Hace varios días, Daniel Ortega, oficialmente presidente de Nicaragua, tomó la palabra en los actos multitudinarios del aniversario número 47 de la Revolución Sandinista. Recordemos que, en años recientes, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha ido copando gradualmente todas las instancias del Estado: el país, las regiones, y la Asamblea Nacional, en la cual es hegemónico. Pero también las Fuerzas Militares, el Poder Judicial y buena parte de los medios de comunicación. Han emprendido campañas contra la Iglesia católica, las ONG nacionales y extranjeras, la oposición política, las universidades y cualquier expresión de pensamiento crítico.
Asimismo, han desterrado del país a numerosos líderes sociales e intelectuales independientes, incluyendo a antiguos compañeros del movimiento sandinista. Hay más de 300 personalidades oficialmente desterradas, a quienes se les han confiscado sus bienes, como en la época de la Inquisición o las oprobiosas dictaduras de la historia mundial. Todo por no estar de acuerdo con el régimen de los nuevos Somoza.
Pero el asunto no para ahí: en regímenes como Corea del Norte o Cuba, o algunos de décadas pasadas en África, los respectivos gobiernos han llamado a elecciones con alguna periodicidad. Lo desastroso del caso nicaragüense actual es que quien se supone que es el presidente acaba de decir de manera clara y contundente que no habrá más elecciones en el país. Eso es algo que ni siquiera se le ha ocurrido decir al régimen unipersonal y absoluto de Corea del Norte. Tanto es así que comienzan a circular en el mundo versiones según las cuales Ortega no estaría gozando hoy día de sus cinco sentidos. Esa es una posibilidad real. La otra versión es que se ha convertido en una visión desmejorada del “patriarca” de García Márquez.
La selección de su propia esposa como copresidente es altamente significativa. El hecho de que Ortega haya sido visto en público muy rara vez durante los últimos diez años, a diferencia de la actividad permanente de su esposa, ha hecho pensar que es ella el verdadero poder en el país. Ya se habla de la dupla Murillo-Ortega, y no de Ortega-Murillo. El dominio y la hegemonía policial omnipresente así lo prueban. Es triste decirlo, en especial porque durante unos años iniciales, los Ortega parecieron luchar por un país distinto y supuestamente al servicio de la gente. Pero pudo más la ambición y la codicia, y terminaron tratando a su bello país y al noble pueblo nicaragüense como si fueran parte de una hacienda familiar.
Es cierto que, en lo económico Nicaragua (a diferencia de Cuba o Haití) tiene cierta estabilidad en los indicadores oficiales, pero con una alta vulnerabilidad estructural y mucha informalidad social. Un reciente informe de la CEPAL señala que el PIB total de ese país es de solo 18.000 millones de dólares (Guatemala tiene 105.000, Costa Rica 88.000 y Panamá 85.000). Y el PIB per cápita anual es de US$ 3.300, mientras que Panamá y Costa Rica están por encima de los US$ 18.000.
Es probable que haya ingresos informales por el trafico de drogas hacia el norte del continente. También es un país intermedio en los procesos migratorios irregulares del hemisferio. Lo más probable es que las dos fuentes de ingresos más importantes del país sean las remesas financieras del exterior (cerca del 30 % del PIB) y el dinero de tráficos diversos. Es también importante la exportación de oro, que no se sabe si es nicaragüense o si proviene de actividades ilegales de Venezuela y Colombia. Es un dato importante para hacer seguimiento.
En cuanto a las relaciones bilaterales entre Colombia y Nicaragua, a falta de imaginación política y económica de las dos partes, han estado restringidas a tensiones territoriales marítimas y demandas ante la Corte Internacional de La Haya. El diferendo territorial y marítimo es un tema parcialmente resuelto, con algunos asuntos pendientes. El fallo de 2012 ratificó la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero redefinió la frontera marítima, otorgando a Nicaragua una porción de zona económica exclusiva en el Caribe.
Colombia no discute la Sentencia de la Corte, pero afirma que su aplicabilidad solo es posible una vez solucionados dos problemas centrales: los derechos tradicionales de pesca de las comunidades raizales del archipiélago y el estatus acordado a la zona de preservación del enorme banco coralino Seaflower. Tener una embajada “activa” en Managua no ha sido para nada una garantía de que los dos temas puedan ser tratados a nivel bilateral. Será necesario idear otros mecanismos, esta vez de alto nivel, quizás en el marco de foros multilaterales o mediante algún mecanismo ad hoc.
En resumen, la declaración formal de Ortega, anunciando que no volverá a haber elecciones en Nicaragua, no tiene precedentes en la historia contemporánea. Sería un mal chiste, de no ser porque la familia regente de los nuevos Somoza tiene de momento el control del país. El tema justifica una consideración muy seria por parte de la comunidad internacional. Para Colombia, el asunto es doblemente importante por los temas bilaterales pendientes que, por ineptitud o simple dejadez, no avanzaron un milímetro durante la administración que en dos semanas llegará a su fin. Es una de las tareas pendientes de atención de nuestra política exterior.
*Diego Cardona es PhD en Relaciones Internacionales - dcardonac@gmail.com
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Por Diego Cardona C.*
