El pedido de asilo que el lunes pasado hizo Rubén Darío Granda, hermano de Rodrigo Granda, el llamado ‘Canciller de las Farc’, fue aceptado por el gobierno de Nicaragua. Desde Managua y en rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Samuel Santos, afirmó que desde la embajada en Bogotá se había enviado una carta a la Cancillería de Colombia notificando la decisión. Además, pidió al Gobierno nacional que conceda “un salvoconducto para que viajen en seguridad, sin peligros para sus vidas y su libertad”.
Rubén Darío Granda había sido capturado el pasado 6 de abril, cuando las autoridades allanaron tres propiedades suyas: una en Bogotá, una en Fusagasugá y otra en Caucasia, donde funcionaba la empresa Inversiones Granda Restrepo, una supuesta fachada que alimenta las finanzas de las Farc. El informe de las autoridades reportó que en los operativos se incautaron computadores, comprobantes de pago sospechosos y munición. La esposa de Granda, Elba Mercedes Aranda, y su concuñado, Carlos Emilio Palacio, también fueron apresados entonces y a los tres se les acusó de los delitos de rebelión, financiación del terrorismo y conflicto para delinquir agravado. A la evidencia incautada por las autoridades se sumaba la aparición del nombre de Rubén Darío Granda en varios documentos encontrados en el computador del abatido líder guerrillero Raúl Reyes.
No obstante, al poco tiempo un juez de garantías no encontró evidencia suficiente para que Granda fuera asociado con las Farc y cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas. Por tanto, permitió su salida y la de sus familiares de la cárcel. Para el acusado, todo se trata de “un delito de sangre por ser hermano del canciller de las Farc, Rodrigo Granda”.
Al cierre de esta edición el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, se encontraba en una reunión para determinar cuál sería el proceder del gobierno frente al anuncio de Samuel Santos. Sin embargo, fuentes del gobierno revelaron que sería improcedente aceptar el asilo de Granda, pues en su contra se adelanta un proceso por delitos comunes y el Derecho Internacional solo contempla esta posibilidad para personas que afrontan cargos por delitos políticos.
La aceptación del gobierno nicaragüense, según el analista Enrique Serrano, podría debilitar aún más las relaciones diplomáticas entre los dos países, después del punto tenso en el que se mantienen desde que el presidente Daniel Ortega protestó airadamente contra la incursión militar de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano y la reapertura del debate sobre la soberanía de San Andrés y Providencia. “Nicaragua podría estar entrando en esa lista de los países que sirven de paraguas a las Farc”, dice Serrano.
Actualmente, Rubén Darío Granda asegura que desde 2007, cuando el Gobierno colombiano liberó a su hermano Rodrigo para incentivar la liberación de la entonces secuestrada Íngrid Betancourt, no tiene idea de su paradero. Tres años atrás, el ‘Canciller’ de la guerrilla había sido capturado en Venezuela por autoridades colombianas y después había sido conducido al país, lo que generó un fuerte roce diplomático con el gobierno de Hugo Chávez.
Por Redacción Internacional
