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La niña boliviana que resultó embarazada por las constantes violaciones de su abuelastro está “estable”, tras ser sometida a una interrupción de la gestación, confirmó el ministro de Salud, Jeyson Auza. “El estado de salud de la niña es estable, nosotros hemos tomado todos los recaudos que la ley establece, precautelando siempre el derecho a la salud y la vida de la niña”, afirmó Auza, según un boletín de prensa de su despacho.
El ministro recordó que ninguna persona debe tener sus datos clínicos expuestos en medios de comunicación y lo que se busca en este caso es “evitar la revictimización de esta menor. Debemos criticar, vehementemente, el hecho de que se esté revictimizando a esta niña desde los púlpitos o desde los medios de prensa”, manifestó Auza.
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El caso de la niña de 11 años se conoció hace un par de semanas y causó conmoción, así como un nuevo debate en Bolivia entre quienes defendían el derecho de la menor a interrumpir la gestación y quienes rechazaban esta posibilidad.
La niña vivía en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, quien está detenido, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo.
En un principio se supo que la madre de la niña había accedido a que se realizara un aborto a la menor, sin embargo, luego de ser contactada por una organización perteneciente a la Iglesia católica, la mujer desistió de que se le practicara un aborto. La menor estuvo internada primero en un hospital regional, luego fue llevada a una casa de acogida de la Iglesia católica y, finalmente, la volvieron a llevar a un centro de salud, donde el fin de semana se interrumpió el embarazo.
Un juzgado boliviano resolvió conceder en parte la tutela de la niña a la Defensoría del Pueblo y a su vez dispuso una valoración médica, que realizaron especialistas de un equipo creado por el Ministerio de Salud.
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En Bolivia el aborto es considerado un delito, pero según las leyes tiene excepciones cuando de por medio hay una agresión sexual, existe una malformación congénita o la vida de la madre está en peligro. Este polémico caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó a Bolivia a proteger a las niñas de embarazos forzados.
Para Auza, no se trata de que hayan “ganado los provida o los proaborto”, sino que la sociedad en general debería centrar su análisis en el hecho de que la menor fue víctima de una violación y su situación fue expuesta públicamente.
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