas quedan huérfanas dentro del DHS, a medida de que la escena se vuelve más escalofriante.
“Imagínese una policía o un ejército sin control oficial, sin veeduría. La población migrante se queda sin casi nadie a quién llamar en caso de un abuso. Esto es lo grave. Están casi sin supervisión mientras están lastimando a tantas personas”, señala Isacson.
El cierre de OIDO llega solo días después de que se confirmara la muerte número 18 de un migrante en centros de detención bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Se trata de Denny Adán González, cubano de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Centro de Detención Stewart, de gestión privada, en Lumpkin, Georgia
Si esta tendencia continúa, la agencia podría batir su récord registrado en 2025, marcado como el año más mortífero para la agencia en más de dos décadas con la muerte de 32 personas bajo su custodia. Un estudio reciente reveló que aproximadamente un detenido muere cada seis días.
Si bien las operaciones de OIDO no condujeron a una revelación explosiva sobre el estado de los centros de detención para migrantes como las que sí produjeron investigaciones de la prensa y organismos independientes, su labor era muy importante en el día a día para la población migrante, que encontraba en la oficina una línea para levantar quejas sobre abusos.
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“Si me estaban maltratando, si me negaban la medicina o el agua, la oficina atendía estas denuncias. Las grandes investigaciones las han hecho otras agencias que también están siendo atacadas”, señaló Isacson.
Otros entes, como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, también han sufrido recortes, según Los Angeles Times, otro de los medios que ha seguido de cerca los abusos de ICE. Para Isacson, todo se trata del mensaje que quiere dar el gobierno Trump.
“Esto es algo que busca: quiere que todo el mundo sepa que esto es una pesadilla. Que las personas que tienen casos abiertos de asilo desistan de ellos y se rindan, y se pongan de acuerdo para salir de Estados Unidos. Por eso, hay poco que se pueda hacer hasta que el Congreso haga algo”, dice el director del programa de Veeduría de Defensa de WOLA.
“Está más claro que nunca: ¡las reformas no son suficientes! El Congreso debe DEJAR de financiar al DHS (Departamento de Seguridad Nacional), aprobar mi Ley “Melt ICE” y desmantelar el DHS”, dijo la representante demócrata Delia Ramírez.
Según Isacson, la medida agrega peso a las elecciones de medio término de noviembre, donde demócratas y republicanos luchan por el control del Congreso. Hasta entonces, la población migrante que ha sufrido en centros de detención, que en enero alcanzó un pico de 70.000 personas, ha quedado aún más indefensa.
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