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Argentina vive nuevamente un intento en el Congreso para legalizar el aborto en el país. Esta vez hay una diferencia y es que por primera vez un mandatario, en este caso Alberto Fernández, apoya y promueve la idea. Bajo la consigna “Aborto Legal ya”, centenares de mujeres se concentraron ayer frente el Congreso argentino, al día siguiente de que el presidente envió el proyecto de ley al legislativo. Para los siguientes debates se esperan nuevas manifestaciones.
“Estamos en condiciones de que esto se convierta en ley, a diferencia con otros tiempos. (...) Que el presidente de la Nación mande un proyecto, que reclame su tratamiento y aprobación, que se comprometa públicamente diciendo que esto es necesario para la salud pública argentina y para garantizar la salud de las mujeres y sus derechos me parece que genera un escenario un poco distinto”, afirmó en declaraciones a Futurock FM.
“Saludamos esa presentación (del gobierno), finalmente, pero exigimos que se den las condiciones de un inmediato tratamiento exhaustivo pero expeditivo, sin que abone a los mensajes de odio y desinformación porque el debate ya lo ganamos en 2018”, declaró a la AFP Martina Ferretto, integrante de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, conformada en 2003.
En el país de mayoría católica y donde nació el papa Francisco, es la novena vez que un proyecto de interrupción legal del embarazo (ILE) se presenta en el Parlamento. Pero solo una vez, en 2018, llegó al recinto, donde fue aprobada en Diputados pero rechazado en el Senado. Esta es la primera vez que el proyecto es enviado por el Ejecutivo.
En Argentina el aborto sólo está permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, legislación que rige desde la década de 1920. La marcha había sido convocada previo a que el presidente cumpliera el martes su promesa de presentar un proyecto para legalizar el aborto, demorada por la pandemia del coronavirus.
Fernández dijo que busca garantizar “que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”. Al mismo tiempo, impulsa la creación de un seguro de los 1.000 días, para fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida.
El texto oficial autoriza la ILE “hasta la semana 14 de gestación”. Otro punto clave es que puede haber “objeción de conciencia” de profesionales de la salud, pero deben “derivar a la paciente para que sea atendida”, tanto en el sistema público como en el privado.
La Campaña tiene su propio proyecto presentado en 2019 y con estado parlamentario que ahora sera también abordado en el contexto del debate legislativo.
“Encontramos muchísimas similitudes (entre ambos proyectos) y también tenemos algunas preocupaciones que tienen que ver con la objeción de conciencia, la penalización de las mujeres (si abortan después de la semana 14), pero se abre un debate”, precisó la activista María Victoria Matheu.
De momento la iniciativa parece tener los votos asegurados en Diputados, pero podría ser nuevamente rechazado por leve diferencia en el Senado, de mayoría oficialista pero tradicionalmente más conservador.
Sin embargo, las activistas se ilusionan con que el gobierno pueda dar vuelta las posturas contrarias en sus propias filas en un tema controvertido que atraviesa horizontalmente casi todas las fuerzas políticas.
“Llevamos 15 años de Campaña. Estamos de nuevo frente a un momento histórico pero entendemos que el Congreso se renovó en las elecciones (de 2019) y va a estar a la altura de la historia para saldar esa deuda de la democracia con las con las mujeres y personas gestantes”, sostuvo Yamila Picaso a la AFP.
