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Miles de bebés podrían salir perjudicados si se aprueba decreto que propuso Trump

Miles de bebés que nacen anualmente podrían verse afectados si se aprueba el decreto para eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía en EE. UU.

Juliana Valentina Vélez

20 de marzo de 2025 - 06:23 p. m.
Una madre migrante le da una muñeca a su hija en la frontera entre Estados Unidos y México.
Foto: EFE - ETIENNE LAURENT
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En su primer día de mandato, el presidente Donald Trump firmó un decreto para eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía que se otorga a quienes nacen en territorio estadounidense, a la luz de la 14.ª enmienda. Las familias migrantes temen que la aplicación de esta medida afecte negativamente a sus hijos.

Según los Archivos Nacionales de EE. UU., este derecho constitucional dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residen”.

¿Qué implicaría la aprobación del decreto, según estadísticas?

En Estados Unidos hay más de 11 millones de migrantes que ingresaron irregularmente o permanecieron en el país tras el vencimiento de su visa, según un informe de Pew Research Center.

Los migrantes más afectados por estas políticas serían los nacionales de México, pues aproximadamente casi una de cada cuatro personas migrantes son mexicanas, según Pew Research Center.

En otro estudio, la misma fuente afirmó que había “alrededor de 250.000 bebés nacieron de padres inmigrantes no autorizados en Estados Unidos en 2016″, el último año del cual se cuenta con registros, según un análisis de datos oficiales. Según CNN, que cita al Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre 2013 y 2024, un promedio de 860.000 bebés nacieron cada año de madres extranjeras.

Dichos datos permiten dimensionar cuantos bebés se podrían ver afectados por las implicaciones de no categorizarse como ciudadanos estadounidenses. La principal dificultad para estos sería cómo acceder a los derechos básicos, como la educación, la salud, entre otros.

De acuerdo con la demanda presentada por asociaciones demócratas, “los niños nacidos [...] carecerán de todo estatus legal a los ojos del gobierno federal” recalcaron que “todos ellos serán deportarles, y muchos serán apátridas”, según CNN.

El desacuerdo con la propuesta de Trump persiste. Una encuesta de NBC News/Wall Street Journal, efectuada en septiembre de 2017, reveló que aproximadamente el 65 % de los estadounidenses opinaba que la ciudadanía por nacimiento debía mantenerse, mientras que solo el 30 % consideraba que debería eliminarse.

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¿En qué estados podrían verse más afectados los migrantes?

Para 2022, la mayoría de los migrantes en vivía en los Estados de California (23 %), Texas (11 %), Florida (10 %) y Nueva York (10 %), según Pew Research Center.

Dos de esos estados, Texas y Florida, que acogen, aproximadamente, al 21% de migrantes (entre la sumatoria de ambos estados), son de tendencia republicana. Ambos se han alineado con la postura de Trump, pues han impartido discursos que plantean duras restricciones en materia migratoria, tema que puede desempeñar un rol importante en caso de ser aprobado el decreto o que puede pesar (políticamente hablando) en el proceso de su aprobación.

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De hecho, en términos políticos, en una encuesta de NBC News/Wall Street Journal, de 2017, se mostró que el 39 % de los republicanos considera que el programa DACA (que protege temporalmente a jóvenes, que llegaron al país siendo niños, de la deportación y les otorga permisos de trabajo, sin proporcionarles un estatus legal permanente ni la ciudadanía) debe ser eliminado, mientras que el 29 % cree que debería continuar.

¿Qué ha pasado en términos legales?

El asunto ha sido abordado por la Corte Suprema, a la cual Trump le ha solicitado poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

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Tribunales de menor jerarquía ya habían rechazado en múltiples ocasiones dicha propuesta. En respuesta, el mandatario sostuvo que estos tribunales estaban asumiendo un rol que no les correspondía, pues, según él, habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que impedían la aplicación de la polémica política. Por ello, el presidente instó a los jueces a restringir el alcance de esas órdenes.

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Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
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