Una fuerza combinada de mil policías y militares asumió el control de los exteriores y pabellones de la cárcel ecuatoriana de Guayaquil donde murieron 68 reclusos en un brutal enfrentamiento el fin de semana, informó el martes la máxima autoridad penitenciaria.
La situación “está controlada. Estamos haciendo las intervenciones dentro de los pabellones”, dijo a la prensa el director del sistema penitenciario (SNAI), Fausto Cobo.
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La fuerza pública ya había intervenido para asegurar el control externo, y este martes completó la operación de ocupación de la cárcel donde chocaron bandas vinculadas con el narco.
De momento, no se han reportado enfrentamientos ni tampoco los presos han ejercido resistencia frente a la acción oficial.
Según Cobo, los militares y policías lograron igualmente llegar hasta las torres que tenían bajo control los presos en rebelión y que “utilizaban para vigilar desde sus pabellones”.
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Al mismo tiempo ocuparon los pasillos o “corredores de la muerte” que conectan los pabellones de la prisión de Guayas 1, donde hay unos 8.500 presos y una sobrepoblación del 60%.
“Estamos trabajando coordinadamente (...) En el borde interno está la presencia de policías y militares en tanquetas que permiten que se hagan las intervenciones dentro de los pabellones”, explicó la autoridad.
El gobierno decidió emplear a los militares y policías para tomar el control de la cárcel donde el viernes los presos de un pabellón invadieron otro con armas de fuego, explosivos y machetes.
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Los choques se extendieron hasta el sábado y dejaron 68 muertos y 25 heridos. Varías de las víctimas fueron mutiladas e incineradas en una acción que el gobierno calificó de “barbarie”.
¿Por qué la crisis carcelaria?
El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que aprobará unas normativas para que la fuerza pública pueda garantizar el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de encarar asuntos como la crisis carcelaria, que el pasado sábado dejó más de sesenta reos muertos en un centro penitenciario de Guayaquil.
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En un mensaje a la nación, el presiente Guillermo Lasso, dijo que para garantizar que “la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios”, se aprobarán “normas para el uso progresivo de la fuerza”, que no explicó.
Algo similar ya fue negado en mayo pasado por la Corte Constitucional, que declaró como ilegal un reglamento para el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de soldados y que fue presentado durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, antecesor de Lasso.
El actual mandatario, que ha recogido muchas de las estrategias de Moreno, manifestó que también atacará la raíz del problema carcelario: las mafias del narcotráfico que intentan controlar el sistema penitenciario.
”Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces” y, por ello, en la normativa penal se propondrá la tipificación del nuevo delito de “autoría por dominio de organización”, por el que los jefes mafiosos “pagarán por los delitos que ordenen cometer”.
Y es que según Lasso, el Estado, en la crisis carcelaria, ya no se enfrenta a delincuentes comunes, sino “a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo, que han visto cómo aquí, hasta hace algunos meses, podían operar sin mayor resistencia”.
