Hace diez años la región vivía de la madera. Se arrasaron las selvas litorales, para ese negocio se construyó el ferrocarril. Murió cuando el gobierno del difunto León Febres Cordero compró unas locomotoras en EE.UU., de trocha más grande que la existente. Que es como comprar unos zapatos grandes para pie chiquito.
Las carreteras que sustituyeron el ferrocarril se construyeron al entrar las empresas de palma. También hubo plantaciones de banano y explotación de oro en las minas, aun productoras, de Limones. Estos negocios palidecieron cuando llegó la coca.
El gran problema para los colombianos es el de los papeles. En Ecuador hay un par de millones de colombianos, o de origen colombiano, gran parte con residencia, visa o nacionalización. En toda la frontera hay 156.000 ilegales y sólo unos 2.000 protegidos por ACNUR como refugiados. La Policía tiene varios puestos de control fijos en las carreteras principales, y controles móviles y sorpresivos en las calles. Son el terror de nuestros compatriotas. No oí de ningún caso de expulsión. No, toda carencia de papeles regulares es cobrada en dólares. La Policía es cascarera: acepta cinco dólares, un dólar y a veces hasta 25 centavos.
La situación de ilegalidad impide que se pueda trabajar y movilizarse en Ecuador, lo que empuja a muchos ilegales a organizar combos armados que roban, cobran impuestos, asaltan transeúntes y negocios. La delincuencia de colombianos es un verdadero problema para Ecuador porque, además de la violencia, induce a los ecuatorianos a defenderse con las mismas armas o integrarse a las bandas.
El fenómeno es de tal actualidad y magnitud, que el gobierno de Correa optó por crear una modalidad de regularización temporal llamada Registro Ampliado, que no es una visa ni una carta de refugio, sino un permiso de residencia, extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los empleados del gobierno estuvieron haciendo el registro una semana y las colas de colombianos daban la vuelta a la manzana donde podían inscribirse. Más de 300 recibieron su regularización, lo que les permite, entre otras cosas, trabajar en las empresas de palma con salario legal y prestaciones.
Hoy son trabajadores de contratistas legales que les pagan sólo el rendimiento y no el salario mínimo, que se lo reparten entre los empleadores y las empresas.
Razón por la cual no es bien vista por los palmeros la medida gubernamental. Es posible que las empresas de palma traten de aplicar allá lo que han implantado en el país, las cooperativas de trabajo asociado, una modalidad que anula el Código Laboral, lo que no es probable, siendo como es Correa, crítico del neoliberalismo.
No sólo tienen este problema, sino uno más grave: el hongo del cogollo que, como la coca, se originó en las empresas palmeras de Tumaco y Llorente, unas de las más viejas del país. Sucede que a esas palmas se le ha desarrollado un hongo que en dos o tres años seca la mata. Hay cientos de hectáreas, no sólo en la frontera sino en el Magdalena Medio y en San Carlos de Guaroa en los Llanos, que están siendo azotadas por el hongo sin que los técnicos hayan podido saber su origen cierto, aunque muchos creen que la causa son los aires envenenados producidos por la fumigación de los cultivos de coca.
La tesis no es descabellada y quizás explique por qué Uribe optó por erradicar la coca a mano. De lo que sí no hay duda es de que las fumigaciones de la coca y las operaciones militares complementarias han sido la causa del desplazamiento de gran número de colombianos a la zona del río Mataje, que hace frontera entre los dos países. El año pasado hubo en Llorente y la costa norte del río Mataje un operativo de la Policía antinarcóticos y de la DEA.
Llegaron buscando a unas personas que nunca encontraron, pero allanaron muchas casas, golpearon más de una familia, aislaron a los niños de sus padres para interrogarlos por separado. A los adultos los gritaban y a no pocos les dieron patadas; a los menores, chicles. El operativo provocó una estampida hacia el país vecino y más de 2.000 personas llegaron a la Parroquia, puerto sobre el río, donde las recogieron vehículos particulares contratados por ACNUR y camiones del Ejército ecuatoriano. En San Lorenzo tal cantidad de gente cuenta, y se formó una manifestación de sanlorenceños contra nuestros compatriotas. Al final, la mayoría regresó a Colombia, pero algunos, aterrorizados, se quedaron a vivir en San Lorenzo.
A pesar de la existencia del paramilitarismo en la región, y en especial en San Lorenzo, la presencia política de la guerrilla colombiana es sensible y, hay que decirlo, mucha gente la mira con simpatía, teniendo en mente los abusos de los paramilitares y del gobierno colombiano contra colombianos y contra Ecuador.
*Sociólogo, escritor y columnista.
Por Alfredo Molano Bravo *
