No sale de su casa. Prefiere evitarlo. Si hace unos años vendía bolsas, el miedo a ser perseguida ahora se lo impide. Su esposo es el único que trabaja, y semana a semana guarda algo de dinero de lo que él gana, pero no es suficiente. Hay ocasiones en que no alcanza ni siquiera para pagar el arriendo. Uno de sus temores, porque son muchos, es que un día él no regrese, que lo arresten y que ella se quede sola con sus cuatro hijos. No quiere volver a Venezuela, al menos no todavía, aunque su mamá y sus hermanos viven allí. Quiere hacerlo cuando tenga un hogar para sus niños, pero sabe que eso no está en sus manos, que todos corren el riesgo de ser deportados en algún momento.
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Eso no es vida. Se siente presa. Ha pensado moverse a Utah o a California, pero en pocas semanas tiene que asistir a una corte de migración y espera que todo salga bien. No cree que necesite la compañía de un abogado. Sin embargo, escuchar que migrantes han sido asesinados por agentes federales y que muchos otros siguen muriendo en centros de detención, como pasó hace pocos días con el salvadoreño Edwin López Cornejo en uno de Newark (Nueva Jersey), solo remueve su angustia y la cohíbe cada vez más. Agradece que no ha presenciado esa brutalidad, espera nunca vivir algo así, pero esa realidad la acecha segundo a segundo.
Los homicidios del mexicano Lorenzo Salgado Araújo y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero (quien luego se supo que no era la persona a la que buscaban y que el agente que le disparó en Maine tenía antecedentes violentos), ocurridos el mes pasado con pocos días de diferencia, son dolores que cargan sus familias y amigos, y los demás migrantes que temen ser detenidos o morir, ya sea en custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y que aun en medio del hostigamiento no conciben una vida fuera de Estados Unidos. No nacieron allí, sus países de origen están a miles de kilómetros de distancia, pero ven más posibilidades de futuro en el norteamericano, aunque ahora el panorama es hostil y sombrío. Solo les queda orar para que puedan ir y volver sanos y salvos a sus hogares, y para que los suyos también lo puedan hacer.
“A mí no me han tocado”, confesó otra venezolana desde uno de los estados fronterizos con México: “Gracias a Dios no me ha pasado”. Ella, que llegó hace dos años a Estados Unidos, después de tratar de probar suerte en Colombia y no encontrar aquí un camino para ello, lleva un año compareciendo ante las autoridades migratorias. Lo tiene que hacer nuevamente en las próximas semanas. En dos ocasiones llevó a sus hijos. Entonces pensaba que era mejor ir todos, ella, su esposo (con quien está casada hace 21 años) y sus dos niños, porque si uno se movía, todos lo hacían. Si uno pasaba dificultades, los otros tres también lo hacían.
Separarse no es una opción, y espera que nunca lo sea, pero ha aprendido que sus hijos están mejor en la escuela. Lo único que puede hacer es tener fe y rezar para que estén a salvo, aunque la constante pregunta sobre qué hacer si algún día alguno cae detenido pasa constantemente por su mente y aún no tiene una respuesta. Se aferra más bien a un poder mayor, al de su religión cristiana, que depende de ella y de nadie más. Una de las pocas certezas que tiene es que le asusta más volver a Venezuela y que es más útil para su mamá enferma de cáncer que no esté allá. De su sueldo de trabajar en las noches en un colegio, cobrando USD 18 la hora, le alcanza para enviarle algo, más aún después de los terremotos que mataron a más de 6.000 personas y que dejaron a varios familiares suyos durmiendo en parques.
“El riesgo lo corremos todos los días”, dijo Dora Rodríguez, una salvadoreña que huyó de la guerra civil de los años 80 y fue una de los trece sobrevivientes que, cerca de la muerte, fueron encontrados al cruzar por el desierto de Sonora hacia suelo estadounidense. Ella, que ahora dedica sus días a dirigir Salvavisión, percibe que “el sentido de seguridad ha cambiado por completo. Están imponiendo falsos delitos a las personas que ayudan a los migrantes y eso da un poco de temor. No sabes si van a venir por ti por algo que no has cometido”.
Hace 10 años fundó su organización, pero hasta este momento es que se siente perseguida, a tal nivel que sabe que ahora más que nunca tiene que trabajar en comunidad, no salir sola en la misión de acompañar a los migrantes en su lucha diaria por comer, tener un techo y ofrecerles a los niños espacios para que vuelvan a sentirse como tales. Sabe que no debe involucrarse en asuntos políticos y que es mejor que no publique información suya ni de su familia en las redes sociales. Así trata de protegerse, aunque no deja de sentir tristeza, impotencia y rabia por lo que sucede alrededor, porque, en lugar de ver cómo se castiga a quienes abusan de los vulnerables, lo que ve es una excesiva impunidad.
“Llevo 46 años aquí, y llegué huyendo de mi país por una guerra que me agarró sin preguntar, en la que te metían a una cárcel sin saber qué iba a pasar con tu vida, y eso es lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos”, expresó con dolor: “Se ha perdido la dignidad humana simplemente por una agenda política. Es horrible”. Le pide a Dios que no la vayan a arrestar y, entretanto, escucha a personas parecidas a ella que sienten miedo al momento de salir a trabajar, aunque traigan consigo el permiso para hacerlo, y a los niños temer por no volver a ver a sus papás en caso de que sean detenidos. Escucha la preocupación de algunos otros de presentarse ante un juez y ser secuestrados o enviados a terceros países. Cada inquietud es más dolorosa que la anterior. Cada migrante carga con un peso que, aun sin conocerse entre sí, termina por acercar a cada uno en un mismo dolor.
A pesar de que fue recriminado por los asesinatos en Houston y Maine, el ICE arrestó a más de 43.000 personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, informó The Washington Post. Hasta el 12 de julio, la agencia realizó 1.432 detenciones al día. Desde entonces y hasta finales de mes, la media diaria aumentó a 1.450. En los primeros meses de 2026, además, envió a más de 238.000 personas a centros de detención. Si continuó con los arrestos por paradas de tráfico, luego de frenarlos por poco menos de una semana tras los tiroteos, ahora también se centra en capturar migrantes en los aeropuertos. Ellos, que temen hablar por lo que les pueda pasar, se aferran al pensamiento de que esto no será para siempre y que en algún momento sus aspiraciones de vida serán una realidad.
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