Los creadores de contenido mexicanos más reconocidos en Latinoamérica no hablaban de otra cosa: Mahahual. No importaba su área de especialización. Javier Ibarreche, quien es conocido por hablar de cine y televisión, dedicó todo un video a este episodio, al que calificó como una “pesadilla” que había que terminar.
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Crista Fernández, conocida como “La Beba Montes” y quien hace contenido sobre maternidad, lo llamó “indignante”. Incluso Alan Estrada, youtuber responsable del canal “Alan x el mundo” en el que habla de viajes, se opuso rotundamente a lo que estaba pasando, un pronunciamiento contundente, considerando que involucra a uno de sus aliados, Royal Caribbean.
La ola de indignación escaló tanto que llegó a las oficinas federales. Este martes, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, confirmó oficialmente que la dependencia no autorizará el megaproyecto turístico “Perfect Day México”.
“Sabemos que la empresa está buscando desistir del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró la funcionaria de manera tajante, sepultando los planes de la naviera debido a los riesgos irreversibles sobre manglares, arrecifes y especies en peligro de extinción.
¿Qué estaba en juego con Mahahual?
“Van a destruir uno de los ecosistemas más importantes de todo México con tortugas marinas, jaguares, manatíes, monos araña, ocelotes, aves costeras, peces de arrecife y cientos de especies que dependen de ese ecosistema para sobrevivir. Solo para hacer un parque acuático que nadie pidió y que tres magistrados aprobaron a pesar de tanta demanda ambientalista”, resumió en su video Lizbeth Castañeda, conocida como “Beth Cast” y quien ofrece curiosidades de historia y psicología. Su cuenta tiene 16,9 millones de seguidores.
La historia se remonta a octubre de 2024, cuando la naviera Royal Caribbean International anunció formalmente la construcción de Perfect Day, un megaparque temático y club de playa en el puerto de Mahahual, al sur del estado de Quintana Roo, y que, como menciona Beth Cast, es muy importante: es el hogar de un ecosistema que alberga parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.
No solo las especies mencionadas por la creadora de contenido, dependientes de ese ecosistema, están en peligro de extinción, sino que este además protege la erosión de zonas litorales y evitan inundaciones provocadas por huracanes. Además, ayuda a combatir el cambio climático, pues los manglares absorben y almacenan hasta cuatro veces más carbono que los bosques tradicionales. Por último, el turismo en la zona, que ayuda a la economía local, depende principalmente de la preservación de sus playas, las cuales se verían afectadas por un proyecto de este tipo.
En mayo de 2025, Royal Caribbean anunció una inversión total de USD 1.000 millones y fijaron la inauguración del recinto para septiembre de 2027. Sin embargo, en octubre del mismo año estalló la disputa legal. La naviera aseguró que los manglares presentaban signos de degradación y contaminación, justificando la intervención ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales asegurando que no causaría un daño “nuevo”, sino que antes organizaría la zona. Pero colectivos defensores del medio ambiente como Greenpeace aseguran que es mentira.
¿Qué tan afectados están los manglares de Mahahual?
Greenpeace y los biólogos de la región demostraron que los manglares y la zona costera de Mahahual no eran un vertedero abandonado, sino un ecosistema vivo y funcional. Denunciaron que Royal Caribbean estaba usando un criterio tramposo: magnificar problemas menores de basura local o afectaciones de tormentas pasadas para hacer pasar un ecosistema sano por uno “muerto” y así justificar su destrucción con maquinaria pesada.
“El proyecto se planea principalmente en terrenos previamente impactados con un historial de construcción y actividad humana”, insistía Royal Caribbean, agregando que, junto con el parque, iba a construir una planta de gestión de residuos sólidos —la primera de la región— que aportara beneficios directos y duraderos a la comunidad de Mahahual. También hablaba de una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación para garantizar altos estándares de protección del agua.
La defensa de las organizaciones se enfocó en lo que pasaría bajo el agua. Mahahual está pegado al Banco Chinchorro, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Greenpeace argumentó que el talado del manglar eliminaría el filtro natural que limpia el agua que llega al mar y la construcción y el funcionamiento del parque inyectarían toneladas de sedimentos y aguas residuales, por más tratadas que digan que estén, al mar. Esto terminaría por “asfixiar” a los corales, provocando el blanqueamiento y la muerte masiva del arrecife. Es decir, sí hay un daño nuevo.
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) consiguió en un juicio de amparo el pasado enero que la obra se suspendiera, demostrando que se hizo sin consulta pública aprobando en tiempo récord (solo 10 días) el cambio de suelo en una violación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mahahual, el cual no contemplaba un parque de diversiones de esa magnitud.
Sin embargo, a pesar de las quejas, los magistrados Lina Victoria Bolio Pasos, Aarón Alberto Pereira Lizama y la secretaria María Teresa Rodríguez Cárdenas, votaron de manera unánime la semana pasada para desechar la demanda argumentando que se presentó “fuera de plazo”. La decisión, entonces, reactivó el proyecto, desatando las quejas de la comunidad y la furia en redes sociales de los influencers.
DMAS estaba preparándose para impugnar la resolución del tribunal, mientras otros colectivos, como Sélvame, habían convocado a una marcha silenciosa el 21 de mayo para defender la zona y exigirle a la presidenta, Claudia Sheinbaum, una evaluación de impacto ambiental independiente. El anuncio del martes de Semarnat, a pesar de su impacto, no cambia del todo el panorama.
“Ahorita ya tuvimos el anuncio de que Semarnat no va a aprobar el proyecto en Mahahual, pero no tenemos la resolución oficial, entonces por eso no podemos cantar victoria aún”, explicó Michel Arzate, activista local, en un mensaje enviado a este medio.
Arzate señaló que el objetivo de la manifestación de este jueves será exigir un escrito formal donde se declare de manera definitiva que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue rechazada, un logro que atribuye directamente al frente común que se formó en días recientes.
“Claro que podemos tener resultados. Se ha debido a la presión social. La verdad es impactante la cantidad de personas que se unieron. Muchas personas, artistas, gente que no es ambientalista se ha sumado y gracias a todo este ruido se ha podido parar esto”, concluyó.
Para la directiva de la multinacional, por otro lado, este activismo digital no es más que desinformación dañina por parte de “detractores” sin conocimiento técnico. En declaraciones a El País, Ari Adler Brotman, un empresario y exdirector del Instituto de Desarrollo y Financiamiento de Royal Caribbean en Quintana Roo, arremetió contra la ola mediática que terminó por presionar al Gobierno federal.
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“Es muy triste ver que el destino de una comunidad que ha sido olvidada por tantos años se esté decidiendo en redes sociales y a miles de kilómetros, cuando la gente que está atacando el proyecto ni siquiera conoce; muchos de ellos creo que no podrían ni marcar Mahahual en un mapa”, dijo el directivo, argumentando que el proyecto buscaba abatir el rezago histórico de infraestructura en el sur del Estado.
El caso Mahahual no es el único de su tipo, y tampoco es la primera vez que la presión social logra detener un golpe al medio ambiente. En México, el choque entre megaproyectos de desarrollo, turísticos, de infraestructura o inmobiliarios, y la conservación ecológica ha provocado crisis profundas en los últimos años. En Quintana Roo, de hecho, ya se había presentado la destrucción de un manglar, el de Tajamar en Cancún.
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En una operación nocturna y con resguardo policial en enero de 2016, maquinaria pesada entró a desmontar decenas de hectáreas de manglar para el desarrollo de un complejo turístico y residencial promovido por Fonatur. Las imágenes de cocodrilos, aves y especies sepultadas vivas bajo el lodo causaron indignación nacional. Sin embargo, la movilización ciudadana y los amparos judiciales lograron frenar el proyecto de manera definitiva, obligando a planes de restauración.
También en Quintana Roo, activistas y científicos han denunciado que el turismo masivo y los desarrollos a gran escala de hoteles están destruyendo los estromatolitos, unas estructuras minerales vivas que oxigenan el agua y que son de las formas de vida más antiguas del planeta. La falta de drenaje adecuado en los nuevos hoteles y el uso de agroquímicos han provocado crisis de contaminación que periódicamente hacen perder a la reconocida laguna de los Siete Colores sus icónicos tonos turquesa.
Pero uno de los casos más escandalosos fue, a su vez, uno de los más promocionados por el gobierno anterior: el proyecto del Tren Maya, diseñado para conectar los principales destinos turísticos y arqueológicos de la península de Yucatán. El colectivo Sélvame denunció la deforestación de millones de árboles de selva virgen sin Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) definitivas. El punto más crítico ha sido el impacto sobre el sistema de ríos subterráneos, cenotes y el acuífero maya, donde se documentó la perforación del suelo kárstico con pilotes de acero y cemento, amenazando el agua dulce de la región y destruyendo patrimonio arqueológico no explorado.
Luego está el Proyecto Saguaro, oficialmente bautizado como Saguaro Energía, no de los megaproyectos energéticos e industriales más monumentales y ambiciosos de la historia reciente del país. Promovido por la empresa estadounidense Mexico Pacific, se trata de una gigantesca planta de licuefacción de gas natural licuado, ubicada en Puerto Libertad, Sonora, en la costa del golfo de California.
Lo que busca el proyecto es que los barcos eviten el Canal de Panamá, ahorrando costos y semanas de viaje, con una inversión estimada que supera los USD 15.000 millones. Sin embargo, la planta se ubica en un ecosistema de altísima biodiversidad marina protegido internacionalmente. Como el proyecto atraerá el tránsito constante de barcos de carga del tamaño de rascacielos, los ambientalistas advierten que el ruido submarino de los motores interferirá con la ecolocalización de mamíferos marinos, afectando rutas de migración de la ballena azul, la ballena de aleta y la ballena gris.
Además, para licuar el gas a temperaturas extremas, la planta requiere una cantidad masiva de energía propia. Las comunidades locales temen que las emisiones de la planta degraden la calidad del aire en una zona desértica y costera que ya alberga una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, afectando la salud de los habitantes y de la comunidad indígena de la nación comca’ac, vecina de la región.
En abril, una jueza federal en Sonora otorgó una suspensión definitiva que frena de manera cautelar el tránsito de buques metaneros de gas natural licuado por el golfo de California para proteger a las ballenas, a las que consideró, por primera vez en la historia del país, como sujetos de derecho.
“Las ballenas demandaron y van ganando. Se ha conseguido la suspensión definitiva que impide el tránsito de buques de gas natural licuado (GNL) por el golfo de California, vinculados al Proyecto Saguaro, hasta que se emita la sentencia final. Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación y tenemos que seguir luchando en tribunales para que así se mantenga”, afirmó Nora Cabrera Velasco, directora de la organización Nuestro Futuro, a la revista Wired.
En estos casos hubo dos cosas en común: por un lado, hubo escándalos en la aplicación de los ordenamientos locales. En el caso del Tren Maya, el gobierno federal emitió un acuerdo que declaró a los megaproyectos de infraestructura, incluido este, como asuntos de “interés público y seguridad nacional”.
Esto obligó a autoridades estatales y municipales a otorgar “autorizaciones provisionales” e iniciar obras de inmediato, dejando en pausa la obligación de alinearse primero con los planes de ordenamiento territorial. En Sonora, el proyecto se aprobó también con rapidez por la lógica de la atracción de inversión extranjera, aprovechando las regulaciones más laxas del estado.
Al igual que en Mahahual, la organización ciudadana ya ha logrado modificar planes que parecían inamovibles, incluso frente a monstruos comerciales globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Debido a la fuerte presión social de las comunidades de la zona, los desarrolladores tuvieron que dar marcha atrás a los planes originales de la remodelación del Estadio Azteca en la Ciudad de México, donde se pretendía construir un hotel de lujo y un centro comercial que amenazaban el abastecimiento de agua de los barrios colindantes.
Aunque el anuncio de la Semarnat sobre el freno a Royal Caribbean es histórico, la marcha de este jueves en la capital del país se mantiene como un recordatorio de que, en México, la firma oficial que garantice la protección de la naturaleza solo se consigue cuando la ciudadanía se niega a guardar silencio.
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