“Nicaragua se encamina a la peor elección posible”: Luis Almagro
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de diez nuevos magistrados del CSE, la mayoría de ellos sandinistas y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre próximo, en los que el presidente, Daniel Ortega, busca su tercera reelección consecutiva.
Afp y Efe
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló este miércoles que las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua “alejan aún más la posibilidad de contar con un proceso transparente, participativo, y equitativo” en noviembre de este año. Almagro hizo esas declaraciones durante una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar la situación en el país.
“El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del covid-19”, manifestó.
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El 4 de mayo, el Legislativo de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Electoral que prohíben la postulación de opositores, así como el financiamiento de los partidos desde el exterior y la participación de observadores internacionales.
Ese mismo día, el Congreso nombró además un Consejo Supremo Electoral (CSE) afín a Daniel Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la revolución sandinista de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces consecutivas tras lograr la aprobación de una reforma constitucional. Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de diez nuevos magistrados del CSE, la mayoría de ellos sandinistas y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre próximo, en los que el presidente, Daniel Ortega, busca su tercera reelección consecutiva.
También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega y anula la observación electoral para dar paso a la figura limitada del “acompañamiento”, entre otros puntos. “Detrás de esas iniciativas -dijo Almagro- existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes”.
Por ello, a su juicio, esas reformas “alejan aún más la posibilidad de contar con procesos transparentes, participativos y equitativos”. “Es como que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible”, subrayó. Asimismo, recordó que desde febrero de 2017 ha expresado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Nicaragua para llevar a cabo reformas electorales que hagan que el sistema político sea más libre y democrático, y denunció el incumplimiento por parte del Ejecutivo de Ortega de acuerdos alcanzados en el pasado.
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Al comienzo de la sesión, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno. “Ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos de cualquier otro”, denunció.
Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de la ola de manifestaciones de 2018, que comenzaron por unas reformas en el seguro social y desembocaron en protestas contra el Gobierno con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló este miércoles que las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua “alejan aún más la posibilidad de contar con un proceso transparente, participativo, y equitativo” en noviembre de este año. Almagro hizo esas declaraciones durante una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar la situación en el país.
“El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del covid-19”, manifestó.
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El 4 de mayo, el Legislativo de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó modificaciones y adiciones a la Ley Electoral que prohíben la postulación de opositores, así como el financiamiento de los partidos desde el exterior y la participación de observadores internacionales.
Ese mismo día, el Congreso nombró además un Consejo Supremo Electoral (CSE) afín a Daniel Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la revolución sandinista de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces consecutivas tras lograr la aprobación de una reforma constitucional. Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de diez nuevos magistrados del CSE, la mayoría de ellos sandinistas y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre próximo, en los que el presidente, Daniel Ortega, busca su tercera reelección consecutiva.
También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega y anula la observación electoral para dar paso a la figura limitada del “acompañamiento”, entre otros puntos. “Detrás de esas iniciativas -dijo Almagro- existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes”.
Por ello, a su juicio, esas reformas “alejan aún más la posibilidad de contar con procesos transparentes, participativos y equitativos”. “Es como que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible”, subrayó. Asimismo, recordó que desde febrero de 2017 ha expresado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Nicaragua para llevar a cabo reformas electorales que hagan que el sistema político sea más libre y democrático, y denunció el incumplimiento por parte del Ejecutivo de Ortega de acuerdos alcanzados en el pasado.
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Al comienzo de la sesión, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, expresó su rechazo a que se trate en un foro internacional el proceso electoral de su país, que considera un asunto interno. “Ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos de cualquier otro”, denunció.
Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de la ola de manifestaciones de 2018, que comenzaron por unas reformas en el seguro social y desembocaron en protestas contra el Gobierno con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.