El presidente mexicano, Felipe Calderón, se refirió este lunes a la ley aprobada en Arizona (EE.UU) que criminaliza la inmigración ilegal como una puerta de entrada al “odio” y a “la intolerancia” y aseguró que no permanecerá “indiferente”.
“Los lazos de amistad, de comercio, de turismo y culturales entre México y Arizona se ven seriamente afectados por este tipo de legislación”, puso de manifiesto Calderón en una reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
La legislación aprobada recientemente por Arizona, estado fronterizo actualmente gobernado por el Partido Republicano, permite a la policía detener a cualquier persona de la que sospeche que pueda ser un inmigrante ilegal. Calderón reivindicó que los inmigrantes mexicanos “han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona” y exigió “un trato respetuoso para los migrantes en Estados Unidos”.
El mandatario apuntó a que el tema “estará presente” cuando se reúna con el presidente estadounidense, Barack Obama, y con el Congreso de EE.UU en Washington en mayo. Afirmó también que esta ley no solo afectará a los mexicanos, sino también a los méxico-estadounidenses, “que también serán objeto de persecución injusta con esta legislación si no se detiene”.
“Esta circunstancias tan adversa tiene que ser un acicate (...) para fortalecer y para incrementar la unidad y la organización de los mexicanos en Estados Unidos y particularmente en el estado de Arizona”, arengó. Calderón dijo haber dado instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a los consulados de México en EE.UU, particularmente a los cinco que hay en Arizona, para que “redoblen sus acciones de asistencia y protección consular”.
El gobernante hizo referencia a una propuesta que se le había formulado de organizar una red de abogados que trabaje gratuitamente “a favor de los derechos de los paisanos”. Para el presidente, la migración a Estados Unidos, donde hay unos 12 millones de mexicanos, aproximadamente la mitad indocumentados, se lleva lo mejor de México, su gente, al otro lado de la frontera.
Señaló que la dureza de la crisis global dibujó un escenario difícil para EE.UU. y México, cuyas economías están muy conectadas, lo que afectó especialmente a los que se radican al norte de la frontera común y al envío de remesas, segunda fuente de ingresos para este país.
Calderón dijo también que México es, asimismo, un país destino de la migración, tanto final como aquella en tránsito hacia Estados Unidos. Cada año, cerca de 300.000 indocumentados, la mayoría centroamericanos, cruzan México; mientras que la ONG Sin Fronteras calcula que en 2009 un total de 70.000 fueron interceptados y recluidos en estaciones migratorias del Gobierno, donde algunos fueron víctimas de discriminación.
Sin Fronteras denunció el año pasado que “la excepción” es que los migrantes detenidos cuenten en México con asistencia legal, y que por el contrario es habitual que se les pida firmar declaraciones sin darles la oportunidad de leerlas.
La legislación mexicana no contempla como antes penas de cárcel para los indocumentados -no se solían hacer efectivas, se deportaba a los migrantes- sino una sanción económica.