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La Organización de Naciones Unidas acusó al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de convertir a su país en un Estado sin instituciones independientes y pidió a la comunidad internacional responder a las violaciones a los derechos humanos de Managua, en las que también está involucrado el Ejército, como lo reveló un informe sobre la represión a las manifestaciones de 2018. La denuncia llegó tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que eliminó la división de poderes y aumentó la concentración del que tiene el presidente.
“Con una Constitución hecha a su medida, el mandatario y la ahora copresidenta, que lucharon en el pasado contra una dictadura familiar, los Somoza, han creado otra, pero aún más grotesca”, afirmó el húngaro Reed Brody, uno de los tres miembros del grupo de expertos que el miércoles presentó en una rueda de prensa el reporte sobre el retroceso de las libertades en Nicaragua.
El reporte también destaca que en el gobierno de Ortega y Murillo opera una amplia red de inteligencia, que funciona como “los ojos y oídos” de vigilancia de la población, con la que se señala a quién reprimir. En consecuencia, la ONU instó a la comunidad internacional a responder a lo que llamó violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno nicaragüense, en medio de sus acciones para perpetuarse en el poder.
“Esta maquinaria es responsable de un sinnúmero de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, expulsiones de ciudadanos o privación arbitraria de la nacionalidad”, aseguró Brody. Por su parte, la uruguaya Ariela Peralta, que completó la comisión tripartita de Naciones Unidas, subrayó que “las acciones internacionales son importantes y contribuyen a llamar la atención sobre la situación de Nicaragua, alentando a otros países para que puedan usar la jurisdicción universal”.
La reforma constitucional en Nicaragua
La denuncia de la ONU se produce luego de que a principios de febrero entrara en vigor una amplia reforma constitucional para ampliar los poderes presidenciales sobre otras ramas del Gobierno, que Ortega, de 79 años, presentó desde el pasado noviembre.
Los expertos de Naciones Unidas remarcaron que las modificaciones a la Carta Magna “eliminaron lo poco que quedaba de controles y equilibrios institucionales”. Durante el encuentro con periodistas, Brody subrayó: “Más que una Constitución es un decreto real”. A la par, el presidente del grupo, el alemán Jan-Michael Simon, resumió los resultados del informe con la conclusión de que “el Estado de Nicaragua y el gobernante Partido Sandinista se han fusionado para formar una maquinaria de represión”.
La reforma, aprobada por legisladores del Frente Sandinista, al cual pertenece Ortega y que actualmente controla el Congreso, permite a cada copresidente nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que ha generado especulaciones de que uno o más de los ocho hijos de la pareja presidencial que viven en el país podrían ser elegidos en algún momento para liderar el Ejecutivo.
Con las modificaciones legales, Ortega y Murillo “tienen potestad constitucional para suspender todos los derechos, llamar al Ejército para emprender acciones policiales y desplegar una nueva policía voluntaria de encapuchados que recuerda tristemente a los que participaron en la represión sangrienta de 2018, la cual dejó un saldo de 300 muertos”, añadió el representante de la ONU.
Los aliados del Gobierno han defendido las reformas como una profundización de una revolución de casi 50 años, cuando Ortega y otros guerrilleros izquierdistas derrocaron a una dinastía familiar de derecha y durante años actuaron como antagonistas de Estados Unidos en la era de la Guerra Fría.
El jefe de Estado, que llegó inicialmente al poder en 1979 y regresó en 2007, ha estado extendiendo su control al permitir que su Presidencia “coordine” las tareas judiciales y legislativas, así como expandiendo el control estatal sobre los medios de comunicación.
La ONU dictaminó que el Ejército nicaragüense está involucrado en crímenes de lesa humanidad
El organismo internacional determinó que cuenta con información creíble acerca de la colusión del alto mando militar en la violenta ofensiva que tomó lugar en las marchas de 2018.El informe indica que dos días después del inicio de las protestas masivas, se celebró una reunión en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia Militar y de Personal de Cuadros, en la que se dijo que “se enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”. El grupo de expertos de la ONU llegó a la conclusión de que este encuentro se organizó desde los niveles más altos del Gobierno.
El documento, citado por el diario El País, recoge el testimonio del jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, quien leyó una orden presidencial que instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las protestas. Por su parte, el comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las movilizaciones, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública.
Citado por el diario español, Brody agregó: “Por primera vez, gracias a testimonios de personas que estuvieron dentro del sistema, podemos decir que el Ejército nicaragüense—por más que lo niegue—participó activamente junto a la policía y los paramilitares en la brutal represión”. El argumento principal del informe es que el Ejército asumió un papel fundamental en la represión, y para ello también se alió con la Policía Nacional y con grupos progubernamentales.
La preocupación en Nicaragua sigue, toda vez que la administración Ortega-Murillo acaba de juramentar a 30.000 civiles como “policías voluntarios”, quienes son considerados por la oposición como paramilitares destinados a colaborar en tareas de represión política.
Este movimiento también responde a la reforma constitucional y, en palabras de la vicepresidenta, “son guerrilleros de la paz”. Según la ONU, ese cuerpo está compuesto por excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, todos reclutados por el Ejecutivo, que “evocan el papel nefasto de los grupos enmascarados que protagonizaron la represión letal de las protestas antigubernamentales de 2018″, según declaró Brody a la agencia AFP.
Con información de Reuters y EFE
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Por France 24
