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El coordinador del grupo de la ONU, Guillermo Fernández Maldonado, señaló que el Ejecutivo de ese país les anunció que "se da por concluida la invitación extendida y que la misión se da por finalizada a partir de hoy, 30 de agosto". No obstante, pese a no permanecer en el país, el Acnudh "dará seguimiento remoto a Nicaragua" desde la oficina regional en Panamá mientras continúe la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de julio del año en curso.
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo empezaron por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de renuncia al mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Según un informe, emitido por el organismo de las Naciones Unidas, el pasado miércoles en Ginebra, las revueltas populares en Nicaragua han dejado "más de 300 muertos y 2.000 heridos".
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El documento señala al Gobierno de Ortega por el "uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos humanos.
Además, lo responsabiliza de "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión".
El mandatario nicaragüense rechazó el informe por considerarlo "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva".
Pese al rechazo por parte del Gobierno, la Acnudh "seguirá cooperando de cerca con los organismos regionales de derechos humanos y con la comunidad internacional". Además, el organismo internacional instó al Gobierno a seguir las recomendaciones del informe, que fundamentalmente consisten en suspender toda violencia contra los derechos humanos, buscar la verdad, y la rendición de cuentas.
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Por su parte, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó hoy que, pese a la decisión del gobierno, mantendrán una "relación normal" con el Acnudh.
"Les expresábamos que Nicaragua y nuestro Gobierno continúa en la relación normal con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siguiendo las vías normales que hemos tenido siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra", señaló el canciller Moncada a medios oficiales.
"Esa relación continúa, como la comunicación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos", sostuvo.
Por -Redacción Internacional con información de EFE
