“Ningún país debe legitimar acuerdos con un régimen criminal”, Claudia Blum
La canciller de Colombia, Claudia Blum, hace un balance sobre el impacto económico y social que provocó la pandemia; uno de sus efectos: el aumento de la violencia en contra de las mujeres y líderes sociales. Habló sobre las relaciones con Venezuela e insistió en que ese país “impulsa unas elecciones legislativas fraudulentas para perpetuar la dictadura”.
En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que este año celebró los 75 años de su creación, se realizaron diversos foros. En varios de ellos participó la canciller colombiana, Claudia Blum, quien en entrevista con El Espectador hace un balance de los logros y retos que enfrenta el país frente a temas como la pandemia, la economía y la violencia contra la mujer. Venezuela y la salida de Nicolás Maduro del poder sigue siendo punto clave de la estrategia diplomática del gobierno de Iván Duque.
A lo largo de las diferentes conversaciones y sesiones llevadas a cabo por la Presidencia y la Cancillería colombiana, ¿cuáles son los retos y desafíos inminentes para la región en materia medioambiental?
Sin duda alguna, los retos centrales son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Los países de América Latina y el Caribe somos muy diversos en flora y fauna, y vulnerables al clima, y tenemos que actuar rápido. Esto implica transformar modelos de consumo y producción para que sean sostenibles, frenar la deforestación, preservar los recursos hídricos, y asegurar la protección de ecosistemas en los océanos, bosques y páramos.
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Varias iniciativas internacionales contribuyen a este propósito. Con siete países impulsamos el Pacto de Leticia por la Amazonia, con acciones concretas de protección y uso sostenible en este ecosistema. En la onu, trabajamos para que los países tengan metas más ambiciosas de reducción de gases de efecto invernadero, para frenar el cambio climático; así mismo, estamos impulsando un nuevo marco global para proteger la Biodiversidad, que sea adoptado en 2021 en la Conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y hemos lanzado la iniciativa de una Alianza Global para proteger los páramos en el mundo.
Las decisiones que tomemos ahora serán determinantes para el bienestar y subsistencia de nuestras sociedades.
Tras meses de trabajo ¿Qué balance se hace a nivel regional sobre las medidas implementadas por los gobiernos para contener la COVID-19?
Cada país ha adoptado sus medidas, para fortalecer capacidades en los sistemas de salud, apoyar a sectores sociales vulnerables, e impulsar la reactivación económica.
Sin embargo, por los impactos globales de la pandemia, los países tenemos que unir esfuerzos para salir adelante. En nuestra región, compartimos información epidemiológica y experiencias. En PROSUR, los Presidentes han impulsado respuestas coordinadas y se creó un canal de comunicación entre Ministros de Salud. En la OPS, estamos coordinando medidas para compras conjuntas de elementos para diagnóstico y protección de salud. En la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el Proyecto Mesoamérica, estamos abordando acciones para mitigar impactos económicos y sociales. Entre las medidas, están los encadenamientos productivos, el turismo y las plataformas digitales en apoyo a las Pymes.
En la CAN hemos contribuido a la OPS, para que los países andinos puedan beneficiarse en programas de vacunación. En la CELAC, Argentina y México planean producir una de las potenciales vacunas para su distribución regional en condiciones favorables. Con la Alianza para el Multilateralismo, que reúne a más de 40 países, promovemos en la ONU y la OMS la visión de la inmunización como un bien público global. Son acciones colectivas que deben apoyar los esfuerzos de cada país en la fase de la recuperación.
Informes recientes indican que la violencia contra las mujeres y niñas no se ha detenido con la pandemia en la región. ¿Qué estrategias se están planteando para solucionar este problema?
La violencia no se ha detenido y, por el contrario, la pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de mujeres y niñas en Latinoamérica frente a la agresión doméstica y la violencia de género, así como en las inequidades sociales y económicas.
Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno ha implementado acciones para enfrentar la violencia, a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con la Fiscalía, el Ministerio Público y las autoridades departamentales. Se han ampliado líneas telefónicas de apoyo, se ha fortalecido a las Comisarías de Familia y se habilitaron 65 casas refugio para mujeres en alto riesgo. Los programas de apoyo económico a familias vulnerables durante el COVID-19 han cubierto hogares con mujer cabeza de familia, lo que reduce riesgos.
En el contexto internacional, Colombia es proactiva en resoluciones de organismos multilaterales para avanzar en igualdad de género y empoderamiento de la mujer y las niñas, y seguiremos haciéndolo durante la pandemia.
Probablemente todavía no conocemos la profundidad de la crisis económica desatada por la pandemia. ¿Cómo encaminar a la región para su recuperación?
América Latina y el Caribe será la región más golpeada por la crisis del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del PIB regional de 9,4% en 2020, aunque la caída en Colombia será menor por las fortalezas consolidadas antes de la emergencia.
Ver más: ¿Cómo cambiará Colombia con la pandemia?
En los diálogos que hemos tenido con la CEPAL y en los mecanismos regionales, se han identificado acciones vitales para la región que aumenten la productividad en la economía y el empleo. Esto requiere inversión en tecnologías, infraestructura y en capital humano. Así mismo, el apoyo financiero a las Mipymes, especialmente afectadas; el fortalecimiento de las nuevas exportaciones, con énfasis en sectores creativos e innovadores; el impulso a la transformación digital que genera oportunidades para América Latina; y la aplicación de modelos sostenibles en la producción y el consumo.
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El fortalecimiento de los programas sociales en los distintos países es también determinante para reducir las brechas que durante la pandemia han generado mayor vulnerabilidad en nuestros países.
La situación de Venezuela siempre está en la agenda colombiana. ¿Cuál es el siguiente paso de Colombia para apoyar la recuperación de la democracia en el país vecino?
Solo la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, permitirá el pleno restablecimiento del orden democrático en Venezuela y resolver su grave crisis multidimensional. Colombia con el Grupo de Lima y otros países, sigue reafirmando sus acciones políticas y diplomáticas para ese propósito.
Por otra parte, el informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela, que da cuenta crímenes de lesa humanidad ha confirmado las denuncias que Colombia y otros países hemos presentado ante la Corte Penal Internacional. Ante ese informe, todos los países debemos reforzar la denuncia y condena internacional frente a esos graves crímenes. Ningún país debe legitimar acuerdos con un régimen criminal, que impulsa unas elecciones legislativas fraudulentas para perpetuar la dictadura y asegurarse una asamblea legislativa de bolsillo.
¿Se ha hablado de la estrategia para abordar la migración venezolana en la región? ¿Cómo analiza esta situación?
Los países de la región somos los más afectados por el éxodo venezolano y Colombia es el principal destino de migrantes. Hoy viven aquí 1,75 millones de migrantes, y para fin de año se estima que el número pase de 2 millones. Esto nos significa grandes esfuerzos para prestar asistencia humanitaria y atender la demanda de servicios sociales.
Hemos trabajado para visibilizar la dimensión de este fenómeno, que es hoy la segunda crisis humanitaria más grande del mundo. Es necesario incrementar la cooperación internacional para atender a los migrantes y a las comunidades de acogida.
En mayo de 2020, por ejemplo, tuvimos la Conferencia Internacional de Donantes que logró aportes en préstamos y donaciones superiores a USD$2.700 millones.
También tenemos el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2020, formulado por ACNUR, OIM y otros organismos internacionales. Este Plan de cooperación tiene estrategias en 17 países receptores de migrantes, por USD$1.407 millones, de los que USD$782 millones son para Colombia. Hasta hoy, este plan ha recibido aportes mundiales por USD$306 millones, de los cuales USD$126 millones están destinados a nuestro país.
¿Qué tanto preocupa la violación de derechos humanos en la región? ¿Cuáles son los casos más críticos?
La agenda de derechos humanos es prioritaria para América Latina y el Caribe y los países venimos fortaleciendo la legislación, las instituciones y las políticas de protección de derechos humanos. En el contexto de la OEA seguimos adoptando tratados para la protección de los derechos humanos y, para mantener ese avance, debemos consolidar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Sin duda el caso más crítico para la región y para el mundo es el deterioro de la situación en Venezuela. El informe de la Misión Internacional de la ONU ha documentado el ataque generalizado y sistemático del régimen dictatorial contra la población civil, por medio de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros delitos para silenciar y eliminar a los partidos políticos que han planteado resistencia contra el régimen. El informe plantea responsabilidades incluso frente al mismo Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores.
El mundo no puede guardar silencio frente a esa grave crisis de derechos humanos y el desastre humanitario en Venezuela. La recuperación de la democracia y la plena restitución de los derechos de todos sus ciudadanos es la única salida y debe ser un objetivo mundial.
En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que este año celebró los 75 años de su creación, se realizaron diversos foros. En varios de ellos participó la canciller colombiana, Claudia Blum, quien en entrevista con El Espectador hace un balance de los logros y retos que enfrenta el país frente a temas como la pandemia, la economía y la violencia contra la mujer. Venezuela y la salida de Nicolás Maduro del poder sigue siendo punto clave de la estrategia diplomática del gobierno de Iván Duque.
A lo largo de las diferentes conversaciones y sesiones llevadas a cabo por la Presidencia y la Cancillería colombiana, ¿cuáles son los retos y desafíos inminentes para la región en materia medioambiental?
Sin duda alguna, los retos centrales son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Los países de América Latina y el Caribe somos muy diversos en flora y fauna, y vulnerables al clima, y tenemos que actuar rápido. Esto implica transformar modelos de consumo y producción para que sean sostenibles, frenar la deforestación, preservar los recursos hídricos, y asegurar la protección de ecosistemas en los océanos, bosques y páramos.
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Varias iniciativas internacionales contribuyen a este propósito. Con siete países impulsamos el Pacto de Leticia por la Amazonia, con acciones concretas de protección y uso sostenible en este ecosistema. En la onu, trabajamos para que los países tengan metas más ambiciosas de reducción de gases de efecto invernadero, para frenar el cambio climático; así mismo, estamos impulsando un nuevo marco global para proteger la Biodiversidad, que sea adoptado en 2021 en la Conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y hemos lanzado la iniciativa de una Alianza Global para proteger los páramos en el mundo.
Las decisiones que tomemos ahora serán determinantes para el bienestar y subsistencia de nuestras sociedades.
Tras meses de trabajo ¿Qué balance se hace a nivel regional sobre las medidas implementadas por los gobiernos para contener la COVID-19?
Cada país ha adoptado sus medidas, para fortalecer capacidades en los sistemas de salud, apoyar a sectores sociales vulnerables, e impulsar la reactivación económica.
Sin embargo, por los impactos globales de la pandemia, los países tenemos que unir esfuerzos para salir adelante. En nuestra región, compartimos información epidemiológica y experiencias. En PROSUR, los Presidentes han impulsado respuestas coordinadas y se creó un canal de comunicación entre Ministros de Salud. En la OPS, estamos coordinando medidas para compras conjuntas de elementos para diagnóstico y protección de salud. En la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el Proyecto Mesoamérica, estamos abordando acciones para mitigar impactos económicos y sociales. Entre las medidas, están los encadenamientos productivos, el turismo y las plataformas digitales en apoyo a las Pymes.
En la CAN hemos contribuido a la OPS, para que los países andinos puedan beneficiarse en programas de vacunación. En la CELAC, Argentina y México planean producir una de las potenciales vacunas para su distribución regional en condiciones favorables. Con la Alianza para el Multilateralismo, que reúne a más de 40 países, promovemos en la ONU y la OMS la visión de la inmunización como un bien público global. Son acciones colectivas que deben apoyar los esfuerzos de cada país en la fase de la recuperación.
Informes recientes indican que la violencia contra las mujeres y niñas no se ha detenido con la pandemia en la región. ¿Qué estrategias se están planteando para solucionar este problema?
La violencia no se ha detenido y, por el contrario, la pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de mujeres y niñas en Latinoamérica frente a la agresión doméstica y la violencia de género, así como en las inequidades sociales y económicas.
Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno ha implementado acciones para enfrentar la violencia, a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con la Fiscalía, el Ministerio Público y las autoridades departamentales. Se han ampliado líneas telefónicas de apoyo, se ha fortalecido a las Comisarías de Familia y se habilitaron 65 casas refugio para mujeres en alto riesgo. Los programas de apoyo económico a familias vulnerables durante el COVID-19 han cubierto hogares con mujer cabeza de familia, lo que reduce riesgos.
En el contexto internacional, Colombia es proactiva en resoluciones de organismos multilaterales para avanzar en igualdad de género y empoderamiento de la mujer y las niñas, y seguiremos haciéndolo durante la pandemia.
Probablemente todavía no conocemos la profundidad de la crisis económica desatada por la pandemia. ¿Cómo encaminar a la región para su recuperación?
América Latina y el Caribe será la región más golpeada por la crisis del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del PIB regional de 9,4% en 2020, aunque la caída en Colombia será menor por las fortalezas consolidadas antes de la emergencia.
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En los diálogos que hemos tenido con la CEPAL y en los mecanismos regionales, se han identificado acciones vitales para la región que aumenten la productividad en la economía y el empleo. Esto requiere inversión en tecnologías, infraestructura y en capital humano. Así mismo, el apoyo financiero a las Mipymes, especialmente afectadas; el fortalecimiento de las nuevas exportaciones, con énfasis en sectores creativos e innovadores; el impulso a la transformación digital que genera oportunidades para América Latina; y la aplicación de modelos sostenibles en la producción y el consumo.
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El fortalecimiento de los programas sociales en los distintos países es también determinante para reducir las brechas que durante la pandemia han generado mayor vulnerabilidad en nuestros países.
La situación de Venezuela siempre está en la agenda colombiana. ¿Cuál es el siguiente paso de Colombia para apoyar la recuperación de la democracia en el país vecino?
Solo la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, permitirá el pleno restablecimiento del orden democrático en Venezuela y resolver su grave crisis multidimensional. Colombia con el Grupo de Lima y otros países, sigue reafirmando sus acciones políticas y diplomáticas para ese propósito.
Por otra parte, el informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela, que da cuenta crímenes de lesa humanidad ha confirmado las denuncias que Colombia y otros países hemos presentado ante la Corte Penal Internacional. Ante ese informe, todos los países debemos reforzar la denuncia y condena internacional frente a esos graves crímenes. Ningún país debe legitimar acuerdos con un régimen criminal, que impulsa unas elecciones legislativas fraudulentas para perpetuar la dictadura y asegurarse una asamblea legislativa de bolsillo.
¿Se ha hablado de la estrategia para abordar la migración venezolana en la región? ¿Cómo analiza esta situación?
Los países de la región somos los más afectados por el éxodo venezolano y Colombia es el principal destino de migrantes. Hoy viven aquí 1,75 millones de migrantes, y para fin de año se estima que el número pase de 2 millones. Esto nos significa grandes esfuerzos para prestar asistencia humanitaria y atender la demanda de servicios sociales.
Hemos trabajado para visibilizar la dimensión de este fenómeno, que es hoy la segunda crisis humanitaria más grande del mundo. Es necesario incrementar la cooperación internacional para atender a los migrantes y a las comunidades de acogida.
En mayo de 2020, por ejemplo, tuvimos la Conferencia Internacional de Donantes que logró aportes en préstamos y donaciones superiores a USD$2.700 millones.
También tenemos el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2020, formulado por ACNUR, OIM y otros organismos internacionales. Este Plan de cooperación tiene estrategias en 17 países receptores de migrantes, por USD$1.407 millones, de los que USD$782 millones son para Colombia. Hasta hoy, este plan ha recibido aportes mundiales por USD$306 millones, de los cuales USD$126 millones están destinados a nuestro país.
¿Qué tanto preocupa la violación de derechos humanos en la región? ¿Cuáles son los casos más críticos?
La agenda de derechos humanos es prioritaria para América Latina y el Caribe y los países venimos fortaleciendo la legislación, las instituciones y las políticas de protección de derechos humanos. En el contexto de la OEA seguimos adoptando tratados para la protección de los derechos humanos y, para mantener ese avance, debemos consolidar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Sin duda el caso más crítico para la región y para el mundo es el deterioro de la situación en Venezuela. El informe de la Misión Internacional de la ONU ha documentado el ataque generalizado y sistemático del régimen dictatorial contra la población civil, por medio de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros delitos para silenciar y eliminar a los partidos políticos que han planteado resistencia contra el régimen. El informe plantea responsabilidades incluso frente al mismo Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores.
El mundo no puede guardar silencio frente a esa grave crisis de derechos humanos y el desastre humanitario en Venezuela. La recuperación de la democracia y la plena restitución de los derechos de todos sus ciudadanos es la única salida y debe ser un objetivo mundial.