La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.
La enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.
Estas son las claves para entender el alcance de la reforma y el impacto internacional que ha provocado.
Cierre total de espacios a la oposición
La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada el martes pasado, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como “traidor a la patria”, término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La prohibición se extiende también a quienes hayan participado en la “ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado”, o que soliciten sanciones y financiamiento extranjero. En la práctica, las autoridades pueden excluir de manera indefinida a cualquier bloque opositor o crítico al Gobierno de optar a cargos de elección popular.
Extensión del mandato presidencial
La reforma también establece que el período de gobierno para las autoridades electas por voto popular se amplía de seis a siete años, así como para los que sean electos o ratificados por la Asamblea Nacional, entre ellos el del jefe del Ejército y el de la Policía.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales de 2025 ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, por lo que estarían previstas para noviembre de 2027. Con la nueva reforma, las elecciones se celebrarían en noviembre de 2028.
Blindaje ante el derecho internacional
El texto constitucional incorpora un nuevo principio de soberanía que prohíbe la extraterritorialidad de leyes extranjeras, salvo por la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense.
Ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional que ponga en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz del pueblo y la nación nicaragüense, surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional, establece la enmienda.
Condena internacional
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el miércoles al resto de países a no comerciar con Nicaragua tras estimar que la modificación legal busca “privar indefinidamente” al país de elecciones libres y socavar “la ficción democrática de Nicaragua” para “consolidar su dinastía ilegítima” y “brutal”.
Costa Rica expresó “su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua”, mientras que Guatemala alertó que esas enmiendas vulneran principios democráticos fundamentales como la alternabilidad en el poder y la pluralidad política.
Por su parte, Perú hizo un llamado a la comunidad internacional para activar mecanismos contra esas reformas que buscan “liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del Estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo”.
Paraguay expresó también “su profunda preocupación” por esas reformas.
El Gobierno de Nicaragua rechazó en general las críticas, sosteniendo que “la soberanía de un pueblo no se discute”.
La posición de China
China, aliado de Nicaragua, mantuvo su compromiso con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países y abogó por que se respete el derecho de todas las naciones a seguir una vía de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales.
China sostuvo que desarrollará lazos de amistad con Nicaragua y otros países sobre la base del respeto mutuo y la cooperación de beneficio compartido.
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